Por Hector Acosta 
Identidad Radical denunció un intento de “proscripción” y cuestionó a la Junta Electoral de la UCR. Una hora después, la Justicia Electoral revocó parcialmente la exclusión de la Lista 10.
Identidad Radical salió a denunciar una supuesta “proscripción” en las elecciones internas de la UCR de San Luis y apuntó contra la Junta Electoral partidaria. Pero la conferencia de prensa quedó rápidamente atravesada por una novedad judicial: apenas una hora después de la exposición, la Justicia Electoral hizo lugar a la apelación presentada por la Lista 10 y revocó parcialmente la decisión que había dejado al sector fuera de competencia.
La conferencia estuvo encabezada por Héctor Urquiza, Daniel Mariani, José Riccardo y Fidel Haddad, quienes cuestionaron el proceso interno y plantearon distintas objeciones contra las decisiones adoptadas por la conducción partidaria.
Justicia Electoral y la Lista 10: el escenario cambió en una hora
Urquiza concentró su exposición en las irregularidades que, según Identidad Radical, se produjeron durante el proceso electoral. Afirmó que el sector recurrirá a todas las instancias disponibles para garantizar su participación.
Uno de los principales cuestionamientos estuvo dirigido contra la oficialización de Radicales Unidos, Lista 133, encabezada por el actual presidente de la UCR y ministro de Turismo y Cultura, Juan Álvarez Pinto.
Identidad Radical había presentado más de 60 impugnaciones contra candidatos de ese espacio, relacionadas, entre otros aspectos, con la cantidad mínima de postulantes, incompatibilidades y otros requisitos previstos por la Carta Orgánica.
Según Urquiza, esos planteos no fueron resueltos antes de que la Junta proclamara a Radicales Unidos. “Hoy la Lista 133 no está en condiciones de participar”, sostuvo, y aseguró que, salvo en Pedernera, las nóminas presentadas en los demás departamentos no cumplirían con los porcentajes mínimos de candidatos exigidos.
Se trata de la posición planteada por Identidad Radical frente a decisiones que, de acuerdo con el material difundido, continúan siendo objeto de presentaciones judiciales.
Urquiza también respondió a las acusaciones formuladas días atrás por Álvarez Pinto, quien había señalado que algunos afiliados fueron incluidos en las listas de Identidad Radical sin su consentimiento y había mencionado denuncias por presuntas falsificaciones de firmas.
“Nosotros tenemos el consentimiento del afiliado, tenemos la declaración jurada, la aceptación firmada de puño y letra de cada uno”, respondió Urquiza.
Mariani, en la misma línea, anunció que comenzó a enviar cartas documento para que quienes realizaron esas acusaciones las ratifiquen o rectifiquen. Además, cuestionó políticamente a la conducción partidaria y la vinculó con el gobernador Claudio Poggi.
Riccardo cargó contra Álvarez Pinto, Poggi e Hissa
Las críticas más fuertes estuvieron a cargo de José Riccardo, quien respondió primero a los cuestionamientos de Álvarez Pinto sobre su desempeño como diputado nacional.
El exrector de la UNSL reivindicó como parte de su actividad legislativa la ley de Zona Fría para San Luis y las normas de financiamiento del sistema científico y tecnológico y de educación durante la pandemia.
Luego apuntó directamente contra la conducción de la UCR.
“La Unión Cívica Radical perdió la soberanía política, la independencia política, porque está conducida por empleados de Claudio Poggi”, afirmó Riccardo, incluyendo en ese planteo a Álvarez Pinto, José Picco e integrantes de la Junta Electoral partidaria.
Riccardo sostuvo además que la UCR puntana está “manejada por el Poder Ejecutivo” y calificó a sus actuales dirigentes como “marionetas”.
En ese marco, lanzó una dura crítica contra la gestión provincial y afirmó que la de Poggi es “el peor gobierno de la democracia de San Luis”.
“Cada día hay menos trabajo en San Luis, cada día hay menos inversiones, cada día los hospitales funcionan peor, cada día los docentes reciben más apriete, cada día los empleados públicos reciben más apriete por criticar lo que está pasando”, sostuvo.
El dirigente también aseguró que el espacio que integra buscará tener protagonismo en las elecciones de 2027 y lanzó una advertencia política: “Se van a sorprender en la elección del año que viene”.
Para Riccardo, las diferencias con Poggi forman parte de las razones que explican el enfrentamiento dentro del radicalismo. Según sostuvo, quienes actualmente conducen el partido “están festejando tener cargos en el Gobierno”, mientras Identidad Radical pretende construir una alternativa.
También hubo críticas contra Gastón Hissa
Riccardo extendió sus cuestionamientos al intendente de la ciudad de San Luis, Gastón Hissa, cuya gestión calificó en términos igualmente duros.
“¿A usted le parece que está pasando por el mejor de sus períodos con la intendencia que tenemos? Debe haber habido pocas intendencias más desastrosas que esta”, afirmó.
El exdiputado utilizó ese planteo para cuestionar el silencio que, según considera, mantiene la conducción radical frente a las administraciones que forman parte del frente oficialista.
También mencionó la situación de Potrero de los Funes y planteó que el partido perdió capacidad para cuestionar políticas públicas debido a la participación de dirigentes radicales en el Gobierno provincial.
“¿Ustedes escucharon algún dirigente del partido hablar de la situación de la ciudad de San Luis?”, preguntó.
Haddad, por su parte, repasó las controversias surgidas durante el proceso interno, entre ellas la creación de subcircuitos, las presentaciones de listas y el artículo de la Carta Orgánica que Identidad Radical invoca para cuestionar que Álvarez Pinto ejerza simultáneamente la presidencia partidaria y un cargo en el Poder Ejecutivo.
Un fallo judicial modificó el tablero
Cuando había pasado aproximadamente una hora desde la conferencia, llegó la novedad que alteró el escenario.
La Justicia Electoral hizo lugar al recurso presentado contra la exclusión de Identidad Radical.
Según la parte resolutiva difundida por el propio sector, la Justicia hizo lugar a la apelación interpuesta bajo el artículo 32 de la Ley 23.298 y revocó parcialmente el Acta N° 15 de la Junta Electoral Permanente, específicamente en el punto que había decidido no oficializar a la Lista 10.
La resolución declaró, siempre según el fragmento difundido por Identidad Radical, vigente la oficialización de sus candidaturas que había sido dispuesta previamente mediante el Acta N° 10.
Así, el escenario de la interna radical volvió a cambiar prácticamente en tiempo real. Identidad Radical había iniciado la jornada denunciando un intento de “proscripción” y cuestionando a la Junta Electoral. Poco después, una resolución judicial revocó parcialmente la exclusión de la Lista 10.
El conflicto, lejos de cerrarse, quedó nuevamente abierto alrededor de las impugnaciones, la conformación de las listas y las decisiones adoptadas durante el proceso interno, con las elecciones fijadas para el 25 de octubre.