Por Hector Acosta 
El debate por el pase a archivo del expediente 170 terminó en un fuerte intercambio entre los concejales Barzola y Roldán, con acusaciones sobre el alcance de una ordenanza y el beneficio recibido por una institución.
El pase a archivo del expediente 170-HCDCDLP-2026 terminó convirtiéndose en uno de los momentos más tensos de la sesión del Honorable Concejo Deliberante de La Punta. Lo que comenzó como el tratamiento de un pedido de informe derivó en un fuerte intercambio entre los concejales Barzola y Roldán, a partir de la aplicación de la Ordenanza 538 y los beneficios otorgados a instituciones vinculadas con la educación.
El expediente había surgido a partir de un pedido de informe presentado el 29 de julio, referido a la situación de la Ordenanza 538, que establecía un plan de regularización para instituciones vinculadas a la educación, con una moratoria y descuentos.
Según explicó Barzola al pedir la palabra, el municipio remitió aproximadamente dos semanas después la información solicitada. Allí se detallaba la situación de los establecimientos, sus deudas, convenios y formularios correspondientes.
El concejal sostuvo que, transcurrido aproximadamente un mes y sin nuevas actuaciones vinculadas al expediente, consideraba lógico que se dispusiera su pase a archivo.
Hasta ahí, parecía un trámite administrativo más. Pero la discusión tomó otro rumbo.
Pase a archivo del expediente 170-HCDCDLP-2026: el planteo de Roldán
La concejala Roldán cuestionó que el expediente fuera archivado y anticipó que no acompañaría el despacho de la comisión.
Su argumento estuvo centrado en el beneficio que, según planteó, había recibido un establecimiento conducido por el concejal Barzola. Roldán sostuvo que la Ordenanza 538 establecía que el beneficio estaba destinado exclusivamente a establecimientos educativos y afirmó que la institución mencionada no encuadraría dentro de esa categoría.
En ese contexto, reclamó que Barzola devolviera al municipio el dinero correspondiente al beneficio recibido.
La concejala fue más allá y sostuvo que, de acuerdo con su interpretación de lo ocurrido, podrían configurarse figuras como peculado, malversación de caudales públicos o enriquecimiento ilícito. Se trata de afirmaciones realizadas durante el debate legislativo y atribuidas a Roldán, quien planteó que la situación debía corregirse dentro del propio expediente antes de avanzar hacia una eventual judicialización.
El planteo cambió completamente el tono del tratamiento. El expediente que estaba camino al archivo pasó a convertirse en el centro de una discusión política y administrativa donde no se entiende si el planteo es por adecuarse al beneficio o por estar en contra de que se adecue una institucion que se dedica a la ensañanza y contencion dentro del ambito de la salud.
Barzola respondió y pidió llevar las acusaciones a la Justicia
Frente a las afirmaciones de Roldán, Barzola tomó nuevamente la palabra y explicó su posición respecto de las instituciones vinculadas con discapacidad.
El concejal reconoció que esas instituciones no forman parte del sistema educativo, sino que corresponden al área de salud. Sin embargo, sostuvo que en aquel momento había celebrado que el municipio las hubiera contemplado dentro del régimen de beneficios establecido por la ordenanza.
Barzola fundamentó esa postura en la situación que atravesaban las instituciones vinculadas con discapacidad y en el riesgo de cierre que, según expresó, existía en ese contexto.
“Yo en ese momento creo que dije que celebraba que si bien las instituciones vinculadas a discapacidad no estábamos dentro del sistema educativo, yo celebraba que el municipio nos hubiese tenido en cuenta y nos hubiese incluido”, expresó.
El concejal también rechazó el tono de las acusaciones y lanzó un desafío directo a Roldán: si consideraba que había existido una conducta ilegal, que llevara el planteo a la Justicia.
“Todo lo que tenga que llevar a la Justicia, por favor, tome nota y hágalo”, reclamó Barzola, quien aseguró que desde la institución responderían si correspondía hacerlo.
El intercambio terminó con una frase que sintetizó el clima del recinto: “Me parece que hablar en el recinto por hablar, sin ningún justificativo, y decir que se va a ir a la Justicia… por favor, vaya a la Justicia”, sostuvo.
Así, el tratamiento del expediente 170-HCDCDLP-2026 dejó de ser solamente una discusión sobre si correspondía archivarlo. El debate expuso dos posiciones contrapuestas: por un lado, la consideración de que el municipio había incluido deliberadamente a instituciones vinculadas con discapacidad dentro de un régimen excepcional; por el otro, el cuestionamiento de que ese beneficio pudiera haberse aplicado a una institución que, según Roldán, no estaba comprendida por la Ordenanza 538.
El expediente, que llegó al recinto con destino de archivo, terminó abriendo una discusión mucho más incómoda: qué instituciones estaban realmente alcanzadas por la norma, cómo se aplicaron los beneficios y si correspondía revisar lo actuado antes de cerrar definitivamente el trámite.
Por ahora, las acusaciones sobre posibles delitos quedaron planteadas en el recinto como parte del intercambio entre los concejales. Barzola, en tanto, dejó expresamente abierta la posibilidad de responder ante la Justicia si Roldán decidía avanzar por esa vía.
