Por Hector Acosta 
La oposición en el Concejo Deliberante de San Luis presentó una denuncia penal contra la presidenta del cuerpo, Laura Sánchez, por el presunto uso de fondos municipales para abonar el suministro eléctrico de un predio privado donde funcionan canchas de fútbol vinculadas a la dirigente oficialista. La presentación judicial solicita investigar el caso y adoptar medidas urgentes para evitar un eventual perjuicio económico al Municipio.
Con esa acusación, el bloque de concejales del Partido Justicialista decidió trasladar a la Justicia un caso que, de confirmarse, podría abrir uno de los capítulos más incómodos para el oficialismo municipal en San Luis.
La denuncia fue presentada a fines de la semana pasada y apunta directamente contra la presidenta del Concejo Deliberante, Laura Sánchez, a partir de una sospecha concreta que la Municipalidad de San Luis estaría abonando el suministro eléctrico de un predio privado ubicado en República Árabe de Siria 2702, donde funcionarían canchas de fútbol vinculadas a la dirigente.
El encargado de hacer pública la presentación fue el concejal Andrés Russo, quien sostuvo que la información surgió inicialmente de personas relacionadas con el ambiente futbolístico local y que posteriormente fue corroborada mediante documentación pública.
«Lo hemos detectado con las facturas que se pueden bajar a través de la página de Edesal, colocando el NIS. Las facturas figuran a nombre de la Municipalidad», afirmó el edil en declaraciones a un medio periodistico.
La documentación que presentó el PJ
Según explicó Russo, el bloque opositor reunió documentación que incluiría facturas emitidas por Edesal donde el cliente figura como «Municipalidad de San Luis», mientras que el domicilio del suministro coincide con el predio donde funcionarían las canchas vinculadas a Sánchez.
A ello se suma una captura del Sistema de Gestión Municipal (SIGEM) que, de acuerdo con la denuncia, registraría un trámite iniciado por la propia presidenta del Concejo Deliberante solicitando un cambio de titularidad del inmueble ubicado en esa dirección.
La acusación, naturalmente, abre una pregunta tan sencilla como incómoda: si el inmueble es privado, ¿por qué el suministro aparecería a nombre del Municipio?
La respuesta, por ahora, no está en el expediente público ni tampoco en declaraciones oficiales de la funcionaria denunciada.
Denuncia contra Laura Sánchez por pago de luz con fondos municipales: el planteo judicial
El bloque justicialista solicitó además una medida cautelar para que la Justicia evalúe ordenar el corte del suministro mientras se investiga el caso, con el argumento de evitar que continúe un eventual perjuicio económico a las arcas municipales.
«Le hemos solicitado que rápidamente indique el corte del suministro para que no se continúe con el delito porque lo está pagando el Municipio», sostuvo Russo.
De acuerdo con los datos aportados por el concejal, las facturas relevadas oscilarían entre los 500 mil y los 700 mil pesos mensuales. Aunque aclaró que uno de los aspectos que deberá verificarse es si eventualmente el pago podría provenir del Concejo Deliberante y no directamente del Ejecutivo municipal, remarcó que la facturación observada figura expresamente a nombre de la Municipalidad de San Luis.
En términos políticos, la situación agrega un ingrediente particularmente delicado: la persona señalada no ocupa un cargo menor dentro del esquema institucional, sino la presidencia del órgano encargado, precisamente, de controlar al poder político local.
Una denuncia que impacta en el escenario político local
La oposición decidió no realizar consultas previas ni requerimientos administrativos antes de acudir a la Justicia. La estrategia fue avanzar directamente con la denuncia penal, patrocinada por el abogado y exconcejal Alejandro Cordido.
«Lo que hemos visto es un hecho de corrupción muy grave y corresponde denunciarlo rápidamente para que se investigue», sostuvo Russo.
Por el momento, la denuncia constituye una acusación presentada ante la Justicia y será la investigación judicial la que determine si existió efectivamente una irregularidad administrativa, un error registral o una conducta con eventual relevancia penal.
Mientras tanto, el caso ya produjo un efecto político inmediato: instaló una discusión difícil de esquivar sobre el uso de recursos públicos, la transparencia institucional y los controles internos del Estado municipal.
Porque en la política argentina abundan las discusiones sobre quién tiene la pelota. El problema aparece cuando la factura de la luz del partido, presuntamente, la terminan pagando todos los contribuyentes.