Por Hector Acosta 
La exintendenta de Fraga, Antonella Gil, quedó formalmente imputada por presuntas maniobras irregulares detectadas en las rendiciones de cuentas de 2022. La investigación apunta a un supuesto desvío de fondos públicos superior a los 19 millones de pesos y ya derivó en medidas cautelares dispuestas por la Justicia.
La situación judicial de la exintendenta de Fraga, Antonella Gil, dio un paso relevante este lunes. La fiscal de Instrucción Nº 6, Linda Maluf, formuló cargos por peculado, falsificación de documentos y uso de documentos falsos, delitos que fueron admitidos por la jueza de Garantía Nº 4, Luciana Banó, quien además dispuso una inhibición general de bienes por 180 días y restricciones para la imputada.
La causa se originó tras una denuncia presentada por la Fiscalía de Estado luego de una auditoría realizada sobre las rendiciones de cuentas correspondientes al ejercicio 2022. Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, habrían existido maniobras destinadas a justificar gastos municipales mediante documentación presuntamente apócrifa.
La investigación se centra especialmente en el tercer y cuarto trimestre de ese año, período correspondiente al segundo mandato de Gil al frente del municipio.
Más de 37 comprobantes bajo sospecha y un presunto perjuicio millonario
De acuerdo con la acusación expuesta durante la audiencia, fueron detectados 37 documentos cuestionados entre facturas y tickets utilizados para respaldar gastos municipales.
La Fiscalía sostiene que la maniobra habría permitido el desvío de aproximadamente 19.539.300 pesos pertenecientes al erario municipal.
Durante su exposición, Maluf fue contundente.
«Todos esos documentos eran rendidos para simular la compra de bienes y justificar gastos», afirmó al describir la hipótesis acusatoria.
Uno de los puntos centrales de la investigación se apoya en informes elaborados por el Tribunal de Cuentas y en testimonios de proveedores que figuraban en las facturas observadas.
Según indicó la fiscal, varios de ellos negaron haber mantenido relación comercial con la Municipalidad de Fraga y desconocieron los comprobantes exhibidos en la causa.
En el tercer trimestre de 2022, el perjuicio económico estimado asciende a 11.738.412 pesos. Allí aparecen facturas atribuidas a distintas firmas comerciales y además se investiga un faltante vinculado al cobro de un cheque por 2.701.000 pesos emitido a favor del municipio.
En tanto, para el cuarto trimestre se calcula una afectación cercana a los 7.800.900 pesos. También se analizan operaciones relacionadas con la compra de indumentaria deportiva y movimientos administrativos vinculados a proveedores.
La defensa habló de una causa con trasfondo político
Antes de la formulación de cargos, la defensa de la exintendenta presentó un planteo de nulidad.
El argumento principal fue que todavía existe una resolución pendiente del Tribunal de Cuentas y que avanzar con una imputación vulneraría el derecho de defensa y el principio de inocencia.
Sin embargo, la fiscal Maluf sostuvo que los procesos administrativos y las investigaciones penales son independientes y pueden desarrollarse simultáneamente.
La jueza Luciana Banó coincidió con ese criterio y rechazó el planteo defensivo, al considerar que existen elementos suficientes para habilitar una investigación penal en esta etapa preliminar.
Por su parte, la representación de la Fiscalía de Estado acompañó la acusación y remarcó que los hechos investigados habrían provocado una afectación directa al patrimonio estatal.
La defensa, en cambio, insistió en que detrás de la causa existe una motivación política y cuestionó la intervención conjunta de la Fiscalía y la Fiscalía de Estado.
Una investigación que recién comienza
La resolución judicial no implica una condena ni una definición sobre la responsabilidad penal de Antonella Gil. La imputación tiene carácter provisorio y la causa continuará con nuevas medidas de prueba.
Los investigadores buscarán determinar si efectivamente existió una maniobra destinada a presentar documentación falsa para justificar erogaciones municipales y establecer las responsabilidades correspondientes.
Mientras tanto, el expediente suma un nuevo capítulo que vuelve a poner bajo la lupa la administración de recursos públicos y reabre el debate sobre los mecanismos de control y transparencia en los municipios.
La etapa que comienza será clave para determinar si las sospechas expuestas por la Fiscalía logran sostenerse con pruebas suficientes o si la defensa consigue desvirtuar las acusaciones.