Por Hector Acosta 
Luis Caputo anunció $2 billones del FGS para impulsar el crédito hipotecario. La medida puede sonar atractiva, pero llega en un escenario donde millones de argentinos están endeudados y la morosidad de los hogares alcanzó niveles récord. La pregunta incómoda es inevitable: ¿se está construyendo una política de vivienda para familias con capacidad de pago o un nuevo mercado de deuda para quienes todavía intentan sobrevivir al ajuste?
Hay anuncios que llegan con música de esperanza.
Y hay anuncios que llegan cuando uno mira la billetera y descubre que la esperanza tampoco tiene saldo disponible.
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció un programa de $2 billones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para impulsar el crédito hipotecario. El mecanismo busca que los bancos reciban fondeo de mayor plazo y lo transformen en préstamos para la compra, construcción, ampliación o refacción de viviendas.
En el papel, la propuesta parece razonable.
El problema aparece cuando se levanta la mirada de la planilla financiera y se observa a la sociedad que debería pagar esos créditos.
Porque Argentina no está discutiendo este programa en un laboratorio económico.
Lo está haciendo después de años de pérdida de poder adquisitivo, endeudamiento de los hogares y una morosidad que se convirtió en una señal de alarma.
Y ahí el anuncio empieza a hacer ruido.
Mucho ruido.
El problema no es conseguir crédito: es poder pagarlo
El Gobierno tiene razón en una cosa: Argentina necesita desarrollar un mercado hipotecario profundo.
El crédito hipotecario representa una proporción mínima de la economía argentina en comparación con países de la región y economías desarrolladas.
Pero hay una diferencia entre tener poco crédito y tener una población en condiciones de tomar crédito.
Son dos problemas distintos.
Y el segundo es el que el anuncio de Caputo parece mirar de reojo.
Los datos disponibles durante 2026 muestran un deterioro muy fuerte en la capacidad de pago de los hogares. La irregularidad de los créditos otorgados a familias pasó del 2,67% en enero de 2025 al 10,6% en enero de 2026, según datos citados a partir de información del sistema financiero.
La situación no es una anécdota estadística.
Es la radiografía de una sociedad que está usando deuda para sostener consumo, pagar gastos y llegar al final del mes.
Entonces aparece la pregunta que nadie parece querer formular:
¿Cómo se supone que una familia que tiene dificultades para pagar una tarjeta de crédito va a asumir una deuda hipotecaria indexada durante 15, 20 o 30 años?
Ese es el elefante sentado en el living.
Y tiene una cuota mensual.
El crédito hipotecario no puede ser una solución para quien ya está endeudado
El programa establece una tasa máxima de UVA + 7,50%, con un plazo mínimo de 15 años y hasta 150.000 UVA por crédito. La primera licitación será de $200.000 millones, dentro de un programa total de $2 billones.
La pregunta no es solamente si esa tasa es competitiva.
La pregunta es si el salario argentino tiene la estabilidad suficiente para acompañar una deuda ajustada por UVA durante tantos años.
Porque la UVA no es magia.
La deuda evoluciona.
La cuota evoluciona.
El ingreso familiar debería evolucionar al mismo ritmo.
Y ahí está el problema.
Una economía puede mostrar mejores números macroeconómicos mientras una familia continúa haciendo malabares con la tarjeta, refinanciando préstamos personales y postergando consumos básicos.
Eso es precisamente lo que vuelve peligrosa una política crediticia cuando se la presenta únicamente desde el lado de la oferta.
No alcanza con que haya crédito. Tiene que existir capacidad de pago.
Y esa capacidad no aparece por decreto.
El Gobierno quiere que los bancos presten, pero ¿quién le presta tranquilidad a las familias?
El argumento oficial tiene una lógica financiera: el FGS aportará fondeo de mayor plazo para solucionar el descalce entre los depósitos bancarios y los créditos hipotecarios.
Perfecto.
Pero existe otro descalce mucho más incómodo.
El descalce entre el precio de una vivienda y el ingreso de una familia.
Ese problema no se resuelve colocando dinero en los bancos.
Una familia puede conseguir financiamiento a 15 años y seguir sin poder comprar una propiedad.
Puede tener una tasa relativamente razonable y no llegar a cumplir la relación cuota-ingreso exigida.
Puede tener empleo formal y, aun así, estar pagando una montaña de deuda acumulada.
Puede querer comprar una casa y descubrir que el sistema financiero está dispuesto a prestarle dinero, pero su sueldo no está dispuesto a acompañar el proyecto.
Es una diferencia fundamental.
Mientras el Gobierno habla de vivienda, las familias hablan de deuda
La contradicción política es evidente.
Por un lado, el Gobierno presenta el crédito como una herramienta de progreso y normalización económica.
Por otro, el deterioro del endeudamiento familiar muestra que buena parte de los argentinos ya está usando el sistema financiero para resolver problemas mucho más inmediatos.
Según información publicada en agosto, más de 20 millones de argentinos tienen deudas con bancos o entidades no bancarias, mientras la morosidad de las familias se multiplicó fuertemente desde fines de 2023.
Es decir: el problema no es que los argentinos no conozcan el crédito.
Lo conocen demasiado bien.
El problema es que una parte creciente de la sociedad lo está utilizando para llegar al presente, no para construir el futuro.
Y ahí aparece la paradoja.
Caputo quiere que los argentinos se endeuden para comprar una casa cuando muchos todavía están endeudados para pagar la vida cotidiana.
La diferencia entre ambas deudas es enorme.
Una construye patrimonio.
La otra intenta comprar tiempo.
El gran riesgo de los créditos UVA está en la memoria argentina
Hay otro elemento que el Gobierno debería considerar.
Argentina tiene memoria.
Y la memoria financiera de los argentinos no es precisamente la de un país escandinavo.
El propio Caputo recordó durante su anuncio episodios como el Plan Bonex, el corralito, defaults y expropiaciones para explicar la histórica desconfianza hacia el ahorro de largo plazo.
Tiene razón en ese diagnóstico.
Pero esa misma memoria también debería llevar a una pregunta más incómoda:
¿Qué pasa si la inflación vuelve a acelerarse y los salarios quedan atrás?
Porque los créditos UVA pueden funcionar en una economía estable, con inflación descendente y salarios capaces de acompañar.
Pero el argentino que todavía recuerda viejas crisis sabe que el contrato puede decir una cosa y la realidad económica otra muy distinta.
La vivienda no puede convertirse nuevamente en una apuesta donde el ciudadano asume todo el riesgo.
El FGS tampoco es plata caída del cielo
Hay otro punto que merece discusión.
El programa utiliza recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
Eso significa que estamos hablando de recursos vinculados al sistema previsional.
No son billetes encontrados debajo de una baldosa del Palacio de Hacienda.
El Gobierno busca que esos recursos generen rendimiento y, simultáneamente, contribuyan a ampliar el crédito hipotecario.
La idea puede ser defendible.
Pero exige controles rigurosos.
¿Cuál será el rendimiento real para el FGS?
¿Qué riesgo asumirá?
¿Qué ocurrirá si un banco recibe fondos y no logra colocarlos?
¿Cómo se controlará que los recursos terminen efectivamente en créditos para primera vivienda?
¿Qué mecanismos existirán si el programa genera morosidad?
Esas preguntas no son detalles técnicos.
Son la diferencia entre una política pública inteligente y una transferencia de riesgos que termina pagando la sociedad.
El verdadero negocio puede terminar siendo para los bancos
Y acá aparece una de las cuestiones políticas más sensibles.
El Gobierno está poniendo recursos públicos del FGS para mejorar las condiciones de fondeo de los bancos.
Los bancos, naturalmente, tienen que ganar dinero.
No hay nada extraño en eso.
Pero la política pública debería garantizar que el beneficio final no quede concentrado en el sistema financiero.
Porque si el Estado pone el fondeo, el banco obtiene mejores condiciones y la familia termina pagando una deuda indexada durante 15 años, habrá que mirar cuidadosamente quién se queda con el beneficio y quién absorbe el riesgo.
Una política de vivienda no puede transformarse en una política de financiamiento barato para bancos con discurso inmobiliario.
El objetivo debería ser otro:
que una familia pueda acceder a una vivienda sin quedar económicamente atada de pies y manos durante décadas.
Antes de festejar los $2 billones, habría que mirar los ingresos
La economía argentina tiene una obsesión histórica con anunciar montos.
$2 billones.
$200.000 millones.
150.000 UVA.
15 años.
7,50%.
Todo suena enorme.
Pero una familia no paga en billones.
Paga con su sueldo.
Paga con la tarjeta.
Paga con horas de trabajo.
Paga con alquiler.
Paga con transporte.
Paga con alimentos.
Paga con servicios.
Y cuando todo eso sube, la discusión deja de ser financiera y se convierte en doméstica.
Ahí es donde el Gobierno debería mirar.
Porque si los ingresos familiares no recuperan capacidad de ahorro, el crédito hipotecario puede terminar siendo un producto disponible solamente para quienes ya tienen una situación económica relativamente sólida.
Y entonces aparece la paradoja final:
un programa diseñado para ampliar el acceso a la vivienda podría terminar ampliando principalmente el crédito para quienes menos necesitan que el Estado les abra la puerta.
La verdadera pregunta: ¿casa propia o nueva deuda?
No hay que demonizar el crédito hipotecario.
Todo lo contrario.
Argentina necesita crédito hipotecario.
Necesita bancos que presten.
Necesita ahorro de largo plazo.
Necesita construir viviendas.
Necesita reconstruir confianza.
Pero justamente por eso hay que discutir el anuncio de Caputo con seriedad y no convertirlo en propaganda.
El crédito hipotecario no puede presentarse como la solución mágica a un problema que empieza mucho antes: salarios insuficientes, precarización laboral, endeudamiento familiar y pérdida de capacidad de ahorro.
Si una familia llega al banco con una tarjeta refinanciada, un préstamo personal, servicios atrasados y cero ahorro, ofrecerle una hipoteca no necesariamente significa darle una vivienda.
Puede significar darle otra deuda.
Y Argentina ya tiene demasiadas familias aprendiendo esa diferencia por las malas.
Caputo tiene una oportunidad, pero no un cheque en blanco
El Gobierno puede hacer del crédito hipotecario una política económica importante.
Pero para eso necesita mucho más que una licitación.
Necesita garantizar transparencia en el uso del FGS, condiciones razonables, protección frente a escenarios de aceleración inflacionaria y, fundamentalmente, una economía donde los salarios puedan acompañar las obligaciones de largo plazo.
Porque una hipoteca no se firma por cuatro años.
Se firma para una parte importante de la vida.
Y acá aparece la contradicción más brutal del anuncio.
El Gobierno está pensando en créditos a 15 años mientras millones de familias todavía están tratando de organizar sus finanzas para llegar al próximo viernes.
Ese es el problema.
No que Caputo quiera que haya crédito hipotecario.
Eso está bien.
El problema es creer que el acceso al crédito puede reemplazar al ingreso.
No puede.
La casa propia se construye con ladrillos, pero también con salario, estabilidad y capacidad de ahorro.
Si esas tres cosas no aparecen, los $2 billones pueden convertirse en una cifra gigantesca para una política pequeña.
Y entonces el sueño argentino de la casa propia corre el riesgo de convertirse en otra cosa mucho más conocida:
una deuda con escritura.
Porque en la Argentina de 2026 el desafío no es solamente conseguir quién preste dinero.
El desafío es conseguir que haya familias que puedan devolverlo sin hipotecar, además de su casa, su futuro.