Por Hector Acosta 
La secretaria de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Luis, Yanina Miranda, rechazó las acusaciones formuladas por el bloque de concejales justicialistas sobre el presunto pago con fondos públicos del suministro eléctrico de un predio privado. La funcionaria afirmó que el inconveniente había sido detectado previamente por la administración municipal, que ya se encontraba gestionando el cambio de titularidad y la correspondiente refacturación del servicio.
La Yanina Miranda respondió a la denuncia presentada por el bloque de concejales del Partido Justicialista con un mensaje que buscó despejar las sospechas alrededor del suministro eléctrico cuestionado y fijar la posición oficial del Ejecutivo municipal.
Durante una conferencia de prensa, la secretaria de Servicios Públicos fue contundente desde el inicio.
«Primero me parece obvio reafirmar que la Municipalidad en esta gestión nunca brindó suministro energético a algún particular.»
La afirmación constituye la principal línea defensiva del Municipio frente a una denuncia que investiga si recursos públicos fueron utilizados para abonar el servicio eléctrico de un inmueble privado presuntamente vinculado a la presidenta del Concejo Deliberante, Laura Sánchez.
El origen del inmueble, según el Municipio
Miranda explicó que el inmueble señalado por la oposición había sido alquilado durante la gestión del exintendente Sergio Tamayo y que la administración de Gastón Hissa decidió rescindir ese contrato.
Según detalló, el proceso no fue inmediato debido a inconvenientes con el propietario del inmueble, quien —aseguró— demoró la recepción formal de las llaves.
La funcionaria sostuvo que, una vez finalizada la relación contractual, el propietario no habría dado de baja el suministro eléctrico antes de volver a alquilar el lugar.
De acuerdo con esa explicación, el inconveniente no obedecería a una decisión política de mantener un beneficio hacia un particular, sino a una situación administrativa derivada del cierre del contrato de alquiler.
Más de 500 medidores bajo administración municipal
Uno de los argumentos utilizados por Miranda para contextualizar el caso fue la magnitud de la infraestructura eléctrica administrada por el Municipio.
Según explicó, la Municipalidad gestiona más de 500 NIS (Número de Identificación del Suministro) correspondientes a edificios públicos, inmuebles alquilados, tableros de alumbrado, semáforos y distintas dependencias municipales.
En ese contexto afirmó que los controles sobre consumos, facturación y titularidades son permanentes.
Cuando detectaron que el medidor cuestionado seguía vinculado al Municipio, aseguró, se inició el trámite correspondiente.
«En el momento en que se detectó que no se había dado de baja ese NIS, se tramitó la baja, el cambio de titularidad y se pidió la refacturación.»
En otras palabras, la defensa oficial sostiene que el error fue advertido por la propia administración antes de convertirse en un expediente judicial.
La nota de crédito y el trámite con la distribuidora
Miranda agregó que, producto de las gestiones realizadas, la empresa distribuidora emitió posteriormente una nota de crédito a favor del Municipio.
Según indicó, esa compensación responde al período facturado que ya no correspondía a la administración municipal.
No obstante, la funcionaria reconoció que desconoce el monto exacto de dicha nota de crédito.
Ese dato no es menor. Justamente uno de los aspectos que buscará establecer la investigación será si existió un perjuicio económico efectivo para las arcas municipales y, en caso afirmativo, cuál fue su dimensión.
Porque en una causa de estas características, los números suelen pesar bastante más que las conferencias de prensa.
«El trámite comenzó antes de la denuncia»
Otro de los puntos centrales de la exposición fue el momento en que el Municipio inició las gestiones administrativas.
Miranda aseguró que el pedido de baja del suministro y el cambio de titularidad fueron realizados antes de que los concejales del Partido Justicialista presentaran la denuncia penal.
También afirmó que el Ejecutivo municipal no recibió hasta el momento ninguna notificación formal de la causa.
«No hemos sido notificados por ningún medio. Son cosas que se están comentando en las redes, más que nada.»
La declaración busca instalar que, al menos hasta ahora, el expediente aún no produjo efectos procesales sobre la administración municipal.
La denuncia que abrió el conflicto
La semana pasada, el bloque de concejales justicialistas denunció penalmente a Laura Sánchez al sostener que la Municipalidad abonaba el suministro eléctrico correspondiente a un predio ubicado sobre República Árabe de Siria 2702, donde funcionan canchas de fútbol que vinculan con la presidenta del Concejo Deliberante.
El concejal Andrés Russo aseguró que las facturas figuraban a nombre de la Municipalidad y estimó que los pagos mensuales oscilarían entre 500.000 y 700.000 pesos.
La presentación solicita que la Justicia determine si efectivamente existió un uso irregular de fondos públicos y si ello ocasionó un perjuicio económico al Municipio.
Por ahora existen dos versiones claramente contrapuestas.
La oposición sostiene que hubo un uso indebido de recursos municipales.
El Ejecutivo afirma que se trató de una situación administrativa detectada y corregida antes de la denuncia.
Será la investigación judicial la que deberá establecer cuál de esos relatos coincide con los hechos, porque en materia penal las conferencias sirven para fijar posiciones políticas, pero las pruebas son las que finalmente encienden —o apagan— la luz del expediente.