Por Hector Acosta 
El concejal Justicialista Martín Bastías fue imputado por amenazas tras una violenta discusión en el Concejo Deliberante de La Punta. La Justicia ya intervino y el caso expone el nivel de degradación política que atraviesa San Luis.
La política puntana ya no discute ideas. Discute a los gritos, con denuncias cruzadas, amenazas y causas judiciales. El problema es que después todos se sorprenden cuando la sociedad deja de creer en la dirigencia. Este martes, la jueza de Garantías N° 2, Agustina Dopazo Samper imputó al concejal Justicialista Martín Bastías por el delito de amenazas, en una causa que retrata el nivel de tensión, violencia política y decadencia institucional que atraviesa el Concejo Deliberante de La Punta.
Sí. Otra vez la política convertida en ring. Otra vez dirigentes actuando más cerca de una barrabrava que de representantes públicos. Y otra vez la ciudadanía mirando cómo quienes deberían resolver problemas terminan protagonizando escándalos judiciales.
La audiencia de formulación de cargos duró aproximadamente una hora y media. No fue una simple formalidad. Fue la confirmación judicial de que aquello que algunos intentaron minimizar como una “discusión política subida de tono” tiene suficiente gravedad como para activar una investigación penal.
La fiscal de Instrucción N° 6, Linda Maluf, reconstruyó detalladamente el episodio ocurrido el pasado 5 de marzo tras la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de La Punta. Según la acusación, Bastías comenzó a agredir verbalmente a concejales del bloque Ahora San Luis y al secretario legislativo, Juan Pablo Martínez.
Pero la escena no terminó dentro del recinto. Porque en la política argentina ya parece existir una extraña fascinación por llevar el conflicto al límite. La discusión continuó unos 50 metros fuera del edificio y, según la denuncia, Bastías habría amenazado de muerte a Martínez y además le habría propinado un golpe de puño en el mentón.
Todo frente a funcionarios y testigos.
Todo después de una sesión institucional.
Todo en un espacio que debería representar la convivencia democrática.
La fiscal Maluf sostuvo que existen múltiples elementos probatorios: actuaciones policiales, denuncias, protocolo médico, entrevistas a testigos, croquis del lugar y captaciones fílmicas analizadas. Es decir, no se trata únicamente de un “me dijeron”. Hay evidencia incorporada al expediente.
Y acá aparece uno de los puntos más incómodos de esta historia: la política puntana parece haber naturalizado niveles de violencia que hace algunos años hubiesen significado un escándalo provincial inmediato. Hoy se relativiza todo. Amenazas. Aprietes. Operaciones. Insultos. Internas salvajes. Como si el deterioro institucional fuese apenas parte del paisaje.
La jueza Dopazo Samper hizo lugar al pedido de la fiscalía e imputó formalmente a Bastías por amenazas. Además, le impuso la obligación de firmar el libro de procesados del 1 al 10 de cada mes durante 60 días mientras avanza la investigación.
No es una condena. Pero tampoco es “nada”.
Porque cuando un dirigente político termina sentado frente a una jueza penal acusado de amenazar y golpear a otro funcionario público, el problema deja de ser individual. Pasa a ser político.
Y ahí es donde el caso explota más allá del expediente.
La defensa del concejal quedó en manos del abogado y exconcejal justicialista Alejandro Cordido, quien intentó desactivar la causa argumentando que se trató de una “discusión política de alto voltaje” y denunció una supuesta “persecución política”.
El manual clásico. Cuando la política no puede explicar el escándalo, denuncia persecución.
Pero la pregunta incómoda sigue flotando: ¿hasta dónde piensa llegar la dirigencia para sostener sus internas?
Porque acá ya no hablamos solamente de diferencias ideológicas. Hablamos de violencia explícita en pleno ámbito institucional. Y eso tiene consecuencias.
Lo más llamativo es el contexto. Bastías responde políticamente al espacio de Alberto Rodríguez Saá, en un momento donde el peronismo puntano atraviesa una crisis feroz de liderazgo, fragmentación y pérdida de control territorial. La tensión interna es evidente. El problema es que, en medio de esa guerra política, algunos parecen haber confundido militancia con impunidad.
Mientras tanto, la sociedad asiste agotada a un espectáculo repetido. Funcionarios hablando de democracia mientras protagonizan escenas incompatibles con cualquier estándar institucional serio. Discursos sobre convivencia política que terminan en denuncias policiales. Militantes que justifican cualquier cosa dependiendo de quién sea el acusado.
La grieta ya ni siquiera necesita argumentos. Ahora funciona por reflejo condicionado.
Si el denunciado es “de los míos”, es persecución. Si es “del otro lado”, es justicia ejemplar.
Así de degradado está el debate público.
Y en el fondo aparece una verdad todavía más brutal: la política argentina parece incapaz de procesar conflictos sin convertir todo en un campo de batalla emocional. Se gobierna desde el enojo. Se milita desde el resentimiento. Se discute desde la amenaza permanente.
Después llegan los discursos sobre calidad institucional. Las fotos protocolares. Los llamados al diálogo. Las declaraciones solemnes en redes sociales. Una puesta en escena que ya casi nadie compra.
Porque mientras afuera la gente pelea contra salarios destruidos, inflación, inseguridad y desgaste social, adentro de algunos espacios políticos siguen jugando a las operaciones, las internas salvajes y el ego permanente.
Y cuando el poder pierde el control emocional, el límite entre la política y la violencia empieza a desaparecer peligrosamente.
La imputación contra Martín Bastías no cierra una crisis. Apenas la expone. La muestra desnuda. Sin maquillaje institucional. Sin relato heroico.
Y quizás lo más alarmante sea justamente eso: que en la política actual, escenas como esta ya no sorprenden a nadie.
