Por Hector Acosta 
Unos 37 bicicleteros de San Luis difundieron una carta abierta en respuesta a las críticas del senador nacional de La Libertad Avanza, quien cuestionó la transparencia del programa provincial y planteó sospechas de sobreprecios. Los comerciantes defendieron su trabajo y denunciaron que las acusaciones afectan sus emprendimientos y fuentes laborales.
La polémica por el Plan TuBi sumó un nuevo capítulo político en San Luis. Unos 37 proveedores del programa provincial difundieron este lunes una carta abierta en la que respondieron con dureza al senador nacional de La Libertad Avanza, Bartolomé Abdala, luego de que el legislador cuestionara la transparencia de la iniciativa y planteara sospechas de sobreprecios en publicaciones realizadas en sus redes sociales, que posteriormente eliminó.
Los comerciantes rechazaron las acusaciones y defendieron su participación en la entrega de bicicletas. Sostuvieron que las críticas afectan directamente a pequeños y medianos emprendimientos locales que generan empleo y dependen de la actividad comercial.
“Los abajo firmantes, somos los bicicleteros de San Luis. Los que abrimos el local todos los días, los que arreglamos la bicicleta del vecino, los que pagamos sueldos, alquileres e impuestos en esta provincia. Somos, también, los proveedores del Plan TuBi”, expresaron al comienzo del documento.
En la misma carta, cuestionaron que se los vincule con una supuesta red de sobreprecios y rechazaron las sospechas planteadas por el legislador.
“Le respondemos con nombre, apellido y comercio. Viendo sus expresiones usted no conoce cómo trabajamos o miente”, manifestaron.
Los bicicleteros defendieron el funcionamiento del programa
Los firmantes explicaron que se incorporaron al programa mediante una convocatoria abierta y que cumplieron con los requisitos establecidos por el Estado provincial.
También remarcaron que sus negocios tienen presencia en distintas localidades y que la actividad vinculada con el Plan TuBi les permitió sostener puestos de trabajo y, en algunos casos, mejorar la situación económica de sus emprendimientos.
“Entregamos cada bicicleta a la vista de todos, en actos públicos. Si eso no es transparencia, díganos qué es”, plantearon.
La respuesta apunta directamente a los cuestionamientos de Abdala sobre los mecanismos de contratación y los precios del programa. Sin embargo, la defensa de los comerciantes y las acusaciones del senador representan posiciones contrapuestas que deben analizarse a partir de la documentación sobre compras, proveedores y costos.
“No somos un puñado que hace negocios con el Gobierno”
Uno de los puntos centrales de la carta fue el rechazo a la idea de que los proveedores sean un grupo reducido de comerciantes beneficiados por su relación con la administración provincial.
“No somos ‘un puñado que hace negocios con el Gobierno’. Tenemos nuestros comercios de San Luis, Villa Mercedes, La Punta, El Volcán, Quines, San Francisco, Merlo y Juana Koslay”, señalaron.
Los bicicleteros también cuestionaron que las críticas se formularan desde las redes sociales sin conocer directamente el funcionamiento de sus establecimientos.
“Mientras usted, desde un cómodo sillón, a cientos de kilómetros de San Luis, nos difama y agrede deshonrando nuestros emprendimientos familiares”, expresaron.
En ese sentido, afirmaron que el programa les permitió ampliar su actividad y sostener sus fuentes laborales en un contexto económico complejo.
La carta también destaca el trabajo que realizan en sus talleres para preparar cada unidad antes de su entrega.
“Cada bicicleta que sale de nuestros talleres la armamos nosotros, pieza por pieza, y la firmamos, poniendo en juego el prestigio de nuestros apellidos”, sostuvieron.
Una invitación al senador para conocer los talleres
Los proveedores invitaron a Abdala a visitar personalmente sus establecimientos para conocer las condiciones en las que trabajan y el proceso de preparación de las bicicletas.
“¿Tiene alguna duda? Lo invitamos a que, cuando visite San Luis, se acerque a cualquiera de nuestros talleres. La puerta está abierta y podrá estrechar nuestras manos engrasadas en nuestro lugar de trabajo”, expresaron.
El mensaje busca contraponer las sospechas planteadas por el legislador con la experiencia cotidiana de los comerciantes que participan del programa.
No obstante, una visita a los talleres no reemplaza la necesidad de contar con información verificable sobre los costos, las condiciones de contratación y los mecanismos de control del Plan TuBi.
“No intente quitarle el plato de comida a nuestros hijos”
El tramo final del documento elevó el tono del enfrentamiento. Los comerciantes cuestionaron lo que consideran una utilización política de sus emprendimientos y reclamaron responsabilidad al senador por el cargo institucional que ocupa.
“No permitimos que su vulgar politiquería ensucie nuestros nombres y banalice nuestro esfuerzo desde la comodidad de una red social. Somos padres e hijos trabajando juntos hasta la medianoche”, manifestaron.
Luego, agregaron una de las frases más contundentes de la carta: “No intente quitarle el plato de comida a nuestros hijos por sus ambiciones electorales”.
Los proveedores concluyeron reivindicando su condición de trabajadores y empresarios locales: “Somos bicicleteros sanluiseños que generamos trabajo en San Luis”.
El Plan TuBi, en el centro de la disputa política
La controversia se produce en un escenario de cuestionamientos al programa provincial desde distintos sectores políticos. Según el planteo presentado, las críticas de Abdala coinciden con las que el exgobernador Alberto Rodríguez Saá formuló contra la iniciativa.
El cruce vuelve a poner al Plan TuBi en el centro de la discusión sobre el uso de recursos públicos, la transparencia de los programas estatales y el impacto de las políticas gubernamentales en la actividad económica local.
Por un lado, los comerciantes defienden su participación y aseguran que el programa contribuye a sostener empleos y emprendimientos familiares. Por otro, los cuestionamientos sobre posibles sobreprecios requieren respuestas respaldadas por información oficial, documentación contractual y datos verificables.
La discusión, por lo tanto, excede el intercambio de acusaciones en redes sociales: también plantea la necesidad de transparentar los costos del programa y garantizar que cualquier señalamiento pueda evaluarse sobre la base de pruebas concretas.