Por Hector Acosta 
El conflicto político en el Concejo Deliberante de San Luis escaló un nuevo peldaño. Tras la restricción judicial impuesta al concejal Andrés Russo, el bloque Justicialista respondió con un comunicado en el que denunció una maniobra de persecución política, ratificó la denuncia penal contra la presidenta del cuerpo, Laura Sánchez, y volvió a poner en el centro de la escena la investigación por el presunto pago con fondos municipales del suministro eléctrico de un emprendimiento privado.
La denuncia contra Laura Sánchez volvió a instalarse en el centro de la agenda política de la ciudad de San Luis. Esta vez, no sólo por la investigación judicial sobre el presunto pago con recursos municipales de un servicio eléctrico correspondiente a un predio privado, sino también por la fuerte reacción del bloque de concejales Justicialistas luego de que la Justicia dictara una restricción de acercamiento contra el concejal Andrés Russo.
En un comunicado titulado «La corrupción no se tapa con persecución ni represalias», los ediles justicialistas endurecieron el tono frente al oficialismo municipal y sostuvieron que la medida judicial forma parte de una estrategia destinada a «disciplinar» y «silenciar» a quienes impulsaron la denuncia penal.
La publicación no sólo reafirma la presentación realizada ante la Justicia, sino que también amplía las responsabilidades políticas señaladas por la oposición.
Denuncia contra Laura Sánchez: el eje del conflicto
Según el bloque justicialista, la investigación alcanza a la presidenta del Concejo Deliberante, Laura Sánchez; a la secretaria General de la Municipalidad, Fabiana Malamud; y a la funcionaria de Hacienda, Presupuesto y Finanzas, Andrea Bustos Lucero.
Los concejales calificaron el hecho denunciado como un «escandaloso acto de corrupción» y sostuvieron que la Municipalidad habría utilizado recursos públicos para afrontar facturas del servicio eléctrico de «Suela 13», un complejo deportivo privado que atribuyen a Sánchez.
En el comunicado afirman que el presunto pago representaría un perjuicio de varios millones de pesos para las arcas municipales.
Hasta el momento, esas afirmaciones forman parte de la denuncia presentada y deberán ser corroboradas o descartadas por la investigación judicial en curso.
La respuesta política llegó casi de inmediato
Para el bloque opositor, la restricción judicial dictada contra Andrés Russo no puede analizarse de manera aislada.
Los concejales sostienen que, tras conocerse la denuncia, el oficialismo impulsó una respuesta destinada a cambiar el eje del debate público.
En ese marco, acusaron a la administración municipal de intentar «desviar la atención social» y de utilizar mecanismos de presión política contra quienes realizaron la presentación judicial.
La oposición también cuestionó una aparente contradicción entre la política de ajuste aplicada por el Municipio —que incluyó aumentos de tasas y reducción del gasto— y el presunto pago con fondos públicos de un suministro eléctrico vinculado a un emprendimiento privado.
En política, pocas cosas generan tanto desgaste como pedirle esfuerzo al contribuyente mientras aparece una factura cuya dirección parece haberse equivocado de presupuesto.
La medida judicial contra Andrés Russo
El comunicado fue difundido pocos días después de que el Juzgado de Garantía N.º 3, a cargo del juez Marcos Flores Leyes, dispusiera una medida cautelar de restricción de acercamiento y contacto por 180 días contra el concejal Andrés Russo.
La resolución establece que Russo no podrá acercarse a Laura Sánchez dentro de un radio de 300 metros en determinados lugares ni mantener contacto directo o indirecto con ella, bajo apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia judicial.
La medida surge a partir de una denuncia presentada por la propia presidenta del Concejo Deliberante y se inscribe en un enfrentamiento político que lleva más de dos años.
El conflicto tuvo uno de sus momentos decisivos en diciembre de 2023, cuando Laura Sánchez abandonó el espacio político por el cual había sido elegida y conformó un bloque unipersonal que luego se alineó con el oficialismo municipal, movimiento que modificó el equilibrio de fuerzas dentro del cuerpo legislativo.
La versión del Municipio
Horas después del comunicado opositor, la secretaria de Servicios Públicos, Yanina Miranda, rechazó públicamente las acusaciones.
La funcionaria sostuvo que el suministro eléctrico cuestionado correspondía a un inmueble alquilado durante la gestión del exintendente Sergio Tamayo y aseguró que la Municipalidad había iniciado el trámite para dar de baja el medidor y cambiar la titularidad antes de la presentación de la denuncia penal.
Esa explicación constituye, por ahora, la posición oficial del Ejecutivo municipal frente al caso.
La investigación continúa
Más allá del intercambio político y de la creciente tensión institucional, el expediente continúa bajo análisis de la Justicia provincial.
Será la investigación la que determine si existió o no un uso irregular de fondos públicos, si hubo responsabilidades administrativas o penales y si efectivamente se produjo un perjuicio económico para el Municipio.
Mientras tanto, el clima político en el Concejo Deliberante se parece cada vez menos a un ámbito de debate parlamentario y cada vez más a una sala de espera judicial. Unos presentan denuncias, otros presentan descargos y los expedientes avanzan con una regularidad que las sesiones, probablemente, envidiarían.