Por Hector Acosta 
La Cámara de Senadores aprobó la Cuenta de Inversión 2025 con un superávit de $43.809,9 millones. Mientras el oficialismo celebró el equilibrio fiscal, la oposición puso el foco en las reservas acumuladas, la ejecución de obras y la situación social. Una discusión donde las cifras abundaron, pero las interpretaciones volvieron a marchar por carriles opuestos.
Cuenta de Inversión 2025 San Luis: dos lecturas completamente distintas del mismo balance
En política, los números rara vez hablan solos. Generalmente necesitan un intérprete. Y si ese intérprete es oficialista u opositor, el mismo dato puede convertirse en un certificado de buena administración o en la prueba de una mala decisión política.
Eso volvió a quedar en evidencia durante la sesión en la que el Senado provincial aprobó la Cuenta de Inversión 2025, que cerró con un superávit de $43.809,9 millones, de acuerdo con el informe elaborado por el Tribunal de Cuentas.
El proyecto obtuvo cinco votos afirmativos y dos negativos. El resultado estaba prácticamente descontado. Lo interesante fue el debate.
Para el oficialismo, el superávit confirma el saneamiento fiscal
El miembro informante, Sergio Guardia, defendió el ejercicio financiero como una consolidación del proceso de ordenamiento económico impulsado por la actual gestión.
Según explicó, quedó atrás una metodología que —afirmó— permitía mostrar artificialmente mayores niveles de inversión pública mediante la registración de gastos corrientes como inversiones de capital.
Durante su exposición detalló que el 83% del gasto provincial correspondió a gastos corrientes, mientras que el 17% se destinó a gastos de capital y aplicaciones financieras.
También remarcó que casi dos tercios del presupuesto provincial tienen un destino prácticamente fijo entre salarios, planes de inclusión y coparticipación municipal, un margen que, según el oficialismo, reduce significativamente la capacidad de maniobra del Ejecutivo.
Entre los principales argumentos también destacó:
- La triplicación de la inversión en obra pública respecto de 2024.
- Que cerca del 80% de esa inversión se destinó a viviendas.
- Una inversión educativa equivalente al 33,1% del presupuesto, superando ampliamente el mínimo constitucional.
- Y un dato que el oficialismo exhibe como una de sus principales banderas: San Luis continúa sin deuda pública.
En términos políticos, el mensaje fue claro: equilibrio fiscal sin endeudamiento.
La oposición: «No discutimos que haya plata; discutimos para qué sirve»
La respuesta llegó desde el senador Hugo Olguín.
Lejos de cuestionar la existencia de reservas financieras, el legislador sostuvo que el verdadero debate pasa por la utilización de esos recursos.
Durante su intervención afirmó que la Provincia mantiene aproximadamente $460.000 millones en reservas, mientras —según describió— persisten necesidades sociales vinculadas al acceso a medicamentos, prótesis y salarios estatales.
Su definición sintetizó el eje opositor:
«Esto no es equilibrio fiscal, es abandono de la provincia con superávit.»
Más allá de la frase, el planteo buscó instalar una pregunta política más amplia: ¿es mejor conservar recursos o acelerar el gasto público cuando existen demandas sociales insatisfechas?
La pelea también pasó por la coherencia política
Olguín recordó además que cuando Claudio Poggi integraba la oposición cuestionaba las cuentas de inversión durante la gestión de Alberto Rodríguez Saá, especialmente por la acumulación de reservas y los resultados fiscales positivos.
La crítica apuntó menos al balance contable que a lo que la oposición considera un cambio de criterio según quién ocupe el gobierno.
En política argentina, las hemerotecas suelen trabajar horas extras.
Obras presupuestadas, pero sin ejecución
Uno de los cuestionamientos más concretos estuvo vinculado a la ejecución presupuestaria.
Según la oposición, existen 28 obras con avance del 0%, pese a contar con partidas asignadas cercanas a los $49.000 millones.
Entre ellas mencionó:
- repavimentación de rutas,
- mantenimiento de banquinas,
- consorcios camineros,
- escuelas en distintas localidades,
- acueductos,
- redes de gas,
- infraestructura eléctrica,
- defensas hídricas.
El planteo fue directo: si las partidas existen pero las obras no avanzan, el problema deja de ser financiero y pasa a ser de ejecución.
Naturalmente, el oficialismo rechazó esa interpretación.
Las respuestas oficiales: viviendas, escuelas y créditos productivos
En el cierre del debate, Guardia aseguró que la obra pública puede comprobarse recorriendo distintas localidades de la provincia.
Enumeró viviendas construidas o en ejecución en municipios distribuidos por todo el territorio provincial y afirmó que entre 2024 y 2026 se intervino alrededor del 70% de los establecimientos educativos, mediante tareas de mantenimiento, ampliación y refacción.
También defendió el trabajo realizado junto al Consejo Federal de Inversiones, destacando préstamos para emprendedores por casi $23.000 millones y beneficios impositivos superiores a $58.500 millones.
Más allá del resultado, quedó instalada la discusión
La aprobación legislativa no sorprendió. La correlación de fuerzas hacía prever el desenlace.
Lo que sí dejó expuesto el debate es una diferencia conceptual que probablemente continúe durante los próximos meses.
Para el oficialismo, una provincia con superávit, sin deuda y con reservas representa una administración responsable.
Para la oposición, esos mismos indicadores pierden valor cuando conviven con reclamos salariales, obras demoradas y demandas sociales pendientes.
En definitiva, la discusión ya no parece ser si la caja provincial está llena o vacía. La verdadera disputa pasa por decidir qué debe hacerse con ella.
Y como suele ocurrir en política, el mismo número puede ser presentado como una medalla de gestión o como una deuda con la realidad. Todo depende de quién tenga el micrófono.