Por Hector Acosta 
La audiencia de conciliación convocada por la Secretaría Electoral Nacional no logró acercar posiciones entre el oficialismo y el sector opositor de la Unión Cívica Radical de San Luis. Mientras Juan Álvarez Pinto defendió la legitimidad de su conducción y el cronograma electoral interno, José Riccardo ratificó la impugnación y aseguró que la actual conducción partidaria viola la Carta Orgánica.
La interna UCR San Luis sumó este lunes un nuevo episodio de una disputa que, lejos de resolverse en los ámbitos partidarios, parece encaminarse definitivamente hacia los tribunales federales. La audiencia de conciliación convocada por la Secretaría Electoral Nacional concluyó sin acuerdo entre el sector encabezado por el presidente partidario y actual ministro de Turismo y Cultura provincial, Juan Álvarez Pinto, y la línea interna Identidad Radical, representada por el exdiputado nacional José Riccardo.
El encuentro, que había generado expectativas sobre una posible salida política al conflicto, terminó confirmando algo que en los pasillos partidarios ya se daba prácticamente por descontado: ninguna de las partes está dispuesta a retroceder un centímetro.
Álvarez Pinto defendió la legitimidad de su conducción y sostuvo que la audiencia se desarrolló en el marco de la Ley de Partidos Políticos, destacando la importancia de resolver los conflictos dentro de la estructura partidaria antes de acudir a la judicialización.
«Siempre está la posición o la prioridad de que los propios integrantes de los partidos tratemos de resolver las diferentes cuestiones cuando no hay entendimiento», expresó el dirigente, quien además remarcó que ambas partes ratificaron las posiciones ya presentadas en los respectivos expedientes judiciales.
La discusión sobre la Carta Orgánica
El núcleo del conflicto continúa siendo la interpretación del artículo 138 de la Carta Orgánica de la UCR provincial. Para Riccardo, la norma es clara: los ministros y secretarios del Poder Ejecutivo no pueden integrar el Comité Ejecutivo Provincial del partido.
Bajo esa interpretación, Álvarez Pinto estaría impedido de ejercer simultáneamente como ministro del gobierno provincial y presidente de la Unión Cívica Radical.
Sin embargo, el actual titular partidario defendió las decisiones adoptadas por la Convención Provincial y ratificó la continuidad del cronograma electoral interno, cuyo próximo vencimiento relevante será el 4 de julio, fecha límite para la presentación de listas.
«Venimos a ratificar la decisión que ha tomado el órgano máximo de nuestro partido», afirmó, destacando además que la mayoría de las líneas internas ya realizaron las reservas correspondientes para participar del proceso electoral.
Como suele ocurrir en las internas partidarias argentinas, todos reivindican la institucionalidad, aunque cada sector la interprete desde veredas notablemente diferentes.
Judicialización y disputa política
Otro de los puntos centrales de la audiencia giró en torno al alcance de las decisiones judiciales ya adoptadas.
Álvarez Pinto sostuvo que no existe una suspensión general del proceso electoral y explicó que la Justicia decidió acumular expedientes antes de emitir una resolución definitiva. Además, afirmó que el magistrado interviniente dejó en claro que no pretende intervenir en la vida interna del partido.
El dirigente también recordó que llegó a la presidencia de la UCR mediante un acuerdo político amplio que, según aseguró, contó con el acompañamiento de los sectores que hoy cuestionan su continuidad.
«Yo fui elegido por consenso», remarcó, al tiempo que señaló que Identidad Radical mantiene representación en los órganos partidarios.
Pero del otro lado de la mesa, José Riccardo sostuvo una posición diametralmente opuesta.
Riccardo apunta contra la conducción y contra Poggi
El exdiputado nacional responsabilizó directamente a Álvarez Pinto por la situación institucional que atraviesa el radicalismo puntano y afirmó que el proceso electoral interno se desarrolla bajo un esquema que «viola sistemáticamente la Carta Orgánica».
Para Riccardo, el problema ya no se limita a una discusión partidaria sino que involucra aspectos institucionales de mayor alcance.
«La ley fundamental del partido es respetar la Ley de Partidos Políticos y la Constitución», sostuvo.
El dirigente opositor también cuestionó la interpretación realizada por el oficialismo respecto de las actuaciones judiciales y aseguró que la resolución definitiva quedará exclusivamente en manos de la Justicia Federal.
Además, elevó el tono político del conflicto al vincular directamente al gobernador Claudio Poggi con la disputa interna del radicalismo provincial.
«Es Poggi interfiriendo en la vida interna de los partidos políticos», afirmó, argumentando que la permanencia de Álvarez Pinto al frente de la UCR mientras ejerce funciones ministeriales constituye una vulneración de la normativa partidaria.
Riccardo también cuestionó la legitimidad del cronograma electoral vigente, al considerar que la convocatoria fue realizada por autoridades cuya legalidad se encuentra bajo discusión.
«Está viciado de nulidad absoluta e insanable», aseguró, advirtiendo además que el adelantamiento de los plazos afecta la capacidad organizativa de los afiliados.
Una interna que ya se juega en tribunales
La audiencia de conciliación dejó en evidencia que la instancia política aparece prácticamente agotada dentro del radicalismo puntano.
Mientras la conducción partidaria insiste en avanzar con el calendario electoral y sostiene la plena legitimidad de sus autoridades, el sector opositor apuesta a una resolución judicial que podría redefinir el futuro institucional de la UCR de San Luis.
Por ahora, el único consenso real parece ser que la discusión continuará. La diferencia está en el escenario: unos pretenden resolverla en las urnas partidarias y otros en los estrados judiciales.