Por Hector Acosta 
El Senado provincial dio media sanción al Régimen Integral de Promoción Estratégica de las Empresas (RIPEE), una iniciativa del Ejecutivo que busca incentivar inversiones privadas y generar empleo mediante beneficios fiscales, subsidios y financiamiento. El debate, sin embargo, terminó girando tanto sobre el contenido del proyecto como sobre el pasado reciente de la política puntana.
Hay proyectos que se discuten por lo que proponen. Y hay otros que terminan convirtiéndose en una revisión completa de los últimos veinte años de la política provincial.
El tratamiento del RIPEE San Luis fue un poco de ambas cosas.
La Cámara de Senadores aprobó este martes, con el voto del oficialismo y el rechazo de la oposición, el Régimen Integral de Promoción Estratégica de las Empresas, una iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo que busca incentivar la inversión privada mediante exenciones impositivas, subsidios al empleo, herramientas de financiamiento y la posibilidad de utilizar inmuebles fiscales para proyectos productivos.
La media sanción dejó al proyecto a un paso de convertirse en ley. Pero antes dejó un debate cargado de cifras, reproches y miradas completamente distintas sobre cómo reconstruir la economía provincial.
El oficialismo defendió el RIPEE y volvió a apuntar contra la gestión anterior
El encargado de presentar el proyecto fue el senador Martín Olivero.
Antes de explicar el articulado, dedicó buena parte de su exposición a realizar una fuerte crítica sobre la administración de Alberto Rodríguez Saá.
Según sostuvo, durante los últimos años de esa gestión se produjo un crecimiento sostenido del empleo público y de los planes sociales que terminó generando un déficit estructural y deteriorando las finanzas provinciales.
Olivero afirmó que el punto de inflexión ocurrió luego de las elecciones PASO de 2017 y vinculó esa etapa con una expansión del gasto público que, a su entender, terminó agotando recursos que durante años habían distinguido a San Luis por su equilibrio financiero.
El senador también cuestionó decisiones adoptadas durante la transición gubernamental de 2023 y sostuvo que algunas obras fueron autorizadas sin respaldo presupuestario suficiente. En la misma línea, lanzó duras críticas políticas contra el exgobernador, en uno de los pasajes más encendidos de toda la sesión.
Como suele ocurrir en la Legislatura provincial, el proyecto todavía no había empezado a discutirse y ya se estaba debatiendo la historia reciente de San Luis.
Los cuatro pilares del nuevo régimen
Una vez superado el capítulo político, Olivero ingresó en el contenido del RIPEE.
El proyecto descansa sobre cuatro grandes herramientas destinadas a estimular la actividad económica.
La primera contempla beneficios tributarios para grandes inversiones, pequeñas empresas y comercios que presenten proyectos de inversión y generación de empleo.
La segunda establece un subsidio al empleo privado, mediante el cual el Estado cubrirá durante dos años una parte del salario de beneficiarios del Plan de Inclusión Social que sean incorporados por empresas privadas.
El tercer eje habilita la utilización de inmuebles fiscales ociosos mediante distintas figuras jurídicas —como concesiones, comodatos, derechos de superficie o venta— para el desarrollo de emprendimientos productivos.
Finalmente, el régimen incorpora herramientas de financiamiento, incluyendo créditos bonificados, subsidios de tasas, fondos de garantía y líneas articuladas con el Consejo Federal de Inversiones (CFI).
Para el oficialismo, el objetivo es claro: reducir el protagonismo del Estado como generador directo de empleo y fortalecer al sector privado como motor de la economía provincial.
La oposición acompañó la idea, pero rechazó el proyecto
Desde el bloque opositor, Hugo Olguín aclaró que existe coincidencia en la necesidad de promover inversiones y empleo.
La diferencia, dijo, está en el instrumento elegido.
El senador recordó que el justicialismo presentó distintos proyectos de promoción económica que aún no fueron tratados y cuestionó que el RIPEE otorgue beneficios fiscales sin acompañarlos de una estimación precisa sobre el impacto que tendrán sobre las cuentas públicas.
También expresó reparos respecto de la posibilidad de incluir inversiones ya realizadas dentro de los beneficios del régimen y cuestionó que algunos incentivos alcancen a contribuyentes con incumplimientos tributarios.
El patrimonio del Estado, en el centro de la discusión
El punto más sensible del debate apareció cuando la oposición analizó las facultades previstas para la utilización de inmuebles fiscales.
Según Olguín, el artículo 34 permitiría al Poder Ejecutivo disponer de bienes provinciales mediante venta directa por razones de interés público sin intervención legislativa.
Desde su perspectiva, la combinación entre la posibilidad de elegir al comprador, definir la tasación y establecer condiciones de venta concentra un nivel de discrecionalidad que consideró excesivo.
El oficialismo, en cambio, sostiene que esas herramientas buscan agilizar procesos de inversión y poner en valor propiedades estatales que actualmente permanecen sin uso productivo.
Como suele ocurrir en estas discusiones, unos hablan de flexibilidad administrativa y otros de controles institucionales.
La diferencia no es menor.
También hubo advertencias sobre el impacto fiscal
Otro de los cuestionamientos opositores apuntó a la posibilidad de acumular beneficios provinciales con los previstos por programas nacionales destinados a grandes inversiones.
Según Olguín, esa situación podría favorecer principalmente a grandes empresas y dejar en una posición menos competitiva a las pequeñas y medianas firmas locales.
Asimismo, advirtió que determinadas exenciones impositivas podrían reducir la masa coparticipable destinada a los municipios.
El oficialismo no comparte esa lectura y considera que el crecimiento de la inversión privada terminará ampliando la actividad económica y compensando los incentivos otorgados.
La discusión recién empieza
Con la media sanción del Senado, el RIPEE continuará ahora su tratamiento en la Cámara de Diputados.
Allí volverán a discutirse los mismos interrogantes que atravesaron el debate de este martes.
¿Hasta dónde debe llegar el Estado para incentivar inversiones?
¿Cuánto margen puede otorgarse al Poder Ejecutivo para administrar patrimonio público?
¿Los beneficios fiscales impulsarán nuevas inversiones o implicarán una resignación de recursos sin garantías suficientes?
Por ahora no hay respuestas definitivas.
Lo único seguro es que el debate dejó en claro dos modelos distintos para pensar el desarrollo económico de San Luis.
Y, como suele suceder en la política argentina, una ley destinada a hablar del futuro terminó discutiendo, una vez más, el pasado.