Por Hector Acosta 
En política existe una regla no escrita: cuando aparece un problema real, siempre habrá alguien dispuesto a transformarlo en un espectáculo. Y eso parece haber ocurrido en el Concejo Deliberante de La Punta.
Detrás de los gritos, los videos viralizados y las acusaciones de «cajoneo», hay un dato que algunos prefirieron omitir cuidadosamente: el pasado 1 de junio, autoridades del Concejo Deliberante mantuvieron una reunión con los vecinos afectados por la instalación de la antena ubicada en la zona de Autopista 25 de Mayo, kilómetro 6.
Durante ese encuentro, el concejal Marcos Barzola y la presidenta del cuerpo, Roxana Oros, recibieron a los vecinos, dialogaron sobre la situación y pusieron a disposición la documentación con la que contaba el Concejo en ese momento. Además, explicaron cuál era el procedimiento administrativo y legal que debía seguirse, considerando que parte de las actuaciones se encontraban aún dentro de instancias que excedían las facultades directas del cuerpo deliberativo.
Pero claro. Explicar procedimientos administrativos nunca genera tantos clics como filmar una discusión en una sesión.
Semanas después, el bloque justicialista decidió presentar dos proyectos vinculados al tema. En términos políticos, la jugada era impecable: tomar una preocupación genuina, presentarse como únicos defensores de los vecinos y, de paso, instalar la idea de que el oficialismo pretendía ocultar información.
En este video se ve como Bastias da algunas directivas
El problema es que la realidad administrativa suele ser bastante menos cinematográfica que los discursos de barricada.
Cuando el oficialismo votó negativamente los proyectos para derivar el tratamiento sobre tablas a comisión, la explicación fue clara: no existían aún todos los elementos técnicos y administrativos necesarios para emitir una respuesta seria y responsable. Porque una comisión, por definición, no es un cementerio de expedientes. Es el ámbito donde se estudian los temas que requieren análisis específico.
Sin embargo, durante la sesión, el debate dejó rápidamente de girar alrededor de la antena y comenzó a girar alrededor de una estrategia política mucho más conocida: instalar la idea de que todo aquello que no se aprueba inmediatamente constituye un «cajoneo».
Con esa lógica, una derivación a comisión sería equivalente a una desaparición administrativa. Una teoría novedosa del derecho parlamentario que seguramente merecería su propia cátedra universitaria.
La política de la indignación selectiva
El punto más llamativo de toda la discusión es que, mientras se acusaba al oficialismo de ocultar información, por parte de la oposición poco se explicó a los vecinos sobre cuál era el procedimiento real que debía continuar el expediente.
Porque acompañar a los vecinos no consiste únicamente en amplificar su enojo frente a una cámara. También implica explicarles cuáles son las competencias institucionales, cuáles son los tiempos administrativos y cuáles son las herramientas legales disponibles.
Y allí es donde el relato comenzó a mostrar algunas fisuras.
La discusión dejó de ser sobre la ubicación de la antena, sobre las habilitaciones o sobre la documentación requerida. La discusión pasó a ser sobre quién lograba capitalizar políticamente el malestar social.
Los vecinos tienen derecho a exigir respuestas. Tienen derecho a reclamar información. Y tienen derecho a cuestionar las decisiones públicas que los afectan.
Pero también tienen derecho a no ser utilizados como extras involuntarios en una puesta en escena política mientras quienes deberian legislar se esconden detras de la pantalla de un telefono.
La sesión del Concejo Deliberante de La Punta dejó una enseñanza incómoda: cuando la necesidad de construir un conflicto político supera la necesidad de resolver un problema concreto, el debate público deja de buscar respuestas y empieza a buscar culpables.
Y en ese escenario, la antena terminó siendo lo de menos.
Lo verdaderamente importante era quién se quedaba con la mejor escena del escándalo.