Por Hector Acosta 
La interna de la UCR San Luis sumó esta semana un capítulo que probablemente ningún manual de formación partidaria recomienda como estrategia electoral: terminar discutiendo la Carta Orgánica frente a un juez federal.
El Juzgado Federal de San Luis declaró la nulidad de las resoluciones N° 2, 3, 4 y 5 dictadas durante 2026 por el Comité Ejecutivo Provincial de la Unión Cívica Radical, al entender que ese órgano partidario carecía de facultades para modificar disposiciones establecidas en la propia Carta Orgánica del partido.
La resolución judicial hizo lugar al amparo presentado por el exdiputado nacional José Luis Riccardo junto a otros afiliados radicales, quienes cuestionaron las decisiones adoptadas por la conducción partidaria respecto del cronograma y la organización de las elecciones internas.
Interna de la UCR San Luis: la Justicia habló de competencias y reglas
El juez federal Juan Esteban Maqueda fue categórico en uno de los aspectos centrales del conflicto: el Comité Ejecutivo Provincial no podía suspender, alterar ni reinterpretar normas que corresponden exclusivamente a la Convención Provincial.
Traducido del lenguaje jurídico al lenguaje político cotidiano: no se puede modificar el reglamento del partido desde una oficina administrativa porque el calendario electoral se volvió incómodo o porque la correlación de fuerzas ya no resulta tan favorable como se esperaba.
El magistrado sostuvo además que las resoluciones cuestionadas afectaban principios esenciales del funcionamiento partidario, entre ellos la representación política, la alternancia de autoridades, la participación de los afiliados y la previsibilidad de los procesos electorales.
Y en política, como en el fútbol amateur o en los consorcios conflictivos, la previsibilidad suele desaparecer exactamente cuando más falta hace.
Errores, contradicciones y un cronograma que terminó judicializado
El fallo también expuso diversas irregularidades formales que, lejos de ser detalles administrativos menores, terminaron fortaleciendo la impugnación presentada por los afiliados.
Entre las observaciones judiciales aparecen contradicciones en las fechas previstas, errores en la numeración de artículos y convocatorias que generaban incertidumbre sobre cómo y cuándo debía desarrollarse efectivamente la elección interna.
La situación produjo una paradoja difícil de ignorar: un partido cuya principal bandera histórica ha sido la defensa de las instituciones terminó discutiendo ante la Justicia quién estaba autorizado a aplicar sus propias normas internas.
No deja de ser una postal política peculiar. La Unión Cívica Radical, partido que atravesó revoluciones, proscripciones, retornos democráticos y alianzas de toda naturaleza imaginable, quedó atrapada esta vez en una disputa sobre reglamentos, competencias y formalidades administrativas. Una especie de thriller burocrático con boinas blancas.
Se suspendió la elección del 23 de agosto
Como consecuencia directa de la sentencia, la elección interna prevista para el próximo 23 de agosto quedó sin efecto y la UCR deberá elaborar un nuevo cronograma ajustado tanto a la Carta Orgánica Nacional como a la Carta Orgánica Provincial.
La decisión judicial no define ganadores ni perdedores electorales. Tampoco establece quién conducirá el partido. Lo que sí hace es obligar a que la competencia política vuelva a desarrollarse dentro de las reglas vigentes.
José Luis Riccardo, uno de los impulsores del amparo, sostuvo tras conocerse el fallo que la resolución «no representa una victoria personal ni sectorial», sino un reconocimiento a la institucionalidad y al cumplimiento de las normas partidarias.
Un nuevo capítulo de una disputa que está lejos de terminar
La interna radical puntana arrastra desde hace meses una disputa que excede los nombres propios y expone una discusión más profunda sobre la conducción, la representación y el futuro político del partido en San Luis.
El fallo judicial no clausura el conflicto. Por el contrario, abre una nueva etapa. Porque cuando la Justicia ordena volver al punto de partida, en política rara vez significa empezar de cero: significa volver a discutir todo otra vez.
Y si algo ha demostrado históricamente el radicalismo argentino es que puede perder elecciones, reinventarse, dividirse, reunificarse y volver a dividirse con una persistencia que merecería reconocimiento patrimonial.
Por ahora, la única certeza es jurídica: las resoluciones fueron anuladas, la interna quedó suspendida y la UCR puntana deberá reescribir su hoja de ruta.
La otra certeza, estrictamente política, es que el próximo capítulo de esta historia probablemente tampoco se escribirá en silencio.