Por Hector Acosta 
El gobernador Claudio Poggi instruyó a la Fiscalía de Estado a denunciar ante el Jurado de Enjuiciamiento a la jueza Cynthia Fernández Paz y solicitar su apartamiento del cargo. El Gobierno considera que una resolución vinculada a una causa ambiental implicó una regulación de honorarios «desmedida» que pone en riesgo recursos públicos.
La tensión entre el Poder Ejecutivo y una magistrada provincial sumó un nuevo capítulo este martes. El gobernador Claudio Poggi anunció que ordenó a la fiscal de Estado, María Fabiana Zárate, presentar una denuncia formal ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados contra la jueza Cynthia Liliana Fernández Paz, titular del Juzgado Civil, Comercial y Ambiental N° 5 de la Primera Circunscripción Judicial.
La presentación incluye además un pedido de suspensión preventiva mientras se tramite el proceso y tiene como eje una resolución dictada el pasado 2 de marzo de 2026, en el marco de una causa vinculada con una acción preventiva de daño ambiental por una obra proyectada en la zona del Parque Acueducto Vulpiani, en Juana Koslay.
Según la denuncia impulsada por Fiscalía de Estado, la magistrada fijó una base regulatoria equivalente a 93.000 JUS, lo que representa una cifra cercana a los 4.000 millones de pesos. Sobre esa base, reguló honorarios por más de 1.198 millones de pesos a favor de dos profesionales que habían intervenido en una etapa inicial del expediente.
El Gobierno calificó la resolución como «estrafalaria»
El propio Poggi se expresó públicamente a través de sus redes sociales y cuestionó con dureza la decisión judicial.
«Cuando un funcionario público, en este caso una jueza, atenta contra el bienestar de todos los sanluiseños, asaltando los fondos públicos con acciones que ponen en riesgo el patrimonio de todos los contribuyentes y la normal prestación de los servicios del Estado, debe ser denunciado y enjuiciado dentro del estado de derecho», sostuvo el mandatario.
Además, remarcó que la obra cuestionada nunca llegó a ejecutarse y, por lo tanto, no existió daño ambiental alguno.
Desde el Ejecutivo calificaron la resolución como «estrafalaria, desmedida y grotesca» y sostuvieron que la jueza habría convertido un proceso de monto indeterminado en uno susceptible de cuantificación económica.
Instruí a la Fiscal de Estado de la Provincia, Dra. María Fabiana Zarate, a que realice la denuncia formal ante el Jurado de Enjuiciamiento solicitando la remoción del cargo de la Jueza Titular del Juzgado Civil, Comercial y Ambiental N° 5 de la 1º Circunscripción Judicial, Dra.…
— Claudio Javier Poggi (@claudiojpoggi) June 23, 2026
El eje de la denuncia: una supuesta contradicción jurídica
Uno de los argumentos centrales de la presentación es que la propia magistrada habría reconocido que la acción preventiva ambiental no tenía un monto económico determinado.
Sin embargo, posteriormente fijó una base regulatoria equivalente a casi 4.000 millones de pesos.
Para Fiscalía de Estado, esa decisión excede una simple diferencia de interpretación jurídica y constituiría un apartamiento grave del derecho vigente.
La denuncia encuadra la conducta de Fernández Paz dentro de tres causales previstas por la Ley de Jurado de Enjuiciamiento: desconocimiento inexcusable y grave del derecho, incumplimiento de los deberes inherentes al cargo y graves irregularidades procesales que podrían afectar el prestigio del Poder Judicial.
El impacto económico y el pedido de suspensión
La presentación oficial incorpora una serie de comparaciones para dimensionar las cifras cuestionadas.
Según los cálculos efectuados por Fiscalía de Estado, los casi 4.000 millones de pesos utilizados como base regulatoria equivaldrían a 61 viviendas familiares, 54 camionetas patrullero, 38 ambulancias de mediana complejidad, más de 5.600 computadoras o 230 respiradores artificiales.
En tanto, los honorarios regulados por más de 1.198 millones representarían recursos suficientes para adquirir 18 viviendas, 39 patrulleros, 11 ambulancias o 69 respiradores.
El Gobierno también argumentó que la permanencia de la magistrada al frente del Juzgado Civil, Comercial y Ambiental N° 5 podría generar un riesgo institucional, ya que actualmente existen 37 causas en las que el Estado provincial es parte.
Por ese motivo, solicitó su suspensión preventiva mientras se desarrolla el proceso.
Ahora deberá intervenir el Jurado de Enjuiciamiento
La jueza Cynthia Fernández Paz deberá afrontar ahora el análisis del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
En una primera instancia, el organismo deberá determinar si la denuncia cumple con los requisitos formales para ser admitida. Luego, en caso de avanzar, resolverá sobre la apertura del proceso y sobre el pedido de suspensión preventiva formulado por Fiscalía de Estado.
La presentación también incorpora antecedentes judiciales anteriores con los que el Gobierno busca demostrar la existencia de un supuesto patrón de conducta por parte de la magistrada.
La resolución del Jurado será clave para definir si la denuncia prospera y si finalmente se abre un proceso que podría derivar en la remoción de Fernández Paz de su cargo.