Por Hector Acosta 
La denuncia penal señala una supuesta entrega de un celular a una interna durante una visita y la presencia de lentes que podrían ser inteligentes. También cuestiona inconsistencias en los registros médicos de una detenida que realiza una huelga de hambre.
La Dirección General del Servicio Penitenciario Provincial presentó una denuncia penal ante la Unidad de Abordaje Fiscal contra los abogados Esteban Marcos Bustos Bridarolli y Sergio Adriel Cabello, quienes ejercen la defensa técnica de Érica Anabela Lucero, alojada en la Unidad N.º 4, conocida como Cárcel de Mujeres, del Complejo Penitenciario N.º I «Granadero Juan Bautista Baigorria».
Según el escrito presentado por la directora del organismo, Karina Lorena Mantelli, con el patrocinio letrado de Franco Augusto Molina Aballay, se habrían detectado conductas que podrían comprometer la seguridad interna del establecimiento y generar riesgos para el desarrollo del proceso judicial.
Los hechos denunciados se encuentran sujetos a investigación y, por el momento, constituyen acusaciones formuladas por la autoridad penitenciaria.
La denuncia apunta a una visita del 16 de septiembre
Uno de los episodios centrales habría ocurrido el 16 de septiembre de 2026, alrededor de las 17:41, cuando los abogados concurrieron al complejo penitenciario ubicado sobre la Ruta Nacional 146, a la altura del kilómetro 8,5, para entrevistarse con su defendida en el salón de visitas de la unidad femenina.
De acuerdo con la presentación judicial, la oficial de servicio Mariam Ekatherine Naif habría observado, a través de la celaduría, movimientos que despertaron sospechas.
La denuncia sostiene que los letrados le habrían entregado un teléfono celular a Lucero en más de una oportunidad y que la interna habría utilizado el dispositivo para comunicarse con una persona cuya identidad no fue determinada.
Además, el escrito menciona la colocación sobre la mesa de un par de lentes que, según la sospecha planteada por el organismo, podrían ser inteligentes.
La institución considera que estos hechos podrían representar un incumplimiento del protocolo de ingreso para abogados y procuradores, suscripto con el Colegio de Abogados y Procuradores. Según lo informado, la situación también motivó la apertura de actuaciones administrativas.
Visitas frecuentes y medidas de seguridad
La presentación señala que los abogados visitan diariamente a su defendida. Sin embargo, el propio planteo distingue esa frecuencia de las conductas específicas que se investigan: las visitas de los profesionales, por sí solas, no constituyen una irregularidad penal.
Lo que el Servicio Penitenciario cuestiona son las presuntas acciones que habrían ocurrido durante esos encuentros y que, según su interpretación, podrían comprometer los controles internos del establecimiento.
La investigación deberá determinar qué sucedió durante las visitas, qué elementos se utilizaron y si existió alguna conducta ilícita.
Cuestionamientos por los controles médicos de la interna
Otro apartado de la denuncia se refiere a la situación de salud de Lucero, quien, según el organismo, se encuentra realizando una huelga de hambre y recibe controles médicos diarios para resguardar su integridad física.
La institución informó que detectó inconsistencias entre los pesajes consignados por el Departamento Sanidad Central y el estado físico que observaba en la interna. El escrito sostiene que la pérdida de peso informada «no existe en la realidad», una afirmación que deberá ser evaluada mediante las actuaciones correspondientes.
Según la denuncia, esta situación ya fue puesta en conocimiento del juzgado interviniente y se iniciaron actuaciones administrativas para determinar si hubo errores o responsabilidades del personal involucrado.
Por tratarse de una cuestión vinculada con registros médicos, será necesario establecer qué datos se consignaron, cómo se realizaron los controles y qué documentación respalda las observaciones del organismo.
Ofrecieron videos y solicitaron medidas preventivas
Como prueba principal, el Servicio Penitenciario ofreció las grabaciones de video de la Unidad N.º 4 para respaldar los hechos denunciados.
Asimismo, solicitó a la unidad fiscal interviniente que disponga medidas preventivas urgentes con el objetivo de preservar la seguridad del establecimiento y evitar posibles interferencias en la investigación.
Ahora será la Justicia la que deberá analizar los elementos aportados, determinar si corresponde adoptar las medidas solicitadas y establecer si existieron responsabilidades penales o administrativas.
Hasta que avance la investigación, las conductas atribuidas a los abogados y las presuntas irregularidades en los registros médicos deben considerarse hechos denunciados y no responsabilidades judicialmente acreditadas.