Por Hector Acosta 
Lo que parecía una sesión de trámite terminó exponiendo una disputa política cada vez más profunda en el Concejo Deliberante de La Punta. El concejal Marcos Barzola no ahorró críticas hacia la oposición, cuestionó el sentido de algunos pedidos de informes, denunció contradicciones en el discurso opositor sobre la digitalización y sostuvo que muchos expedientes parecen responder más a una estrategia de desgaste político que a una verdadera tarea de control institucional.
Para Barzola, la última sesión volvió a mostrar una mecánica que, según su visión, se repite desde hace meses: la oposición presenta pedidos de informes cuya finalidad, asegura, ni siquiera logra explicar.
El disparador fue un expediente referido a la Ordenanza 538, la norma que permitió regularizar deudas de instituciones educativas mediante una quita del 50 % y un plan de pagos, además de reducir el costo del servicio de agua para esos establecimientos.
El oficialismo acompañó el pedido de informes, pero el concejal aseguró que nunca quedó claro qué buscaba demostrar la oposición.
Lejos del clima de confrontación que muchas veces domina los cuerpos legislativos, la sesión transitó con escasas intervenciones. Sin embargo, detrás del aparente silencio quedaron planteadas diferencias políticas que luego el concejal Marcos Barzola, del bloque Ahora San Luis, desarrolló durante una entrevista en la que repasó los principales temas tratados.
Una ordenanza que nació en plena crisis
Uno de los ejes centrales de la conversación fue la Ordenanza 538, aprobada durante las sesiones extraordinarias del año anterior.
Para Barzola, la norma respondió a una necesidad concreta que atravesaban numerosas instituciones educativas de la ciudad.
El edil explicó que el objetivo fue regularizar deudas acumuladas con el municipio mediante un esquema que contempló una quita del cincuenta por ciento del monto adeudado y un plan de financiación en dieciocho cuotas.
Pero remarcó que el verdadero beneficio fue otro.
La ordenanza también estableció una reducción del cincuenta por ciento en la tasa correspondiente al servicio de agua para los establecimientos educativos alcanzados por el régimen.
Desde su doble rol de concejal y director de un Centro Educativo Terapéutico, Barzola aseguró que la medida permitió aliviar una situación financiera compleja.
«Cuando atravesás un año difícil, la prioridad es pagar los sueldos. Después quedan las obligaciones impositivas. Eso fue lo que les pasó a muchas instituciones», explicó durante la entrevista.
El costo invisible del agua
El concejal buscó explicar por qué considera que la reducción tarifaria fue una decisión acertada.
Mientras un domicilio particular tiene un consumo relativamente estable, sostuvo que una institución educativa multiplica varias veces la utilización de los servicios básicos.
Como ejemplo, describió la realidad del establecimiento que dirige.
Allí concurren alrededor de cuarenta estudiantes, trabajan más de veinte personas y funcionan siete sanitarios de manera permanente.
A eso se suman los servicios diarios de desayuno y almuerzo.
En ese contexto, explicó que el consumo de agua resulta muy superior al de cualquier vivienda familiar.
Incluso señaló que establecimientos de mayor tamaño, como otras escuelas de la ciudad, registran consumos todavía más elevados.
Para Barzola, discutir únicamente el monto de la deuda sin analizar la función social que cumplen estas instituciones implica perder de vista el problema de fondo.
Los pedidos de informes bajo la lupa
Si hubo un tema que atravesó toda la entrevista fue el funcionamiento de los pedidos de informes dentro del Concejo Deliberante.
El edil sostuvo que la herramienta legislativa es válida cuando busca esclarecer hechos concretos.
No obstante, afirmó que algunos expedientes recientes carecen de un objetivo claramente definido.
En particular, cuestionó el pedido de informes referido a la Ordenanza 538.
Según explicó, el oficialismo decidió acompañarlo para facilitar el acceso a la información, aunque aseguró no comprender cuál era la finalidad política del planteo.
Incluso dejó entrever que la discusión parecía orientarse a conocer qué instituciones habían adherido al plan de regularización.
Barzola recordó que tanto el centro educativo que dirige como otras instituciones, se acogieron al mismo régimen aprobado por el Concejo.
Desde su punto de vista, eso demuestra que la norma respondió a una situación general y no a beneficios individuales.
El debate por el formato digital
Otro de los momentos más llamativos de la entrevista estuvo relacionado con una discusión que, en apariencia, parecía menor, pero terminó reflejando dos formas distintas de entender la administración pública.
El presidente de comisión explicó que el despacho proponía remitir la documentación requerida exclusivamente en formato digital.
El fundamento, aseguró, era simple.
La propia normativa municipal impulsa la digitalización administrativa y la reducción del uso del papel.
Además, sostuvo que los documentos digitales poseen mecanismos de trazabilidad que permiten verificar su autenticidad.
Sin embargo, relató que algunos concejales insistieron en exigir copias impresas, certificadas y firmadas.
La contradicción, según Barzola, es que esos mismos sectores habían solicitado documentación digital en otros expedientes anteriores.
«Un día parecen tecnológicos y otro día analógicos», resumió con ironía.
Más allá del intercambio político, el episodio volvió a poner sobre la mesa el desafío que enfrentan muchas administraciones públicas para abandonar definitivamente los expedientes en papel.
Comisiones: el trabajo que no se ve
Otra de las críticas formuladas por el concejal estuvo dirigida a quienes sostienen que el oficialismo llega a las reuniones de comisión con los despachos previamente elaborados.
Barzola rechazó esa interpretación.
Explicó que gran parte del trabajo legislativo se desarrolla antes de cada reunión formal.
Reuniones técnicas, consultas, búsqueda de antecedentes, análisis jurídico y conversaciones entre los integrantes del bloque forman parte de la elaboración de cada proyecto.
«En comisión el tiempo es limitado. Hay temas que requieren estudiar, preguntar e investigar antes de emitir un despacho», sostuvo.
Para el edil, el debate político no puede reemplazar el análisis técnico cuando se trata de tomar decisiones que luego tendrán efectos sobre toda la comunidad.
El caso de la antena
Durante la entrevista también reapareció uno de los conflictos que generó mayor debate en sesiones anteriores: la instalación de una antena de telecomunicaciones.
Barzola explicó que, una vez recibido el expediente completo, decidió remitir personalmente la documentación a uno de los vecinos que había participado de las reuniones realizadas en el Concejo Deliberante.
Según indicó, el expediente superaba las seiscientas páginas y reunía todo el procedimiento administrativo desarrollado desde el inicio del trámite. lo que llama la atención es que la urgencia que según decía la oposición para tratar este tema sobre tablas para ellos fue meramente circo político ya que la respuesta durmió en comisión, los propios autores jamás notificaron a los vecinos que estuvieron en la sesión donde ingresó la solicitud de informe.
El objetivo, afirmó, era garantizar que quienes habían solicitado la información pudieran acceder a ella de manera completa, algo que no hubiera ocurrido si como presidente de la comisión no hubiera realizado ya que los autores no lo hicieron en los tiempos que según ellos urgia.
Asimismo, recordó que antes de adoptar una posición sobre el tema mantuvieron encuentros con vecinos y comenzaron a estudiar los antecedentes administrativos y técnicos del caso.
En ese sentido, dejó una definición que resume su mirada sobre el trabajo legislativo.
«Me dijeron que los concejales no estamos para aprender, sino para resolver. Yo creo exactamente al revés: la única forma de resolver correctamente es aprendiendo.»
Cuando el consenso también existe
En medio de las diferencias políticas, la sesión dejó una imagen distinta.
Todos los bloques acompañaron la iniciativa para denominar Esther Guevara a un tramo de la calle 44 Oeste.
Según explicó Barzola, la propuesta surgió desde la comunidad educativa y contó además con el acompañamiento de los vecinos del sector.
Para el concejal, ese tipo de proyectos demuestra que el consenso es posible cuando el interés colectivo supera las diferencias partidarias.
No hubo discursos encendidos ni votaciones divididas.
Simplemente, un reconocimiento compartido hacia una figura vinculada a la historia educativa y social de la ciudad.
Política, gestión y señales
La entrevista dejó una idea recurrente.
Barzola considera que el Concejo Deliberante debe concentrar sus esfuerzos en resolver problemas concretos antes que convertir cada expediente en una disputa política.
Su defensa de la Ordenanza 538, la insistencia en avanzar con la digitalización administrativa y su crítica hacia algunos pedidos de informes muestran una visión que prioriza la gestión por sobre la confrontación.
Al mismo tiempo, sus declaraciones reflejan el clima político que atraviesa actualmente el cuerpo legislativo de La Punta: acuerdos posibles cuando el tema convoca a todos y diferencias persistentes cuando aparecen herramientas de control que cada bloque interpreta desde una lógica distinta.
Si algo dejó en evidencia esta sesión es que el debate político no siempre ocurre durante la votación. Muchas veces se traslada a las comisiones, a los expedientes, a las redes sociales, Barzola intenta explicar que el oficialismo trabaja sobre la gestión y la resolución de problemas, mientras que parte de la oposición privilegia la confrontación permanente.
Será la ciudadanía quien evalúe cuál de esas lecturas refleja mejor la realidad del Concejo Deliberante.