Por Hector Acosta 
El Partido Justicialista de San Luis salió públicamente a cuestionar las prisiones preventivas dictadas contra Anabela Lucero, Enzo Lucero y Ezequiel Scarel. El espacio denunció un supuesto uso político de la Justicia y cuestionó el pedido de desafuero del diputado Joaquín Beltrán.
El PJ puntano y prisión preventiva se convirtieron este martes en el eje de una fuerte declaración política difundida por el Partido Justicialista de San Luis, luego de la decisión judicial que dispuso 60 días de prisión preventiva para Anabela Lucero, Enzo Lucero y Ezequiel Scarel en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en la Casa de la Música del Molino Fénix.
A través de un texto difundido en redes sociales, el peronismo provincial cuestionó duramente la resolución del juez de Garantía Santiago Ortiz y sostuvo que constituye un “ejercicio abusivo y desproporcionado del poder cautelar”.
El comunicado lleva el debate directamente al terreno institucional.
El PJ sostiene que la prisión preventiva no puede convertirse en una pena anticipada y recuerda que los acusados mantienen el estado constitucional de inocencia mientras no exista una condena firme.
Pero el comunicado va bastante más allá de una crítica jurídica.
El peronismo puntano acusa directamente al Gobierno provincial, al Ministerio Público Fiscal, a la Fiscalía de Estado y a sectores del Poder Judicial de actuar coordinadamente para perjudicar políticamente a dirigentes opositores.
PJ puntano y prisión preventiva: el cuestionamiento a la decisión judicial
El Partido Justicialista sostiene que los tres dirigentes privados de su libertad no tienen antecedentes, poseen arraigo familiar y no representan, según su posición, un peligro de fuga ni de entorpecimiento de la investigación.
Desde esa perspectiva, el espacio cuestiona que el juez haya rechazado las medidas alternativas propuestas por las defensas y haya dispuesto el alojamiento de los imputados en el Servicio Penitenciario Provincial durante 60 días.
La resolución, además, ya fue recurrida por las defensas.
El PJ plantea que la prisión preventiva debe ser utilizada únicamente cuando ninguna otra medida resulte suficiente para garantizar el desarrollo del proceso.
Es una discusión jurídica que excede a este expediente y que suele aparecer cada vez que una persona imputada termina privada de su libertad antes de una eventual condena.
La diferencia entre una medida cautelar y una pena, precisamente, es una de las fronteras más delicadas del sistema penal.
Y cuando esa frontera se cruza, la discusión deja de ser solamente judicial.
Se transforma en una discusión institucional.
El desafuero de Joaquín Beltrán suma tensión política
El otro punto que encendió al peronismo es la situación del diputado provincial Joaquín Beltrán.
El legislador está imputado en la misma investigación, pero su condición de diputado le otorga fueros parlamentarios. Por esa razón, el juez no pudo avanzar directamente con una eventual prisión preventiva y el Ministerio Público Fiscal solicitó iniciar el procedimiento correspondiente para su desafuero.
El PJ interpreta ese pedido como parte de una misma estrategia.
En el comunicado, el partido sostiene que existe una “preocupante connivencia” entre el gobernador Claudio Poggi, el Ministerio Público Fiscal, la Fiscalía de Estado y decisiones judiciales que, según afirma, terminan siendo funcionales al poder político provincial.
La acusación es políticamente grave.
Y también exige una precisión periodística fundamental: se trata de la posición expresada por el Partido Justicialista, no de un hecho establecido judicialmente.
La existencia de una coordinación política entre esos actores deberá ser probada si se pretende convertir la denuncia en una acusación con consecuencias jurídicas.
“La Justicia no puede transformarse en una herramienta”
El texto difundido por el PJ utiliza un tono particularmente duro.
El partido sostiene que la Justicia no puede convertirse en una herramienta para “disciplinar opositores” ni para perseguir a dirigentes o ciudadanos que piensen diferente.
La expresión busca instalar una lectura política sobre una causa que, hasta ahora, tiene como centro una investigación penal por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos.
El peronismo intenta cambiar el eje del debate.
Ya no habla solamente de qué ocurrió en el Molino Fénix, quiénes tuvieron responsabilidad o qué pruebas existen.
Habla de garantías constitucionales, persecución política, independencia judicial y funcionamiento institucional.
Es una estrategia política lógica para un espacio opositor que tiene a varios de sus dirigentes involucrados en el expediente.
Pero también es un terreno donde la discusión puede volverse particularmente resbaladiza.
Porque defender las garantías constitucionales de un imputado no significa negar la investigación.
Y cuestionar una prisión preventiva tampoco implica automáticamente afirmar que los hechos investigados no ocurrieron.
Son dos discusiones diferentes.
El problema aparece cuando la política intenta resolver ambas con una misma consigna.
Tres años de “persecución”, según el PJ
El comunicado introduce además una acusación de mayor alcance temporal.
El Partido Justicialista sostiene que desde hace casi tres años dirigentes de ese espacio vienen siendo perseguidos y disciplinados judicialmente.
La afirmación busca construir un patrón.
Según esa interpretación, la causa del Molino Fénix no sería un episodio aislado, sino parte de una sucesión de investigaciones y decisiones judiciales que afectarían particularmente al sector opositor.
El PJ habla incluso de una situación “sin precedentes” y afirma que se estarían violando garantías constitucionales.
Nuevamente, se trata de una valoración política del partido y no de una conclusión judicial.
La cuestión central será determinar si existen elementos objetivos que permitan demostrar ese supuesto patrón de persecución o si se trata de una lectura política sobre diferentes causas judiciales.
En democracia, ambas cosas pueden discutirse.
Lo que no debería discutirse es el derecho de toda persona imputada a defenderse y ser considerada inocente hasta que una sentencia determine lo contrario.
La política vuelve a mirar hacia Tribunales
El comunicado del PJ termina con una reivindicación de la Constitución, el debido proceso, la presunción de inocencia y la igualdad ante la ley.
Y agrega una frase que resume la estrategia política del peronismo: “sin privilegios para los amigos del poder y sin persecución para quienes piensan distinto”.
La frase funciona bien como consigna.
Ahora habrá que ver cómo se traduce en hechos.
Porque el verdadero debate institucional no debería consistir en determinar qué partido tiene mejores consignas sobre la República. Debería consistir en garantizar que las mismas reglas se apliquen cuando el acusado es oficialista, opositor, empresario, funcionario o ciudadano común.
La causa Molino Fénix continuará su recorrido judicial.
Las defensas ya cuestionaron las prisiones preventivas y la Fiscalía también recurrió la decisión, aunque por el plazo fijado.
Al mismo tiempo, la eventual situación de Beltrán deberá atravesar el trámite legislativo correspondiente por sus fueros.
Es decir, el expediente todavía tiene varios capítulos por delante.
Y la política ya empezó a escribir los suyos.
El PJ eligió hacerlo desde la denuncia de una supuesta persecución institucional.
El oficialismo, por su parte, deberá responder si considera que las medidas judiciales están plenamente justificadas por riesgos procesales y por la gravedad de los hechos investigados.
Mientras tanto, la Justicia tendrá que hacer algo bastante menos espectacular que una conferencia de prensa o una publicación viral: probar los hechos, respetar las garantías y fundamentar cada decisión.
En una provincia atravesada por una fuerte disputa política, probablemente sea la única manera de evitar que cada expediente termine convertido en una batalla partidaria.
Porque cuando la política empieza a discutir quién controla a los jueces, y la Justicia empieza a resolver casos que afectan directamente a la política, la frontera entre ambos poderes necesita ser más clara que nunca.
Y ahí no alcanza con decir “justicia” o “persecución”.
Hay que demostrarlo.