Por Hector Acosta 
La Comisión de Finanzas de Diputados emitió despacho sobre el Régimen RIPEE en San Luis, que ya tiene media sanción del Senado y podría convertirse en ley este miércoles.
La Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados de San Luis emitió este martes despacho favorable para el Régimen Integral de Promoción del Desarrollo Económico y del Empleo (RIPEE), que ya cuenta con media sanción del Senado provincial y quedó en condiciones de ser tratado este miércoles en el recinto.
La presidenta de la comisión, Eugenia Gallardo, confirmó que durante la segunda reunión destinada a analizar la iniciativa los diputados de la oposición no acompañaron el despacho ni realizaron modificaciones al proyecto.
De esta manera, si la Cámara baja aprueba el texto sin cambios, el proyecto quedará sancionado definitivamente y no deberá regresar al Senado.
La iniciativa busca concentrar en una única norma diferentes herramientas destinadas a promover inversiones, generación de empleo y actividad económica en la provincia.
El régimen alcanza a sectores como la agricultura, la industria, el turismo y el comercio, y también contempla la posibilidad de que asociaciones civiles puedan acceder a determinados beneficios cuando cumplan con las condiciones establecidas.
Régimen RIPEE en San Luis: qué beneficios contempla
Según explicó Gallardo, el proyecto busca superar el esquema tradicional de las leyes de promoción basadas exclusivamente en incentivos tributarios.
El RIPEE incorpora herramientas vinculadas con beneficios impositivos, financiamiento, garantías, acceso a inmuebles fiscales y promoción del empleo privado.
Uno de los mecanismos mencionados durante la reunión está relacionado con la incorporación de trabajadores provenientes del Plan de Inclusión.
La legisladora sostuvo que el nuevo marco legal busca otorgar mayor previsibilidad a esa vinculación entre trabajadores y empresas privadas.
La intención oficial es que el régimen funcione como una herramienta integral para proyectos que impliquen nuevas inversiones y generación o sostenimiento de puestos de trabajo.
En ese sentido, el proyecto no estaría pensado únicamente para empresas que quieran instalarse en San Luis.
También podrían acceder firmas que ya desarrollan actividades en la provincia, siempre que presenten un proyecto que implique una nueva inversión.
Inmuebles fiscales para proyectos de inversión
Uno de los puntos que generó consultas durante el tratamiento fue el acceso a inmuebles que actualmente pertenecen al Estado provincial.
Gallardo explicó que el Poder Ejecutivo podría disponer de esos terrenos cuando exista un proyecto de inversión que cumpla con los requisitos establecidos por el régimen y que tenga como objetivo generar o sostener empleo.
La iniciativa apunta además a agilizar el proceso administrativo para quienes quieran acceder a esos beneficios.
Según la presidenta de la Comisión de Finanzas, el esquema permitiría evitar que cada operación deba atravesar el procedimiento legislativo habitual para la disposición de un inmueble estatal.
El argumento oficial es que esto permitiría reducir la burocracia y acelerar la llegada de inversiones.
El punto, sin embargo, también concentra una de las discusiones institucionales relevantes del proyecto: hasta dónde puede llegar el Poder Ejecutivo en la disposición de bienes estatales sin una intervención específica de la Legislatura.
Mesas sectoriales como política permanente
Otro de los aspectos destacados por Gallardo es la incorporación de las mesas sectoriales como una herramienta permanente dentro del funcionamiento del Estado provincial.
La iniciativa busca establecer institucionalmente espacios de diálogo entre el Gobierno y los distintos sectores de la actividad privada.
La legisladora sostuvo que este mecanismo permitirá que las demandas empresariales y productivas puedan transformarse en propuestas concretas y eventualmente en nuevas políticas públicas.
Para el oficialismo, el objetivo es generar un canal estable de comunicación con el sector privado que no dependa exclusivamente de la decisión política de cada administración.
La lógica es sencilla: escuchar antes de diseñar.
Y, en este caso, convertir esa escucha en una herramienta institucional.
El costo fiscal vuelve a estar en discusión
Uno de los principales cuestionamientos al proyecto está relacionado con el impacto que podrían tener las exenciones y beneficios tributarios sobre la recaudación provincial.
La preocupación ya había sido planteada durante el tratamiento en el Senado, particularmente ante la ausencia de una estimación precisa sobre cuánto podría dejar de recaudar la Provincia como consecuencia de los incentivos.
Gallardo defendió el esquema argumentando que los beneficios están dirigidos principalmente a proyectos de inversión que actualmente no existen.
Desde esa perspectiva, sostuvo que no se estaría resignando una recaudación que ya existe, porque esas actividades todavía no generan ingresos tributarios.
El razonamiento oficial es que, si los incentivos logran concretar nuevas inversiones, la actividad económica generada posteriormente podría ampliar la base tributaria provincial.
La discusión, por lo tanto, queda planteada entre dos posiciones.
Por un lado, el Gobierno sostiene que no puede hablarse de una pérdida efectiva de recursos sobre actividades que todavía no existen.
Por otro, la oposición cuestiona la ausencia de una estimación concreta sobre el costo fiscal potencial de los beneficios.
La respuesta definitiva dependerá, en buena medida, de cuántos proyectos efectivamente se incorporen al régimen y cuál sea su impacto real sobre la economía provincial.
Empresas instaladas también podrán acceder
El RIPEE no estaría limitado a empresas que lleguen desde otras provincias o desde el exterior.
Las empresas que ya operan en San Luis podrán acceder a los beneficios siempre que presenten un proyecto de nueva inversión.
El esquema podría combinar distintas herramientas.
Entre ellas aparecen créditos, garantías para acceder a financiamiento, inmuebles fiscales y beneficios fiscales vinculados con nuevas inversiones y adquisición de maquinaria.
La idea es que una empresa que ya está instalada pueda utilizar el régimen para ampliar su capacidad productiva, incorporar tecnología, generar empleo o desarrollar una nueva línea de actividad.
También se incorpora al comercio entre las actividades que pueden acceder a los beneficios, algo que Gallardo destacó como una de las novedades frente a anteriores regímenes de promoción.
Turismo, industria, agricultura y comercio
El proyecto plantea un alcance multisectorial.
La agricultura, la industria y el turismo forman parte de las actividades mencionadas, a las que se suma el comercio.
La intención es evitar que la promoción económica quede concentrada en una única rama productiva.
En términos políticos, el Gobierno busca presentar el RIPEE como una herramienta transversal para atraer inversiones y generar empleo privado.
La apuesta es que una empresa pueda encontrar en una sola norma diferentes instrumentos que antes estaban distribuidos en distintos programas y regímenes.
Para el oficialismo, esa concentración también aportaría seguridad jurídica y previsibilidad.
El debate ambiental también llegó al RIPEE
Durante el análisis del proyecto volvieron a aparecer las preocupaciones expresadas previamente por organizaciones ambientalistas, especialmente ante la posibilidad de que el régimen pueda favorecer determinadas actividades mineras.
Gallardo sostuvo que San Luis no presenta las mismas características geográficas que las provincias cordilleranas donde se concentran los grandes proyectos de minería metalífera.
Sin embargo, el debate ambiental no desaparece por esa diferencia geográfica.
Cualquier política destinada a promover inversiones implica también discutir el impacto sobre los recursos naturales, la infraestructura disponible y las condiciones ambientales que deberán cumplir los proyectos.
En ese marco, uno de los recursos que aparece como preocupación central es el agua.
El agua, entre la inversión y la planificación
Gallardo señaló que el Gobierno provincial trabaja en un plan maestro para el manejo del recurso hídrico, al considerar que se trata de un recurso escaso que debe ser administrado de manera adecuada.
La discusión adquiere especial relevancia frente a una política que busca atraer nuevas actividades económicas.
Más industrias, nuevos emprendimientos y mayor producción pueden significar también una mayor demanda de agua.
Por eso, la política de promoción económica y la planificación hídrica aparecen inevitablemente conectadas.
La funcionaria también vinculó esta cuestión con la reforma institucional que impulsa el Gobierno provincial.
Según explicó, se contempla establecer un administrador del agua con perfil técnico y profesional, cuya designación no quede directamente sujeta a la voluntad política del gobernador de turno.
El objetivo sería dotar a la administración del recurso de una mayor continuidad y especialización.
El proyecto llega al recinto
Con el despacho emitido por la Comisión de Finanzas, el RIPEE quedó formalmente en condiciones de ser tratado por la Cámara de Diputados este miércoles.
El oficialismo buscará convertir en ley una iniciativa que considera estratégica para estimular inversiones y empleo privado.
La oposición, por su parte, no acompañó el despacho y no incorporó modificaciones al texto durante el tratamiento en comisión.
El escenario legislativo deja así planteada una discusión que excede la aprobación de una nueva ley de promoción.
Lo que está en debate es qué tipo de incentivos utilizará San Luis para atraer inversiones, cuánto está dispuesto a resignar el Estado en materia tributaria, qué bienes públicos podrán utilizarse para esos proyectos y qué controles deberán existir para garantizar que los beneficios efectivamente se traduzcan en empleo y desarrollo.
El RIPEE promete convertirse en una de las principales herramientas económicas de la gestión de Claudio Poggi.
Ahora falta la parte más importante: que los incentivos escritos en una ley se conviertan en inversiones reales, puestos de trabajo y actividad económica concreta.
Porque una ley puede ofrecer beneficios.
Pero los empleos, como suele ocurrir con las promesas económicas, no aparecen por decreto.