Por Hector Acosta 
El Tribunal rechazó los planteos de las defensas y consideró que todavía existen riesgos de entorpecimiento de la investigación por presuntas irregularidades en el complejo Molino Fénix de Villa Mercedes. Además, ordenó garantizar la atención médica de la exdiputada provincial.
La Justicia de San Luis confirmó la prórroga por otros 90 días de la prisión preventiva para la exdiputada provincial Erica Anabela Lucero, su hermano Enzo Fabricio Lucero y su cuñado Exequiel Scarel, investigados en la causa por presuntas irregularidades en la administración del complejo Molino Fénix de Villa Mercedes.
La decisión fue adoptada luego de que el Tribunal rechazara los recursos de revisión presentados por las defensas de los tres imputados. Los magistrados consideraron que continúan vigentes los riesgos procesales que justificaron las detenciones, principalmente la posibilidad de entorpecer el avance de la investigación.
Entre los elementos pendientes mencionaron nuevas declaraciones testimoniales y pericias bancarias, societarias y tecnológicas que todavía deben incorporarse al expediente.
Por qué la Justicia decidió mantener las prisiones preventivas
En su resolución, los jueces analizaron individualmente la situación de cada imputado y los posibles riesgos que podrían representar para la conservación de las pruebas.
En el caso de Exequiel Scarel, señalaron que se le atribuyen tareas relacionadas con la administración de credenciales digitales, modificación de contraseñas, desactivación de cuentas institucionales y manejo de información. Según el Tribunal, las pericias realizadas sobre sus dispositivos no descartan completamente la posibilidad de acceso remoto a cuentas y servicios alojados en la nube.
Respecto de Enzo Fabricio Lucero, los magistrados tuvieron en cuenta su presunta participación como firmante autorizado de cuentas del ente descentralizado, su vinculación con determinadas sociedades y el acceso a información financiera. Estos elementos fueron considerados relevantes frente a las diligencias bancarias y societarias que todavía están pendientes.
En cuanto a Erica Anabela Lucero, la Fiscalía le atribuye, junto con Joaquín Beltrán, un presunto papel de organización dentro de la estructura investigada. El Tribunal consideró que su posible influencia sobre empleados, exempleados y personas que mantuvieron relaciones contractuales con el complejo podría afectar la obtención de testimonios.
Las pruebas pendientes mantienen abierta la investigación
Otro de los fundamentos para sostener las medidas cautelares fue la cantidad de diligencias que todavía deben completarse.
La investigación continúa con la incorporación de documentación financiera y societaria, nuevas declaraciones y pericias sobre información digital.
Los jueces también señalaron que el hecho de que algunas pericias tecnológicas hayan concluido no significa que hayan desaparecido todos los riesgos de interferencia sobre las pruebas restantes.
Sin embargo, la resolución remarcó que, a medida que avanza el proceso, la acusación debe fundamentar con mayor precisión cuáles son los riesgos concretos que justifican mantener las restricciones a la libertad.
Ordenaron garantizar la atención médica de la exdiputada
La resolución también incluyó una disposición específica sobre el estado de salud de Anabela Lucero.
El Tribunal ordenó oficiar al Servicio Penitenciario Provincial para que continúe garantizando su atención médica y farmacológica.
Además, dispuso remitir con carácter urgente al Juzgado de Garantía un informe detallado sobre su diagnóstico, tratamiento, estado de salud y programación de una intervención quirúrgica pendiente.
Con el rechazo de los recursos defensivos, los tres imputados continuarán detenidos durante otros 90 días, mientras la Justicia avanza con las medidas probatorias previstas en la causa.
La prórroga de la prisión preventiva constituye una medida cautelar y no implica una declaración de culpabilidad.