Por Hector Acosta 
La reducción de la feria judicial en San Luis abrió un nuevo frente de conflicto institucional. El Colegio de Abogados y Procuradores presentó ante el Superior Tribunal de Justicia un planteo de inconstitucionalidad contra la ley impulsada por el Gobierno de Claudio Poggi. El debate excede los días de receso: los abogados sostienen que está en juego la independencia del Poder Judicial.
En San Luis hay una nueva discusión institucional que, a primera vista, podría parecer una pelea por vacaciones.
Pero no.
O, por lo menos, eso es lo que sostiene el Colegio de Abogados y Procuradores de San Luis.
La entidad decidió llevar al Superior Tribunal de Justicia la discusión por la reducción de la feria judicial, al considerar que la ley impulsada por el Gobierno provincial y sancionada por la Legislatura invade facultades propias del Poder Judicial.
El planteo fue presentado el 1 de julio y busca que el máximo tribunal provincial declare la inconstitucionalidad de la norma.
El argumento central del Colegio es contundente: el Ejecutivo no debería decidir cómo organiza sus períodos de receso el Poder Judicial.
Y ahí la discusión deja de ser sobre enero.
Pasa a ser sobre poder.
Reducción de la feria judicial en San Luis: ¿quién organiza a la Justicia?
El presidente del Colegio de Abogados, Gabriel Alessandro, cuestionó duramente la iniciativa y sostuvo que el Ejecutivo avanzó sobre atribuciones que corresponden al Poder Judicial.
Según planteó, la organización de los períodos de vacaciones, receso y funcionamiento interno forma parte de las facultades propias de la Justicia.
La frase tiene una carga institucional considerable: “El Poder Ejecutivo ha invadido la esfera de atribuciones del Poder Judicial”.
Traducido al lenguaje político: el problema no sería solamente que los jueces tengan menos días de feria.
El problema sería quién tiene la lapicera para decidirlo.
Porque si mañana el Ejecutivo puede modificar por ley cuándo y cómo descansa la Justicia, la discusión inevitablemente se traslada al terreno de la división de poderes.
Y ahí ya no alcanza con contar días.
Hay que contar atribuciones.
De 30 días a 15: la reforma que encendió la discusión
La ley fue impulsada durante el gobierno de Claudio Poggi y sancionada por la Legislatura el 12 de noviembre del año pasado.
A partir de 2027, el nuevo esquema establece 15 días de feria en enero y una semana en julio.
Para el primer período de verano, el Superior Tribunal de Justicia ya fijó el receso entre el 1 y el 15 de enero.
Es decir, la discusión dejó de ser hipotética.
El nuevo sistema tiene fecha.
Y justamente por eso el Colegio de Abogados pretende que el STJ se pronuncie antes del 31 de diciembre, cuando debería comenzar a aplicarse el nuevo esquema.
La política hizo la ley.
Ahora la Justicia deberá decidir si esa ley puede sostenerse constitucionalmente.
Una ironía bastante argentina: el Gobierno redujo la feria y ahora todos corren para llegar a tiempo a discutir si se podía reducir la feria.
El argumento de los abogados: no todos tienen vacaciones con piloto automático
El Colegio también plantea otro problema.
La reducción no afectaría solamente a jueces y empleados judiciales. Según Alessandro, también tendría consecuencias directas sobre los abogados, especialmente aquellos que trabajan solos o conducen estudios pequeños.
El motivo es bastante concreto.
Los expedientes no necesariamente entran en modo vacaciones.
Los plazos procesales siguen corriendo.
Y ahí aparece uno de los ejemplos utilizados por el titular del Colegio: si un abogado recibe una notificación y tiene tres días para responder, esos tres días siguen siendo tres días aunque el profesional esté de vacaciones.
El expediente no sabe si usted está en la playa.
El expediente no tiene empatía.
El expediente tiene calendario.
Y si el plazo vence, venció.
Por eso, desde el Colegio sostienen que la reducción del receso puede generar una presión adicional sobre los profesionales que no cuentan con grandes estructuras para cubrir sus ausencias.
El problema de los estudios pequeños
La preocupación por los estudios unipersonales no es un detalle menor.
Un gran estudio puede distribuir tareas entre varios abogados.
Uno pequeño, no necesariamente.
Si el profesional se toma unos días, pero continúa recibiendo notificaciones y corriendo plazos, las vacaciones pueden convertirse rápidamente en una especie de guardia jurídica con reposera.
Y esa es justamente una de las críticas de Alessandro.
La reducción de la feria, sostiene, modifica un mecanismo que durante años permitió ordenar la actividad, reducir el flujo de expedientes y organizar tanto a los tribunales como a los profesionales.
El argumento es que la feria no significa que la Justicia cierre.
Durante ese período continúan atendiendo las cuestiones urgentes y necesarias.
La diferencia es que existe una disminución del volumen de trabajo que permite organizar expedientes, poner al día tareas pendientes y establecer los períodos de descanso de jueces, empleados y abogados.
“Van a hacer malabares” en enero
Alessandro fue todavía más lejos al advertir que el nuevo esquema ya estaría generando dificultades organizativas.
Según afirmó, jueces y empleados de tribunales están haciendo “malabares” para organizar el funcionamiento de los juzgados durante enero.
Y acá aparece otra pregunta.
Si la reforma busca mejorar la eficiencia del sistema judicial, habrá que esperar para saber si efectivamente produce ese resultado.
Porque reducir una estructura no garantiza automáticamente que funcione mejor.
A veces simplemente significa que hay menos margen para hacer lo mismo.
Y en la Justicia, donde los expedientes tienen plazos, las audiencias tienen fechas y las resoluciones requieren tiempo, la ecuación puede resultar bastante más compleja que una simple cuenta de días.
Una disputa que ahora deberá resolver el STJ
El Colegio de Abogados ya hizo su movimiento.
Presentó la demanda de inconstitucionalidad.
Ahora el turno es del Superior Tribunal de Justicia.
La cuestión que deberá analizar el máximo tribunal provincial tiene una dimensión jurídica, pero también una evidente dimensión institucional.
¿Puede una ley impulsada por el Ejecutivo y aprobada por la Legislatura establecer el período de feria judicial?
¿O esa decisión forma parte de las facultades propias del Poder Judicial?
El debate tiene una importancia que excede ampliamente las vacaciones de enero.
Porque la división de poderes no se prueba solamente cuando hay grandes crisis institucionales.
También se pone a prueba en estas discusiones aparentemente pequeñas donde se define quién puede decidir qué.
Y esa es la verdadera pelea que acaba de entrar al STJ.
No se trata solamente de si los jueces tendrán 30 días o 15.
Se trata de algo bastante más incómodo para cualquier gobierno:
hasta dónde llega su poder.
Mientras tanto, abogados, jueces y empleados miran el calendario.
El 1 de enero se acerca.
Y antes de que llegue, el STJ tendrá que decir si la nueva feria judicial es constitucional.
Porque en San Luis, aparentemente, hasta las vacaciones terminaron judicializadas.