Por Hector Acosta 
En la política moderna hay una estrategia que se repite demasiado. Cuando aparecen denuncias incómodas, audios comprometedores, testigos y pruebas difíciles de explicar, algunos dirigentes ya no responden por los hechos. Responden con victimización.
Y eso es exactamente lo que empieza a verse alrededor del caso de Martín Matías Bastías.
Porque mientras una mujer asegura haber pagado casi dos millones de pesos por una reparación que —según denuncia— jamás se realizó, el eje de la discusión parece haber cambiado mágicamente. Ya no se habla del motor desarmado. No se habla de los videos presentados en la denuncia. No se habla de los audios. Mucho menos de la plata que, según Silvia Garro, nunca recuperó.
No.
Ahora el foco parece estar puesto en otra cosa: “lo quieren ensuciar políticamente”.
La vieja fórmula.
La más cómoda.
La más usada.
Cuando no alcanza el relato técnico, aparece el discurso político. Cuando las explicaciones empiezan a hacer ruido, aparece la teoría de la persecución. Y cuando las pruebas son incómodas, entonces todo pasa a ser “una operación”.
Pero hay un problema: las supuestas operaciones políticas no desarman motores. Las pruebas sí.
Porque acá no hay solamente una discusión de redes sociales ni un cruce partidario. Hay una mujer que relata haberse endeudado para pagar un trabajo que, según otro mecánico y según videos incorporados a la denuncia, nunca habría sido realizado.
Y eso cambia todo.
La cuestión de fondo no es si Bastías quería ser concejal. Tampoco si pertenece al PJ o si tenía aspiraciones políticas en La Punta. El verdadero problema es otro: ¿qué pasó con el vehículo? ¿Qué pasó con el dinero? ¿Por qué, según la denunciante, el motor estaba prácticamente igual cuando otro mecánico lo desarmó?
Esas preguntas siguen sin respuesta pública.
Sin embargo, el discurso de la victimización apareció rápido. Según contó Silvia Garro, incluso se instaló la idea de que ella y su entorno querían perjudicar políticamente al ahora dirigente.
Curioso.
Porque para ser una “operación política”, la denuncia tiene demasiados detalles incómodos. Hay audios. Hay mensajes. Hay videos. Hay un viaje a Mendoza que terminó con el auto destruido. Hay una mujer manejando durante horas en tercera porque el vehículo no respondía. Hay préstamos sacados para pagar la reparación. Hay otro mecánico diciendo que “no habían hecho nada”.
Y, sobre todo, hay una pregunta brutal que todavía nadie pudo desmentir con claridad: si el trabajo se hizo, ¿por qué el motor terminó desarmado y aparentemente sin las reparaciones cobradas?
Ahí es donde el relato político empieza a hacer agua.
Porque victimizarse puede servir para una publicación en Facebook. Puede funcionar en un discurso partidario. Puede incluso generar solidaridad entre militantes. Pero fuera de la lógica política, la sociedad suele mirar algo mucho más simple: los hechos.
Y los hechos, al menos hasta ahora, son incómodos.
En tiempos donde gran parte de la política intenta mostrarse cercana, humilde y transparente, este tipo de casos golpean fuerte justamente por la doble moral que exponen. Porque mientras públicamente algunos dirigentes hablan de empatía, esfuerzo y compromiso social, una mujer asegura que quedó destruida económicamente intentando reparar el único vehículo que tenía para movilizar a su hijo con discapacidad.
Ese contraste es demoledor.
Más todavía cuando la respuesta no parece enfocarse en reparar el daño, aclarar las acusaciones o dar explicaciones técnicas contundentes, sino en instalar la idea de una persecución política.
La estrategia puede ser efectiva para desviar la conversación. Pero no borra el problema de fondo.
Porque en definitiva, nadie denuncia por deporte endeudarse, romper un auto, viajar llorando en la ruta y terminar presentando videos en Fiscalía.
Y ahí aparece otro punto delicado: el archivo de la causa.
En una provincia donde la política y las relaciones de poder siempre sobrevuelan cualquier expediente sensible, el cierre de una investigación no necesariamente clausura las dudas sociales. Muchas veces ocurre exactamente lo contrario: las multiplica.
Por eso el caso Bastías incomoda.
Porque deja flotando una sensación peligrosa: la de que cuando ciertos nombres empiezan a mezclarse con estructuras políticas, automáticamente todo se convierte en “ataque”, “campaña” o “operación”.
Pero la realidad suele ser menos épica y mucho más concreta.
Acá no hay una conspiración internacional. Hay una denuncia puntual. Hay plata. Hay un auto. Hay pruebas presentadas. Y hay una persona que todavía asegura que nadie le devolvió nada.
El problema para Bastías es que, mientras intenta correrse hacia el papel de perseguido político, la historia pública sigue girando alrededor de otra palabra mucho más pesada.
Estafa.
Y en la calle, lejos de los armados partidarios y los discursos de ocasión, la gente suele tener una lógica bastante más simple:
La prueba mata relato.