Por Hector Acosta 
La Justicia de San Luis ordenó 60 días de prisión preventiva para tres imputados en la causa por presuntas irregularidades en el Molino Fénix. Para el diputado Joaquín Beltrán, la Fiscalía pidió avanzar con el desafuero.
El caso Molino Fénix ingresó este lunes en una nueva y delicada etapa judicial. El juez de Garantía Nº 4, Santiago Ortiz, ordenó 60 días de prisión preventiva para la exdiputada provincial Anabela Lucero, Enzo Lucero y Exequiel Scarel, mientras que el Ministerio Público Fiscal solicitó el desafuero del diputado provincial Joaquín Beltrán para poder avanzar con una eventual medida similar.
La resolución llegó después de una audiencia que se extendió durante siete horas y en la que la Justicia hizo lugar a la ampliación de la formulación de cargos contra Anabela Lucero, Beltrán, Enzo Lucero, Scarel y Diego Torres.
La investigación apunta a presuntas irregularidades cometidas entre 2020 y 2023 en la Casa de la Música del Molino Fénix, durante la gestión del exgobernador Alberto Rodríguez Saá.
La Fiscalía sostiene que el perjuicio para la Administración Pública podría alcanzar los $900 millones.
Por ahora, se trata de una investigación en curso y de personas imputadas que conservan su derecho de defensa y la presunción de inocencia.
Caso Molino Fénix: cuáles son los delitos investigados
La ampliación de cargos contempla los delitos de administración fraudulenta y ocultamiento y destrucción de evidencia.
Además, el juez hizo lugar a la acusación por asociación ilícita contra Anabela Lucero y Joaquín Beltrán, señalados por la Fiscalía como presuntos jefes de la organización. Los demás imputados fueron considerados, según la teoría fiscal, partícipes necesarios.
El fiscal de Instrucción Nº 3, José Olguín, expuso durante la audiencia una hipótesis según la cual los acusados habrían utilizado sus funciones dentro del Molino Fénix para disponer de fondos públicos en beneficio propio o de terceros.
Entre los mecanismos investigados aparecen contrataciones directas con empresas radicadas fuera de San Luis que no serían proveedoras habituales del Estado provincial.
También se analizan contrataciones con firmas cuyos bienes o servicios, de acuerdo con la acusación, no tendrían relación con las actividades desarrolladas por el Molino Fénix.
Uno de los datos expuestos durante la audiencia llamó especialmente la atención: de 116 cheques analizados por los investigadores, solamente cuatro se encontraban en orden, según lo planteado por la Fiscalía.
El número, por sí solo, no determina responsabilidades penales. Pero explica por qué la causa tomó una dimensión considerable dentro de la Justicia provincial.
Una supuesta estructura organizada y el presunto vaciamiento
La Fiscalía también sostiene que entre 2020 y 2023 habría existido un acuerdo entre los imputados, con una presunta división de funciones.
En esa hipótesis aparecen además servicios y vehículos que habrían sido utilizados durante la campaña electoral de Anabela Lucero y una supuesta red de pagos.
Uno de los episodios más relevantes investigados es el presunto vaciamiento de la Casa de la Música, ocurrido el 9 de diciembre de 2023.
La fecha tampoco es un detalle menor para la investigación: se produjo en el contexto del cambio de gestión provincial.
Según la acusación, durante ese período también se habrían sustraído o destruido elementos que podían vincular a los imputados con las maniobras investigadas.
Entre las situaciones mencionadas por el fiscal aparece una particularmente llamativa: la presunta destrucción de registros contables en un horno de barro.
La investigación también apunta al supuesto borrado de evidencia digital de teléfonos celulares. La Fiscalía sostiene que esa acción habría sido realizada por Beltrán y Anabela Lucero.
La Justicia deberá determinar ahora cuánto de esa hipótesis puede ser respaldado por las pruebas que todavía faltan producir.
Prisión preventiva y un diputado que conserva sus fueros
El juez Ortiz dispuso que Anabela Lucero, Enzo Lucero y Exequiel Scarel permanezcan 60 días en prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial.
Entre los argumentos utilizados para justificar la medida aparece el riesgo procesal y la necesidad de preservar una investigación que todavía no terminó de producir su prueba.
Restan, entre otras medidas, pericias contables, análisis informáticos y entrevistas destinadas a establecer el grado de participación de otras personas.
En el caso de Joaquín Beltrán, la situación es diferente.
El diputado provincial cuenta con fueros parlamentarios, por lo que el magistrado explicó que no podía resolver directamente sobre una eventual prisión preventiva.
Por ese motivo, el Ministerio Público Fiscal deberá enviar un oficio a la Cámara de Diputados para iniciar el trámite correspondiente al desafuero.
La pelota, entonces, cambia momentáneamente de cancha.
Pasa del expediente judicial al terreno legislativo.
Y ahí, inevitablemente, aparecerá una discusión política además de jurídica.
La defensa rechaza la acusación y habla de persecución
Los imputados rechazaron las acusaciones durante la extensa audiencia.
Joaquín Beltrán cuestionó la imputación y habló sobre auditorías aprobadas, facturas, cheques y circuitos de pagos. Según su planteo, no existirían perjuicios ni irregularidades en las contrataciones analizadas.
Anabela Lucero fue todavía más contundente.
La exdiputada calificó la causa como política y aseguró que se trata de una persecución. También sostuvo que existen maniobras oscuras y personas perjudicadas.
Las defensas de los restantes imputados rechazaron la ampliación de los cargos y cuestionaron, entre otros aspectos, que no se hubieran individualizado con precisión las conductas atribuidas a cada acusado.
También plantearon que no estaban acreditados los elementos necesarios para configurar los delitos investigados.
Es decir: mientras la Fiscalía intenta construir una hipótesis de organización y manejo irregular de recursos públicos, las defensas cuestionan justamente la existencia de esa estructura y la individualización de responsabilidades.
La disputa judicial recién comienza.
Una causa que todavía tiene mucha tela para cortar
La Fiscalía anticipó que solicitará nuevas pericias sobre los teléfonos celulares secuestrados. El objetivo es determinar si esos dispositivos contienen información que permita ampliar o confirmar las hipótesis investigadas.
Las defensas de Anabela Lucero, Enzo Lucero y Scarel ya plantearon recursos de revisión contra la prisión preventiva.
La Fiscalía, por su parte, también recurrió, aunque por un motivo diferente: cuestionó el plazo de 60 días fijado por el juez para las medidas de coerción.
Diego Torres quedó en una situación procesal distinta. El fiscal no solicitó su prisión preventiva porque, según explicó, se presentó espontáneamente ante la Justicia y permaneció a derecho. Para la Fiscalía, ese comportamiento reduce el peligro procesal respecto de los demás imputados.
El expediente, entonces, tiene varios frentes abiertos.
Por un lado, la investigación sobre el presunto perjuicio de $900 millones.
Por otro, las acusaciones por administración fraudulenta, asociación ilícita y destrucción u ocultamiento de evidencia.
A eso se suma ahora el trámite político-institucional que podría abrirse en la Legislatura para determinar si corresponde avanzar con el desafuero de Beltrán.
Y mientras la Justicia busca reconstruir qué ocurrió dentro del Molino Fénix, la política vuelve a mirar de reojo el expediente.
El caso tiene todos los ingredientes de una tormenta institucional: dinero público, dirigentes políticos, una estructura estatal, acusaciones cruzadas, prisión preventiva, fueros parlamentarios y una investigación que todavía está lejos de haber terminado.
Pero conviene separar la política de la prueba.
Las acusaciones son graves. Las medidas judiciales también.
Sin embargo, una imputación no equivale a una condena.
La investigación deberá establecer qué ocurrió, quiénes participaron, qué perjuicio existió efectivamente y qué pruebas pueden sostener cada una de las acusaciones.
Por ahora, la Justicia ya dio un paso fuerte.
Y el expediente del Molino Fénix acaba de convertirse, probablemente, en uno de los capítulos judiciales y políticos más sensibles de San Luis.