Por Hector Acosta 
La Justicia provincial formuló cargos contra el exdirector de Vialidad Provincial, Jorge “Timmy” García Quiroga, por presuntas irregularidades en el manejo de combustible, maquinaria y bienes estatales. La causa fue declarada compleja y la investigación se extenderá por al menos seis meses.
La investigación sobre el manejo de recursos públicos durante la última gestión provincial sumó un nuevo capítulo este martes. El exdirector de Vialidad Provincial, Jorge “Timmy” García Quiroga, fue formalmente imputado por el delito de peculado luego de que la Fiscalía sostuviera que durante su administración se habría producido una utilización irregular de combustible, maquinaria y otros bienes pertenecientes al Estado.
La formulación de cargos fue impulsada por el fiscal de Instrucción N°1, Francisco Assat Alí, acompañado por el fiscal adjunto Juan Díaz Estupiñán. La acusación contó además con la adhesión de la Fiscalía de Estado.
Tras analizar los planteos de las partes, la jueza de Garantía N°4, Luciana Banó, admitió la imputación en todos sus términos y dispuso una serie de medidas cautelares sobre el exfuncionario.
Entre ellas, ordenó una inhibición general de bienes, la prohibición de salir de la provincia sin autorización judicial y la obligación de presentarse mensualmente ante la Fiscalía. Además, declaró el expediente como causa compleja, habilitando una Investigación Penal Preparatoria de seis meses.
El combustible, en el centro de la investigación
Uno de los aspectos más relevantes de la causa está relacionado con el consumo de gasoil registrado durante el año 2023.
Según la documentación presentada por la Fiscalía, Vialidad Provincial habría consumido 74.631,77 litros por encima del cupo autorizado por decreto.
La estimación preliminar realizada por los investigadores indica que ese exceso representaría un perjuicio económico superior a los 73 millones de pesos para las arcas públicas.
No obstante, los fiscales aclararon que la cifra podría incrementarse a medida que se desarrollen las pericias contables previstas para esta etapa.
Durante la audiencia, Assat Alí sostuvo que los registros analizados reflejan consumos extraordinarios que no guardan relación con la actividad habitual del organismo.
Incluso señaló que algunos de esos incrementos coincidían temporalmente con competencias automovilísticas desarrolladas en la provincia.
Ese dato se transformó en uno de los elementos que despertó especial interés dentro de la investigación.
Bienes desaparecidos y maquinaria hallada en propiedades privadas
La causa no se limita únicamente al combustible.
Las auditorías realizadas por la actual administración provincial detectaron además la desaparición de distintos elementos pertenecientes a Vialidad Provincial.
Entre ellos figuran radios VHF, antenas magnéticas, módems-router, repuestos vehiculares y una notebook que, según los registros oficiales, estaba asignada al entonces director del organismo.
A ello se suma otro hallazgo considerado especialmente relevante por la Fiscalía.
Durante distintas inspecciones fueron encontradas maquinarias estatales fuera de dependencias públicas.
Uno de los casos corresponde a un rodillo vial localizado en Nueva Galia. También se detectaron máquinas abandonadas en un establecimiento rural ubicado en cercanías de La Vertiente, en el departamento San Martín.
Para los investigadores, estos elementos fortalecen la hipótesis de una administración irregular de recursos públicos.
Un organismo con serios problemas operativos
Los informes incorporados al expediente también describen un importante deterioro operativo dentro de Vialidad Provincial.
Según los relevamientos realizados, más del 60% del parque automotor se encontraba fuera de funcionamiento.
Sin embargo, continuaban registrándose consumos de combustible y gastos asociados a algunas de esas unidades.
La Fiscalía expuso además que se mantenían vigentes pólizas de seguros para vehículos que no prestaban servicio y que cerca del 90% de las cargas de combustible se concentraban en una misma estación de servicio.
Para los acusadores, todos estos elementos conforman un cuadro que justifica profundizar la investigación.
La defensa denunció una persecución política
García Quiroga optó por no declarar durante la audiencia.
Su abogado defensor, Facundo Sosa, cuestionó la validez de las auditorías utilizadas como sustento de la acusación y sostuvo que fueron elaboradas por organismos dependientes del actual Gobierno provincial.
También argumentó que las observaciones detectadas corresponden al ámbito administrativo y no configuran necesariamente conductas delictivas.
La defensa remarcó además que todavía no existe una determinación definitiva del supuesto daño económico y afirmó que no se acreditó una apropiación personal de bienes o fondos públicos por parte del exfuncionario.
En ese contexto, calificó la investigación como una persecución política y sostuvo que las decisiones administrativas dentro de Vialidad Provincial dependían de una estructura jerárquica superior.
Una investigación que recién comienza
La resolución de la jueza Banó no implica una definición sobre la culpabilidad de García Quiroga.
La magistrada aclaró que en esta etapa procesal únicamente corresponde analizar si existe una hipótesis delictiva razonable que justifique la continuidad de la investigación.
Con ese criterio, entendió que la Fiscalía presentó elementos suficientes para avanzar.
Las próximas etapas estarán marcadas por pericias contables, análisis documentales y nuevas medidas probatorias destinadas a establecer el alcance de las presuntas irregularidades y determinar si existen otros responsables dentro de la estructura administrativa de Vialidad Provincial.
La causa se suma así a una serie de investigaciones que involucran a exfuncionarios de la gestión anterior y que mantienen bajo observación judicial distintos aspectos vinculados al manejo de recursos públicos durante los últimos años.