Por Hector Acosta 
El Senado de San Luis emitió despacho de mayoría para avanzar con la reforma constitucional de San Luis. El proyecto mantiene el Senado, elimina las elecciones legislativas de medio término, limita los mandatos del gobernador y propone cambios en Justicia, educación, agua y sistema electoral.
La reforma constitucional de San Luis dio este lunes un paso decisivo en la Legislatura provincial. La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado emitió despacho de mayoría sobre el proyecto que declara la necesidad de una reforma parcial de la Constitución de 1987.
El proyecto, impulsado por el oficialismo, podría llegar al recinto la próxima semana y habilita una modificación amplia de distintos aspectos de la organización institucional de la provincia.
La iniciativa alcanza a los tres poderes del Estado, los organismos de control, el Ministerio Público, el sistema electoral, la educación, el régimen municipal, el acceso al agua, las nuevas tecnologías y la organización territorial.
Pero hay un dato político que sobresale por encima del resto.
El Senado no desaparece.
Y eso implica un cambio sustancial respecto de aquella promesa formulada por Claudio Poggi en su primer discurso como gobernador, cuando anunció que impulsaría la eliminación de la Cámara alta provincial.
La reforma que ahora avanza propone exactamente lo contrario: mantener el Senado, aunque modificar su sistema de renovación.
Reforma constitucional de San Luis: el Senado seguirá existiendo
El proyecto mantiene la estructura actual de la Cámara de Senadores, integrada por un representante por cada departamento.
La diferencia estará en la periodicidad de las elecciones.
Diputados y Senadores pasarían a renovarse completamente cada cuatro años, coincidiendo con la elección del gobernador.
En términos políticos, esto significa el final de las elecciones legislativas de medio término.
La consecuencia inmediata será que los legisladores elegidos en 2025 extenderían sus mandatos hasta 2031, en lugar de finalizar en 2029.
Es uno de los puntos más sensibles del proyecto.
Los ciudadanos que eligieron legisladores para un período determinado en 2025 tendrían, si la reforma avanza y se aplica la cláusula transitoria, dos años adicionales de mandato.
La política provincial acaba de encontrar una curiosa manera de combatir las elecciones de medio término: eliminarlas y, de paso, alargar los mandatos que ya están en curso.
Dos mandatos para el gobernador
Otro de los cambios centrales está relacionado con el Poder Ejecutivo.
El proyecto habilita la modificación del artículo 147 de la Constitución para establecer una prohibición de reelección después de dos períodos consecutivos o alternados.
La cláusula transitoria tiene una consecuencia política concreta para el actual gobernador.
El período 2023-2027 será considerado como su primer mandato. Por lo tanto, Claudio Poggi podría presentarse nuevamente en 2027 y, de ganar, ese segundo período sería el último que podría ejercer bajo el nuevo esquema.
La discusión sobre la reelección, que históricamente ocupa un lugar privilegiado en la política argentina, queda así incorporada al corazón de la reforma.
Los concejos deliberantes también cambiarían
La modificación del calendario electoral no quedaría limitada a la Legislatura.
El proyecto también habilita cambios en el artículo 268 para establecer la renovación total de los concejos deliberantes municipales cada cuatro años y en coincidencia con las elecciones provinciales.
Al igual que con Diputados y Senadores, se contempla una cláusula transitoria para extender hasta 2031 los mandatos de concejales elegidos en 2025 cuyo vencimiento original estaba previsto para 2029.
De aprobarse el nuevo esquema, desde 2031 los concejos deliberantes se renovarían completamente cada cuatro años.
La provincia tendría así un calendario electoral mucho más concentrado.
Menos elecciones intermedias. Más peso político en una única elección general.
La Legislatura tendría menos vacaciones
Otro de los cambios propuestos apunta al funcionamiento del Poder Legislativo.
El proyecto establece que las sesiones ordinarias se desarrollen desde el 15 de marzo hasta el 31 de diciembre.
Actualmente, la Constitución establece un período considerablemente más reducido.
El cambio implica ampliar el período ordinario de funcionamiento legislativo y reducir el extenso receso que contempla el texto constitucional vigente.
Dicho en términos menos constitucionales: los legisladores tendrían que trabajar más meses dentro del calendario institucional.
Una reforma que probablemente no será la más popular entre quienes disfrutan del calendario actual.
Ministerio Público: uno de los cambios institucionales más profundos
El proyecto propone modificar sustancialmente la estructura del Ministerio Público.
La iniciativa plantea separarlo del Poder Judicial y transformarlo en un órgano independiente y extrapoder, integrado por una Procuración General y una Defensoría General.
El Procurador General y el Defensor General serían designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado.
También se prevé la creación de un Consejo del Ministerio Público, que tendría participación en la selección de fiscales y defensores inferiores, además de un Jurado de Destitución propio.
Los funcionarios inferiores serían designados por el Ejecutivo a partir de ternas vinculantes elevadas por el Consejo, aunque el gobernador podría apartarse del orden propuesto por motivos fundados.
El diseño plantea, por lo tanto, una nueva distribución del poder dentro del sistema de Justicia.
Cambios en el Consejo de la Magistratura
La reforma también habilita modificaciones en la integración del Consejo de la Magistratura.
Se incorporarían representantes de la academia y del Senado provincial y se establecería que los representantes de los distintos estamentos deberán ser abogados, salvo determinadas excepciones.
El Consejo debería elaborar órdenes de mérito derivados de los concursos y elevar ternas al Poder Ejecutivo.
La terna tendría carácter vinculante, aunque nuevamente se contempla la posibilidad de que el gobernador se aparte del orden establecido por motivos fundados.
Además, los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público deberían permanecer al menos cuatro años en sus cargos antes de acceder a nuevas funciones.
Los 75 años como límite para jueces
Otro de los puntos relevantes es la incorporación de un límite de 75 años para la permanencia de integrantes del Poder Judicial, el Ministerio Público y el Tribunal de Cuentas.
Sin embargo, la propuesta contiene una cláusula transitoria.
El límite se aplicaría a quienes sean designados y asuman sus funciones después de la entrada en vigencia de la nueva Constitución.
Los funcionarios que actualmente ocupan esos cargos conservarían la estabilidad prevista por el texto constitucional de 1987.
Es decir, la reforma mira hacia adelante y evita aplicar el nuevo límite de manera inmediata a quienes ya están en funciones.
El agua como derecho humano y recurso estratégico
El proyecto también incorpora al agua dentro de las políticas especiales de la Constitución.
La iniciativa propone reconocerla como derecho humano y recurso estratégico.
Además, plantea que su administración esté a cargo de un funcionario técnico con acreditada idoneidad, designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado.
El mandato tendría una duración de cinco años y no coincidiría con los períodos de los poderes políticos.
Es una incorporación de particular relevancia para San Luis, una provincia donde el manejo del recurso hídrico tiene impacto económico, productivo, ambiental y territorial.
Balotaje para gobernador
En materia electoral, uno de los cambios más importantes es la posibilidad de incorporar una segunda vuelta electoral para gobernador y vicegobernador.
El argumento incluido en el proyecto es otorgar mayor legitimidad popular a la fórmula electa.
La incorporación del balotaje modificaría sustancialmente la dinámica de las elecciones provinciales.
Ya no alcanzaría necesariamente con ser la fuerza más votada.
En determinados escenarios, la disputa podría trasladarse a una segunda instancia.
Y eso significa campañas más largas, nuevas alianzas y una segunda oportunidad para que los electores decidan quién gobernará la provincia.
Inteligencia artificial, datos personales y nuevas tecnologías
La Constitución provincial también podría incorporar cuestiones que directamente no existían cuando fue sancionada en 1987.
El proyecto habilita la incorporación de un artículo referido a nuevas tecnologías e inteligencia artificial.
Entre los aspectos contemplados aparecen la identidad digital, el uso ético de las tecnologías, la protección de la dignidad humana, los datos personales frente a algoritmos y el acceso universal a la conectividad.
También se plantea incorporar el hábeas data como mecanismo constitucional de protección de datos y principios vinculados con el acceso a la información pública, el gobierno abierto y la transparencia.
En este punto, la reforma intenta actualizar una Constitución diseñada en una época en la que Internet todavía no formaba parte de la vida cotidiana.
Ahora habrá que decidir cómo se escribe constitucionalmente algo que cambia prácticamente todos los meses.
Educación obligatoria desde los tres años
La reforma también alcanza al sistema educativo.
El proyecto habilita modificar el artículo 75 para establecer la obligatoriedad de la escolaridad desde los tres años, además de la educación secundaria.
También propone actualizar el lenguaje constitucional y reemplazar la palabra “hombre” por “ciudadano” en el artículo 72.
El objetivo es adaptar el texto constitucional a una concepción más actual del sistema educativo y de los derechos ciudadanos.
Tribunal de Cuentas y juicio político
La iniciativa propone cambios en el Tribunal de Cuentas y modifica el mecanismo de selección de sus integrantes.
También amplía el listado de funcionarios que podrían quedar sometidos a juicio político.
Entre ellos aparecen integrantes del Superior Tribunal de Justicia, Tribunal de Cuentas, Defensor General, Procurador General, Fiscal de Estado, Contador General y el funcionario técnico responsable de la administración del agua.
El cambio modificaría también la relación entre el juicio político y el Jurado de Enjuiciamiento.
Presupuesto: más tiempo para el Ejecutivo
Otro cambio de menor impacto político inmediato, pero relevante desde el punto de vista institucional, es la modificación del plazo para presentar el proyecto de Presupuesto.
El Ejecutivo pasaría de tener como fecha límite el 31 de agosto a disponer hasta el 30 de septiembre.
Un mes más para preparar la principal herramienta de planificación económica del Estado provincial.
52 convencionales para reformar la Constitución
El proyecto establece que la Convención Constituyente estará integrada por 52 convencionales, la misma cantidad que surge de sumar los integrantes de Diputados y Senadores.
La distribución será departamental:
- Pueyrredón: 11.
- Pedernera: 11.
- Ayacucho: 5.
- Chacabuco: 5.
- Belgrano: 4.
- Coronel Pringles: 4.
- Gobernador Dupuy: 4.
- Junín: 4.
- San Martín: 4.
Los convencionales serían elegidos en la próxima elección provincial general mediante el mismo sistema electoral utilizado para elegir diputados provinciales.
No habría, según el proyecto, una elección constituyente separada.
Una Convención con límites
El proyecto establece que la Convención no tendrá facultades ilimitadas.
Su objeto será exclusivamente tratar los temas habilitados por la ley de necesidad de reforma.
Cualquier modificación que exceda esas materias será considerada nula.
La Convención tendrá 30 días para comenzar a trabajar, 60 días para completar su tarea y la posibilidad de extenderse por otros 30 días.
Si no concluyera dentro de ese plazo, se disolvería automáticamente y el trabajo realizado quedaría sin efecto en los términos establecidos por el proyecto.
La Constitución, en definitiva, podría reformarse.
Pero no se entregaría un cheque en blanco.
El verdadero debate político recién comienza
El despacho aprobado en comisión representa un avance significativo, pero todavía no constituye la reforma constitucional.
El proyecto deberá ser tratado por el Senado y posteriormente deberá atravesar las instancias legislativas correspondientes antes de que pueda convocarse a la Convención Constituyente.
Por eso, el dato político más importante de este lunes no es que San Luis ya tenga una nueva Constitución.
No la tiene.
El dato es que el oficialismo logró avanzar con una hoja de ruta que puede modificar buena parte del funcionamiento institucional de la provincia.
Y en esa hoja de ruta hay una contradicción política imposible de ignorar: aquella reforma anunciada originalmente con la idea de eliminar el Senado ahora propone conservarlo.
También hay una modificación electoral de enorme impacto: se eliminan las elecciones legislativas de medio término y se extienden los mandatos de quienes fueron elegidos en 2025.
Hay límite para el gobernador, pero también una excepción transitoria que permite a Poggi buscar un segundo mandato.
Hay balotaje.
Hay cambios en la Justicia.
Hay un nuevo diseño del Ministerio Público.
Hay agua, inteligencia artificial, educación desde los tres años, capitales alternas y nuevas reglas para los organismos de control.
Es decir, la reforma que comenzó como una promesa política en 2023 llega ahora al Senado con bastante más equipaje.
La Constitución de 1987 podría entrar en el quirófano. La pregunta que queda abierta es cuánto se va a reformar y quién tendrá el bisturí cuando llegue el momento.