Por Hector Acosta 
La Cámara de Diputados de San Luis convirtió en ley el RIPEE, impulsado por Claudio Poggi, con 27 votos a favor y 11 en contra. El régimen reúne beneficios fiscales, laborales, financieros y herramientas para promover inversiones.
La Cámara de Diputados de San Luis convirtió este miércoles en ley el Régimen Integral de Promoción del Desarrollo Económico y del Empleo (RIPEE), una de las principales iniciativas económicas impulsadas por el gobernador Claudio Poggi.
La votación terminó con 27 votos a favor y 11 en contra, luego de que el proyecto obtuviera media sanción del Senado provincial el pasado 28 de julio.
Con la aprobación de Diputados, el régimen completó su recorrido legislativo y establece un nuevo marco para promover inversiones, actividad económica y generación de empleo en todo el territorio provincial.
La propuesta reúne en una misma legislación herramientas que hasta ahora estaban distribuidas en distintos programas y normas.
El objetivo oficial es generar mayor previsibilidad para los inversores y facilitar el desarrollo de nuevos proyectos productivos y de servicios.
RIPEE en San Luis: una ley con múltiples herramientas
El nuevo régimen articula cuatro grandes instrumentos de promoción económica: beneficios tributarios, subsidios al empleo, gestión de inmuebles fiscales y financiamiento de proyectos privados.
La amplitud del régimen es uno de sus principales aspectos.
Entre las actividades alcanzadas aparecen la producción agropecuaria, apícola y frutihortícola; minería; industria; construcción; energía; logística; comercio; turismo; cultura; tecnología y servicios.
También quedan comprendidas otras actividades económicas que se desarrollen o puedan desarrollarse en San Luis.
El universo de potenciales beneficiarios tampoco queda limitado exclusivamente a empresas.
Podrán acogerse al régimen personas humanas o jurídicas, públicas o privadas, con o sin fines de lucro, siempre que cumplan las condiciones establecidas por la normativa.
El oficialismo presentó esta amplitud como una de las características centrales del RIPEE.
Beneficios fiscales de hasta 15 años
Uno de los capítulos más importantes está relacionado con los incentivos tributarios.
La ley contempla exenciones de hasta 15 años para nuevas inversiones en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, el Impuesto Inmobiliario y el Impuesto a los Automotores, Acoplados y Motocicletas.
También incorpora créditos fiscales para empresas que realicen inversiones, además de herramientas vinculadas con la regularización y el alivio fiscal.
Otro punto destacado es la exención de Ingresos Brutos para la actividad industrial.
Desde el oficialismo sostienen que estos instrumentos permitirán que parte del dinero que una empresa debería destinar al pago de impuestos pueda dirigirse a ampliar instalaciones, comprar maquinaria, incorporar tecnología o generar puestos de trabajo.
La diputada Eugenia Gallardo, miembro informante del proyecto, defendió esa lógica al señalar que el crédito fiscal puede funcionar como una inyección de liquidez para el inversor.
La discusión política, naturalmente, no termina allí.
Cada beneficio tributario implica también analizar cuánto resigna el Estado y qué resultados concretos obtiene a cambio.
La apuesta del Gobierno es que una menor presión fiscal sobre nuevas inversiones termine generando mayor actividad económica, empleo y, posteriormente, una ampliación de la base tributaria.
Del Plan de Inclusión al empleo registrado
Otro de los ejes del RIPEE es el subsidio destinado a empleadores que incorporen a trabajadores provenientes del Plan de Inclusión.
El mecanismo establece un aporte económico equivalente al beneficio social que percibía la persona al momento de ser contratada.
Ese aporte será decreciente durante un período de dos años.
La condición central es que la incorporación represente un incremento neto de la planta laboral.
Es decir, el mecanismo no podrá utilizarse simplemente para reemplazar trabajadores que ya estaban contratados.
El oficialismo presentó esta herramienta como un mecanismo para facilitar la transición desde programas sociales hacia el empleo formal.
El diputado Nicolás González Ferro lo definió como un mecanismo de inserción laboral destinado a acompañar al sector privado en ese proceso.
La discusión sobre el resultado de esta política quedará, como ocurre con cualquier programa de incentivo al empleo, atada a su implementación y a la cantidad de trabajadores que efectivamente logren incorporarse de manera formal y sostenible.
Inmuebles fiscales para atraer inversiones
La nueva ley también faculta al Poder Ejecutivo a destinar bienes inmuebles del dominio privado del Estado a proyectos de inversión y actividades económicas que generen empleo.
Se trata de una herramienta destinada a facilitar la radicación o expansión de emprendimientos.
Pero la norma establece una condición importante respecto del destino de los recursos obtenidos.
El dinero deberá utilizarse para infraestructura productiva o social, fondos de garantía y programas de financiamiento para actividades económicas privadas.
La legislación establece expresamente que esos fondos no podrán utilizarse para financiar gastos corrientes del Estado.
El objetivo es que los recursos provenientes de esos activos estatales vuelvan al circuito productivo.
En otras palabras: el inmueble deja de ser solamente patrimonio inmovilizado y pasa a formar parte de una estrategia de promoción económica.
Crédito, tasas y financiamiento
El RIPEE incorpora además herramientas financieras para facilitar el acceso al crédito.
Entre ellas aparecen líneas de crédito de fomento, bonificación de tasas, períodos de gracia y subsidios destinados a la capacitación del personal.
La ley también habilita la creación o integración de fondos de garantía, fideicomisos, fondos de respaldo crediticio y otros instrumentos financieros de carácter público, privado o mixto.
El objetivo es atacar uno de los problemas habituales para cualquier inversión: conseguir financiamiento en condiciones que permitan hacer viable el proyecto.
No alcanza con decirle a una empresa que invierta.
También hay que darle herramientas para que pueda financiar esa inversión.
Las mesas sectoriales quedan institucionalizadas
Uno de los aspectos políticos más destacados del RIPEE es la institucionalización de las mesas sectoriales.
Estos espacios ya forman parte de la metodología de trabajo que el Gobierno provincial viene utilizando con distintos sectores productivos.
Con la nueva ley, pasarán a constituirse como espacios permanentes de planificación y articulación.
La propuesta contempla la participación de cámaras empresarias, universidades y sectores científicos y tecnológicos.
Para González Ferro, estas mesas permiten incorporar directamente la mirada de quienes producen y trabajan.
Gallardo, por su parte, destacó que representan una garantía institucional para el diálogo entre el sector público y el privado.
La diferencia no es menor.
Una mesa sectorial que depende exclusivamente de la voluntad política de un funcionario puede desaparecer con un cambio de gestión.
Convertirla en una herramienta estable implica darle continuidad más allá de quién ocupe circunstancialmente el poder.
Una ley para ordenar los incentivos
Otro de los argumentos centrales del oficialismo fue la necesidad de terminar con la dispersión normativa.
El RIPEE reúne en una sola herramienta distintos beneficios y mecanismos que anteriormente estaban distribuidos en diferentes leyes y programas.
La intención es ofrecer a los inversores un esquema más sencillo de interpretar.
La ley también incorpora medidas de simplificación y modernización de la administración pública, con el objetivo de reducir tiempos y agilizar la puesta en marcha de proyectos.
En términos políticos, el Gobierno busca instalar una idea concreta: si San Luis quiere competir por inversiones, necesita ofrecer no solamente beneficios, sino también reglas claras y previsibles.
El comercio entra al régimen
Una de las novedades destacadas durante el debate fue la incorporación del sector comercial.
Gallardo señaló que los anteriores regímenes de promoción no contemplaban de la misma manera a esta actividad.
La inclusión amplía el universo de sectores que pueden acceder a las herramientas previstas.
La decisión también refleja una concepción más amplia del desarrollo económico provincial, que no queda concentrada exclusivamente en la industria o las grandes inversiones productivas.
El comercio, el turismo, los servicios, la tecnología y otras actividades también forman parte del entramado económico que el Gobierno pretende incentivar.
¿Qué busca cambiar el RIPEE?
El oficialismo sostiene que el régimen puede generar un círculo virtuoso.
La lógica planteada es que una nueva inversión genere actividad, esa actividad demande proveedores, los proveedores produzcan más, se incorporen trabajadores y aumente el consumo.
El resultado esperado es una economía provincial con mayor movimiento y una estructura productiva más amplia.
La pregunta política será si el esquema consigue efectivamente producir ese efecto.
Porque entre una ley de promoción y una inversión concreta existe un territorio bastante menos elegante: el de las decisiones empresariales, las condiciones económicas, el financiamiento, la infraestructura, la demanda y la confianza.
El RIPEE intenta intervenir precisamente sobre varias de esas variables.
Una nueva herramienta para la política económica de Poggi
Con la sanción definitiva, el Gobierno de Claudio Poggi obtiene una herramienta legislativa que considera estratégica para su política económica.
La ley declara además la promoción del desarrollo económico y del empleo como política de Estado de la provincia.
Ese concepto busca darle continuidad a las herramientas de promoción más allá de una gestión particular.
Ahora comenzará la etapa más difícil: demostrar que los incentivos diseñados en la Legislatura pueden traducirse en inversiones reales, nuevos puestos de trabajo, mayor producción y actividad económica.
El tablero ya está armado.
Hay beneficios fiscales, créditos, garantías, inmuebles, subsidios laborales y mesas sectoriales.
Ahora habrá que ver cuántas empresas toman la invitación.
Porque una cosa es aprobar una ley para atraer inversiones.
Y otra bastante distinta es conseguir que alguien saque la calculadora, ponga el capital sobre la mesa y diga: “Sí, invierto en San Luis”.