Por Hector Acosta 
El juez federal de Villa Mercedes, Juan Carlos Nacul, procesó al ex rector de la Universidad Nacional de Villa Mercedes, David Luciano Rivarola, y a otros seis imputados al considerar acreditada, en esta etapa procesal, una maniobra destinada a beneficiar a su hija mediante un concurso que calificó como «simulado» y financiado con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo.
La Justicia Federal de Villa Mercedes dio un paso de alto impacto institucional al procesar al ex rector de la Universidad Nacional de Villa Mercedes (UNViMe), David Luciano Rivarola, al considerar que existen elementos suficientes para sostener que encabezó una maniobra destinada a beneficiar a su hija, Valentina Rivarola Miazzo, mediante un proceso de selección que, según la resolución judicial, fue diseñado para garantizar su contratación.
La decisión fue adoptada por el juez federal Juan Carlos Nacul, quien además procesó a la ex vicerrectora Graciela Balanza, al ex secretario general Gastón Gabriel Garialde, a Claudia Grando, Eduardo Daniel Guerreiro, Jonathan Bosso y a la propia Valentina Rivarola Miazzo. En tanto, Claudio Daniel Denna recibió una falta de mérito, lo que implica que la investigación sobre su situación continúa abierta.
La causa gira en torno a una contratación realizada durante 2023 en el marco del Proyecto de Asistencia Estratégica a MiPyMEs de la UNViMe, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), mediante la cual Valentina Rivarola fue contratada como consultora por un monto de $916.666.
Un concurso que, según la Justicia, fue confeccionado «a medida»
Uno de los aspectos más contundentes de la resolución judicial es la definición utilizada por el propio magistrado para describir el proceso de selección: un «concurso simulado».
Según surge del fallo, el mecanismo habría sido modificado durante su desarrollo para beneficiar específicamente el perfil de la hija del entonces rector. La resolución sostiene que las bases fueron alteradas sin notificación previa a los postulantes, incorporando criterios de evaluación vinculados con community management, marketing digital y manejo de redes sociales.
Para el juez, estos cambios no fueron casuales. Por el contrario, habrían coincidido de manera particularmente conveniente con la experiencia laboral de Valentina Rivarola como cofundadora de la marca de indumentaria para mascotas Wonder Dogs Clothing.
En términos menos jurídicos y más políticos, el fallo sugiere una situación que suele generar incomodidad institucional: cuando las reglas del juego comienzan a modificarse durante el partido y, casualmente, el resultado termina favoreciendo a quien tiene vínculos directos con quien organiza el torneo.
Las modificaciones que alteraron el resultado
La resolución judicial detalla que también se modificó el sistema de puntuación previsto originalmente, otorgando una valoración significativa a cursos complementarios y reduciendo el peso relativo de antecedentes académicos y profesionales de mayor jerarquía.
Según Nacul, estas alteraciones permitieron que Valentina Rivarola obtuviera el mejor puntaje pese a la existencia de otros postulantes que presentaban antecedentes objetivamente superiores.
El magistrado además señala que tres aspirantes quedaron directamente excluidas del proceso como consecuencia de los cambios introducidos durante la convocatoria.
La hipótesis judicial sostiene que estas modificaciones conformaron un esquema coordinado orientado a garantizar un resultado previamente definido.
La firma que faltó y la sospecha que aumentó
Uno de los elementos que más llamó la atención del magistrado fue la actuación del entonces rector respecto de la homologación del contrato.
El fallo destaca que David Rivarola evitó firmar la resolución específica que aprobó la contratación de su hija, aunque ese mismo día suscribió otras cinco resoluciones de características similares correspondientes al mismo programa.
Lejos de interpretar esta ausencia como un intento de evitar un conflicto de intereses, el juez sostuvo que constituyó una «estratagema de distanciamiento formal» destinada precisamente a ocultar la incompatibilidad.
La resolución incluso remarca que el expediente fue remitido al correo institucional del entonces rector el mismo día de su aprobación, circunstancia que, según la investigación, demuestra su pleno conocimiento del procedimiento.
«Al mutar los suscriptores y estampar su firma junto a la del Secretario General Gastón Garialde, se materializó la maniobra de ocultamiento», sostiene el fallo.
En otras palabras, para la Justicia, la ausencia de una firma terminó teniendo un peso probatorio mayor que muchas firmas presentes.
El rol del resto de los funcionarios
La resolución también atribuye responsabilidades concretas al resto de los imputados.
Según el procesamiento, la entonces vicerrectora Graciela Balanza firmó la documentación necesaria para ocultar la intervención directa del rector. Gastón Garialde, en su carácter de secretario general, habría aportado la formalidad administrativa requerida para legitimar el procedimiento.
Por su parte, Jonathan Bosso, Eduardo Guerreiro y Claudia Grando, integrantes de la comisión evaluadora, habrían intervenido en las modificaciones de las bases concursales que terminaron favoreciendo a la beneficiaria.
Respecto de Valentina Rivarola Miazzo, el juez sostuvo que habría ocultado deliberadamente su vínculo familiar con el rector al firmar una declaración jurada donde manifestó no tener parentesco con funcionarios involucrados en el proceso.
El reglamento del BID y las nuevas investigaciones
La resolución dedica además un apartado específico a recordar que las normas del Banco Interamericano de Desarrollo prohíben expresamente la contratación de personas con vínculos familiares directos con funcionarios que intervengan en los procesos de selección financiados por el organismo.
Para Nacul, los principios de transparencia, competencia objetiva y ausencia de conflictos de interés exigidos por el BID fueron vulnerados durante el procedimiento investigado.
Junto con los procesamientos, el magistrado ordenó embargos por $4.583.330 para David Rivarola y Valentina Rivarola Miazzo, mientras que fijó embargos de $1.833.332 para el resto de los imputados procesados.
Además, dispuso remitir al Ministerio Público Fiscal nuevas irregularidades detectadas en otros expedientes vinculados al mismo programa para que sean investigadas por separado.
La resolución no constituye una condena definitiva. Sin embargo, el procesamiento deja planteada una conclusión preliminar de fuerte impacto político e institucional: para la Justicia Federal existen elementos suficientes para sostener que, detrás de un concurso universitario financiado con fondos internacionales, pudo haber funcionado un mecanismo destinado a convertir un procedimiento de selección en una herramienta de favorecimiento familiar.