Por Hector Acosta 
La Cámara de Diputados de San Luis aprobó por 28 votos contra 12 el proyecto que crea el Régimen de Consorcios Camineros, una iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo que busca involucrar a productores, vecinos e instituciones rurales en el mantenimiento de la red vial secundaria con financiamiento estatal. Mientras el oficialismo habló de un cambio histórico para el interior productivo, la oposición respaldó la necesidad de una reforma, pero cuestionó el modelo elegido y denunció que la respuesta llega demasiado cerca del calendario electoral.
Con 28 votos afirmativos y 12 negativos, la Cámara de Diputados provincial dio este miércoles media sanción al proyecto que crea el Régimen de Consorcios Camineros en San Luis, una propuesta que ahora continuará su recorrido legislativo en el Senado.
La iniciativa apunta a un problema que difícilmente encuentre detractores: el estado de los caminos rurales. La discusión, en realidad, nunca pasó por el diagnóstico sino por la receta.
Desde el oficialismo sostienen que el nuevo sistema permitirá que productores, vecinos e instituciones locales participen activamente en el mantenimiento de unos 4.600 kilómetros de caminos secundarios, aquellos que conectan establecimientos productivos, escuelas rurales, centros de salud y pequeños parajes.
La diputada Eugenia Gallardo defendió el proyecto como una política de largo plazo y aseguró que puede marcar «un hito» en la administración de la infraestructura vial provincial. También destacó que las sociedades rurales acompañaron el tratamiento legislativo y aportaron modificaciones durante el debate en comisión.
Qué propone el nuevo régimen
El proyecto establece la creación de consorcios como personas jurídicas sin fines de lucro, integradas por usuarios, productores agropecuarios, vecinos e instituciones rurales.
Estas entidades trabajarán bajo la supervisión de Vialidad Provincial y podrán realizar tareas preventivas, mantenimiento periódico y obras de mejoramiento de los caminos.
El financiamiento provendrá de distintas fuentes: recursos generados por los propios trabajos, cuotas de asociados, subsidios públicos o privados, convenios específicos e incluso un porcentaje de multas relacionadas con el régimen.
Además, sobre la marcha del tratamiento legislativo se incorporó un artículo que autoriza a Vialidad Provincial a otorgar permisos precarios para la explotación agrícola de sectores ubicados en los márgenes de los caminos, excluyendo banquinas, zonas de seguridad y cortafuegos.
Una modificación que llegó casi sobre el cierre. En política, como en las reformas del hogar, siempre aparece «ese detalle» cuando parecía que ya estaba todo terminado.
La oposición dijo sí al problema, pero no a la solución
El bloque Justicialista no rechazó la necesidad de intervenir sobre los caminos rurales.
Su planteo fue otro.
Lucas Caymes explicó que el PJ trabajó durante meses en un proyecto alternativo que, según afirmó, resulta «superador».
La diferencia central pasa por la naturaleza jurídica de los consorcios. Mientras el Ejecutivo propone entidades privadas sin fines de lucro, el peronismo impulsa organismos de derecho público no estatal.
También pretende incorporar los caminos vecinales municipales, crear un fondo provincial permanente financiado por el presupuesto y establecer una estructura institucional con autoridades elegidas en asamblea pública, un responsable técnico y un veedor estatal.
En otras palabras, ambos quieren arreglar los caminos. Lo que todavía no logran es ponerse de acuerdo sobre quién sostiene el volante.
El debate también transitó por la memoria política
Uno de los momentos más filosos llegó cuando el oficialista Walter Córdoba respondió a la oposición recordando que el peronismo gobernó la provincia durante años.
«Qué bueno hubiese sido que ese despacho se hubiera presentado cuando fueron gobierno. Los años que nos hubiésemos ahorrado», disparó.
Una frase que resume bastante bien una costumbre muy argentina: los proyectos suelen aparecer con sorprendente puntualidad… cuando el otro ocupa el sillón del Ejecutivo.
La respuesta no tardó.
Walter Aguilar sostuvo que los productores vienen soportando el deterioro de los caminos durante estos tres años de gestión y reclamó declarar la emergencia vial provincial.
Además, deslizó una sospecha habitual en tiempos preelectorales: que las soluciones comienzan a multiplicarse cuando el calendario electoral empieza a descontar meses y no años.
Silvia Sosa Araujo reforzó esa línea argumental recordando que algunos productores afirmaron sentirse ignorados desde hace tres décadas, un período que también incluye la primera administración de Claudio Poggi.
La legisladora además cuestionó que el proyecto deje aspectos abiertos para que luego la autoridad de aplicación los reglamente, especialmente en materia de responsabilidad civil y funcionamiento operativo.
Más que caminos, una discusión sobre el rol del Estado
Más allá de los cruces, el debate dejó una discusión de fondo.
El oficialismo plantea un esquema de gestión compartida con fuerte participación de los actores locales y supervisión estatal.
La oposición propone una estructura con mayor presencia institucional del Estado desde la conformación misma de los consorcios.
Es decir, no discutieron únicamente motoniveladoras, alcantarillas o ripio.
Discutieron dos maneras distintas de administrar recursos públicos y de organizar la participación de quienes viven en el interior provincial.
Porque los caminos rurales tienen una particularidad: nadie habla demasiado de ellos… hasta que dejan de ser transitables.
Y cuando eso ocurre, el problema deja de ser solamente productivo. También afecta la educación, la salud, el transporte y la vida cotidiana de miles de familias.
La media sanción representa un paso importante para el Gobierno provincial, aunque todavía resta el tratamiento en el Senado.
Allí volverán las discusiones jurídicas, políticas y presupuestarias.
Porque, al final del día, los caminos pueden unir pueblos.
Las interpretaciones políticas, en cambio, siguen encontrando cada tanto algún pozo difícil de esquivar.