Por Hector Acosta 
La diputada Sosa Araujo rechazó el pedido de desafuero de Beltrán y sostuvo que la solicitud resulta “prematura e insuficientemente fundada”, al considerar que la causa judicial todavía se encuentra en la primera etapa del proceso penal: la investigación.
Durante su intervención en el recinto, la legisladora defendió el despacho por minoría presentado por su bloque y cuestionó los fundamentos del despacho por mayoría.
“El proceso penal tiene tres etapas. Estamos en la primera etapa, que es la etapa de investigación. El fiscal está trabajando, está actuando”, sostuvo Sosa Araujo.
Según explicó, la causa lleva más de dos años y, en ese contexto, planteó que el debate que debía resolver la Cámara era si correspondía avanzar con el desafuero de un legislador mientras la investigación todavía se encuentra en desarrollo.
Desafuero de Beltrán: Sosa Araujo cuestionó que sea necesario en esta etapa
Uno de los argumentos centrales de la diputada estuvo relacionado con las propias facultades del fiscal que interviene en la causa.
Sosa Araujo hizo referencia a declaraciones públicas del fiscal, difundidas en un medio periodístico el 19 de agosto, y sostuvo que de ellas surge que la investigación puede continuar sin necesidad de levantar los fueros del legislador.
“¿Han embarrado la cancha? O sea, ¿que puede seguir investigando? No necesita el desafuero el fiscal. Lo dice él claramente”, señaló durante su exposición.
A partir de ese planteo, la legisladora sostuvo que el Parlamento debía analizar no solamente la situación particular del diputado, sino también las consecuencias institucionales que puede tener una decisión de estas características.
“Defender a un diputado frente a un desafuero no significa sostener que está por encima de la ley. Significa exigir que cualquier investigación o proceso judicial se desarrolle respetando plenamente el debido proceso, el derecho de defensa y las garantías establecidas en la Constitución”, afirmó.
La defensa de las instituciones como eje del planteo
Sosa Araujo puso el foco en la división de poderes, la independencia del Poder Legislativo y el respeto de las garantías constitucionales.
En ese sentido, sostuvo que la Justicia debe poder investigar y actuar, pero que también deben preservarse las condiciones necesarias para que el Poder Legislativo pueda cumplir libremente con su función.
“Esto no significa que un legislador deba ser inmune frente a la ley. Por el contrario, todos los ciudadanos, incluidos quienes ocupamos cargos públicos, debemos responder ante la Justicia cuando corresponda”, expresó.
La diputada planteó que la cuestión pasa por garantizar que cada institución actúe dentro de sus competencias y bajo las reglas establecidas por la Constitución.
“Precisamente porque la República se sostiene sobre la división de poderes, cada institución debe actuar dentro de sus competencias y respetando las garantías constitucionales”, agregó.
“Las garantías constitucionales deben defenderse para todos”
Uno de los momentos centrales de la intervención llegó cuando Sosa Araujo sostuvo que la defensa de las instituciones debe mantenerse incluso cuando se trate de un adversario político.
“Comprometido con la República debe defender este principio incluso cuando se trate de un adversario político, porque la defensa de las instituciones pierde su verdadero sentido si solamente se sostiene cuando nos beneficia”, afirmó.
La legisladora sostuvo además que las garantías constitucionales deben defenderse “para todos”, incluso cuando hacerlo pueda resultar difícil o impopular.
En su exposición enumeró como principios fundamentales de la República la división de poderes, la igualdad y la ley, la libertad, el respeto por los derechos, la responsabilidad de quienes ejercen funciones públicas y la participación ciudadana.
Desde esa perspectiva, planteó que el desafuero no debería ser entendido como una herramienta para garantizar privilegios, sino como un mecanismo institucional cuyo uso debe estar sujeto a las condiciones previstas por la Constitución y la ley.
“Defender a un legislador frente a un desafuero no significa defender privilegios. Significa defender el principio de que nadie puede ser apartado de su función institucional por razones políticas y que toda actuación del Estado debe someterse a la Constitución y a la ley”, sostuvo.
La advertencia sobre la representación popular
Sosa Araujo también advirtió que una decisión de desafuero no necesariamente afecta solamente al legislador involucrado.
“Cuando se vulneran las garantías de un diputado no solamente se afecta una persona; puede afectarse también la representación de miles de ciudadanos”, expresó.
En esa línea, vinculó la discusión con la independencia del Poder Legislativo y con el riesgo de que una decisión institucional pueda quedar condicionada por una mayoría circunstancial.
La diputada formuló entonces una pregunta que concentró buena parte de su argumento: “¿El desafuero constituye realmente una medida necesaria para garantizar el funcionamiento de la Justicia y el cumplimiento de la ley o estamos ante una utilización política de una herramienta institucional que podría afectar la representación popular, la división de poderes y las garantías constitucionales?”.
Para Sosa Araujo, ese interrogante debe interpelar al conjunto del cuerpo legislativo.
Finalmente, cuestionó que las decisiones parlamentarias que no cuenten con “estricto rigor jurídico” y respeto por las garantías constitucionales puedan convertir al desafuero en una herramienta utilizada de manera prematura, alejándolo de su carácter de última y excepcional instancia.
“Por respeto al debido proceso, a la institucionalidad republicana y a la democracia es que rechazamos este desafuero”, concluyó la diputada.