Por Hector Acosta 
El concejal albertista Martín Bastías convirtió el control de los recursos públicos en una de sus principales banderas políticas. Sin embargo, un decreto oficial del Gobierno de San Luis confirma que su hija fue beneficiaria de una asistencia financiera provincial por $4 millones. El crédito no implica, por sí mismo, ninguna irregularidad. La pregunta política aparece en otro lugar: la coherencia entre el discurso y la propia realidad familiar.
Martín Bastías suele hablar de transparencia. Reclama explicaciones, cuestiona el destino de los fondos públicos y se presenta en el Concejo Deliberante de La Punta como uno de los principales fiscales de aquello que considera un manejo discrecional de los recursos del Estado.
El problema es que ahora apareció un documento oficial que coloca ese discurso frente a un espejo.
El Decreto N.º 12487-MDP-2025, firmado el 29 de junio de 2025 y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, aprobó un proyecto presentado por Camila Abigail Bastías Molina dentro del programa “Mi Próximo Paso – Segunda Edición”. El decreto establece la homologación del contrato de mutuo y autoriza una asistencia financiera de $4.000.000 para un emprendimiento de producción alimenticia artesanal en la ciudad de San Luis.
Es un programa estatal de asistencia financiera, existe un decreto que lo formaliza y el propio documento oficial deja constancia del contrato de mutuo. No corresponde transformar automáticamente un beneficio estatal en una irregularidad.
Pero Bastías no ocupa el lugar de un ciudadano cualquiera.
Es concejal de La Punta y construyó buena parte de su discurso político alrededor de la fiscalización del dinero público. De hecho, en agosto de este año impulsó pedidos de informes vinculados con ayudas sociales municipales y cuestionó públicamente los criterios utilizados para distribuir recursos, reclamando información sobre beneficiarios y montos.
Entonces aparece la pregunta incómoda, esa que no necesita gritos ni adjetivos para hacerse escuchar:
¿El criterio para controlar los recursos públicos también se aplica cuando el Estado beneficia a alguien del propio entorno familiar?
Porque una cosa es cuestionar la existencia de una ayuda, un crédito o un programa estatal. Otra, bastante distinta, es discutir si se aplican criterios diferentes dependiendo de quién recibe el beneficio.
Y ahí está el verdadero punto político.
LA LETRA DEL DECRETO Y LA LETRA CHICA DEL DISCURSO
El documento oficial establece que los $4 millones corresponden a una asistencia financiera bajo un contrato de mutuo. Es decir, no estamos frente a una transferencia que el decreto presente como una donación.
Lo que no surge del documento publicado es el estado actual de devolución del crédito.
Por eso, la pregunta concreta que podría responder Bastías —si decide hacerlo— es sencilla: ¿cuál es actualmente el estado del préstamo otorgado a su hija y bajo qué condiciones fue instrumentado?
No hay que inventar una sospecha cuando alcanza con pedir documentación.
De hecho, esa parece ser la lógica que el propio concejal utiliza cuando cuestiona a otros funcionarios: pedir papeles, exigir explicaciones y reclamar transparencia.
La vara, entonces, debería ser la misma.
EL CONCEJAL QUE PROMETIÓ TRABAJAR “AD HONOREM”
La discusión sobre el dinero público tampoco es nueva alrededor de Bastías.
Al asumir su banca en diciembre de 2025, anunció que trabajaría “ad honorem”. Sin embargo, posteriormente comenzó a percibir la dieta correspondiente al cargo. Cobrar una dieta como concejal no constituye, por sí mismo, una irregularidad. El punto político fue la diferencia entre aquella promesa pública y lo que finalmente ocurrió.
Otra vez aparece la misma cuestión: no necesariamente la legalidad, sino la coherencia entre lo que se proclama y lo que se hace.
Porque si la política pretende construir credibilidad a partir de la transparencia, las contradicciones terminan siendo más ruidosas que cualquier conferencia de prensa.
DENUNCIAS, JUSTICIA Y LA EXPLICACIÓN DE LA “PERSECUCIÓN”
Durante 2026, Bastías también quedó involucrado en distintos episodios judiciales.
En marzo, el secretario legislativo del Concejo Deliberante, lo denunció por amenazas y una presunta agresión física después de una sesión. Bastías negó haberlo golpeado y sostuvo que se trató de una discusión verbal. Posteriormente, en mayo, la Justicia le formuló cargos por el delito de amenazas.
En abril, además, una vecina presentó una denuncia por una presunta estafa vinculada con $1.800.000 que, según su presentación judicial, había entregado para la reparación de un automóvil que finalmente no habría sido realizada. El expediente quedó en manos de la Justicia. Se trata de una denuncia, no de una condena.
Frente a las acusaciones vinculadas con el episodio del Concejo, su defensa habló de una “persecución política”.
Y esa explicación también forma parte de la historia política de Bastías: ante los cuestionamientos, el dirigente suele ubicarse en el lugar del perseguido.
Puede ser una estrategia política. Puede ser una convicción personal. Pero hay una diferencia importante entre denunciar una persecución y demostrar que existe.
Mientras tanto, los expedientes judiciales siguen su propio camino.
EL PROBLEMA NO ES RECIBIR. EL PROBLEMA ES LA DOBLE VARA
Bastías tiene derecho a cuestionar al Gobierno provincial, a criticar al municipio y a exigir que cada peso público sea explicado.
Precisamente por eso, la misma exigencia debería funcionar hacia adentro.
Si una asistencia financiera estatal es legítima, que se explique.
Si el crédito fue otorgado bajo las condiciones previstas por el programa, que se documente.
Si continúa vigente, que se informe.
Y si fue cancelado, que también se diga.
Porque el problema no es que una familia acceda a una herramienta creada por el Estado. El problema político aparece cuando quien utiliza el control de los recursos públicos como argumento central de su actividad institucional queda obligado a responder las mismas preguntas que formula sobre los demás.
La política tiene una vieja costumbre: pedir transparencia hacia afuera y olvidar que los vidrios de las casas propias también son transparentes.
En La Punta, Bastías decidió ocupar el lugar del fiscal político del dinero público.
Ahora, simplemente, aparece una oportunidad para saber si acepta para su propio entorno familiar la misma vara con la que mide a los demás.
Y quizás ahí esté la verdadera discusión.
No en los $4 millones.
No en el programa.
No siquiera en el apellido.
En la vara.