Por Hector Acosta 
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto impulsado por Claudio Poggi para adecuar el procedimiento penal juvenil a la normativa nacional. El oficialismo defendió los cambios y la oposición advirtió sobre la falta de precisiones presupuestarias, infraestructura y personal.
El Régimen Penal Juvenil en San Luis obtuvo media sanción este miércoles en la Cámara de Diputados, con 27 votos a favor y 10 en contra. El proyecto, impulsado por el gobernador Claudio Poggi, busca adecuar la legislación procesal provincial a la nueva normativa nacional, que redujo a 14 años la edad de imputabilidad penal.
La iniciativa modifica el Código Procesal Penal provincial y la Ley Orgánica de la Administración de Justicia para incorporar procedimientos específicos destinados a adolescentes de entre 14 y 18 años. Entre sus disposiciones contempla garantías procesales especiales, mecanismos alternativos a la privación de la libertad y medidas orientadas a la reparación del daño y la reintegración social.
El debate legislativo expuso dos posiciones. Mientras el oficialismo defendió la necesidad de adecuar los procedimientos judiciales y establecer herramientas específicas para intervenir en los casos de adolescentes en conflicto con la ley penal, la oposición cuestionó la falta de definiciones concretas sobre los recursos económicos, la infraestructura y el personal necesarios para aplicar el sistema.
Régimen Penal Juvenil en San Luis: qué defendió el oficialismo
La diputada oficialista Fabiana Zárate fundamentó el proyecto y sostuvo que, aunque el Congreso Nacional tiene competencia para establecer las normas penales de fondo, las provincias deben regular los procedimientos judiciales para aplicarlas.
En ese marco, afirmó que, tras la sanción de la Ley Nacional 27.801, “es obligación de las provincias adecuar sus códigos de procedimiento”.
Zárate también planteó que, más allá de las distintas posiciones sobre la reducción de la edad de imputabilidad, existía la necesidad de actualizar el régimen penal juvenil, cuya legislación anterior databa de 1980.
La legisladora destacó que la nueva normativa debe respetar las garantías constitucionales y los tratados internacionales de derechos humanos, particularmente la Convención sobre los Derechos del Niño. Ese marco establece que la privación de la libertad de los adolescentes debe utilizarse como último recurso y durante el menor tiempo posible.
Garantías, medidas alternativas y asistencia especializada
El proyecto establece que los adolescentes deberán contar con asistencia especializada, recibir información comprensible sobre las actuaciones judiciales y tener garantizado su derecho a ser escuchados.
También incorpora mecanismos de protección de la identidad y la privacidad, además del uso de Cámara Gesell en determinadas circunstancias.
Entre las herramientas procesales previstas figuran:
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Criterio de oportunidad.
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Mediación penal juvenil.
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Suspensión del proceso a prueba.
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Juicio abreviado.
La iniciativa contempla, además, distintas medidas que incluyen amonestaciones, prohibiciones de contacto o de concurrencia a determinados lugares, servicios comunitarios, monitoreo electrónico y reparación del daño causado.
En los casos en que resulte necesaria la privación de la libertad, los adolescentes deberán permanecer en establecimientos especializados, separados de las personas adultas y bajo supervisión de personal capacitado.
Zárate remarcó que los operadores judiciales deberán “no solo atender a la punición de los hechos y la reparación de la víctima, sino también a la protección de los adolescentes que se encuentran en situación de conflicto con la ley penal”.
Caymes cuestionó los recursos para implementar la ley
Desde la oposición, el presidente del bloque opositor, Lucas Caymes, centró sus críticas en la falta de precisiones sobre cómo se pondrá en funcionamiento el nuevo régimen.
El legislador reconoció que la normativa asigna nuevas responsabilidades al Estado provincial, pero consideró que el proyecto no determina de manera suficiente cómo se cumplirán esas obligaciones.
“La discusión que presentamos es si este proyecto viene con lo necesario para realizar y para que se cumpla de manera correcta esta ley, y lo que creemos es que no acompaña”, manifestó.
Caymes sostuvo que la iniciativa crea obligaciones que implican costos para el Estado, pero no establece plazos, responsables ni recursos específicos para llevarlas adelante.
En ese sentido, cuestionó el artículo 20, que dispone que el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Ministerio Público deberán dictar las normas reglamentarias y adoptar las medidas necesarias para la aplicación del régimen.
“No dice cuándo, no dice quién y no dice con qué dinero”, afirmó.
Infraestructura, supervisores y reglamentación
Uno de los principales cuestionamientos del diputado opositor estuvo relacionado con los establecimientos donde deberán alojarse los adolescentes alcanzados por medidas privativas de la libertad.
Según Caymes, aunque el gobernador Poggi realizó anuncios vinculados con esa infraestructura, las previsiones no aparecen detalladas en el texto sometido a votación.
También puso en duda la precisión del sistema de supervisores previsto para el seguimiento de los adolescentes y cuestionó que aspectos centrales de la aplicación queden sujetos a futuras reglamentaciones.
“El proyecto delega toda la reglamentación, no crea el organismo y no fija cuántos supervisores ni dónde van a funcionar”, sostuvo.
El legislador resumió su objeción con una crítica al tratamiento parlamentario: consideró que, sin información suficiente sobre las condiciones de implementación, “la Cámara está votando siempre a ciegas”.
Gallardo aseguró que el presupuesto 2027 contempla los gastos
En respuesta a los cuestionamientos, la diputada oficialista Eugenia Gallardo aseguró que el presupuesto de 2027 contempla los gastos necesarios para adecuar la infraestructura y garantizar el funcionamiento del nuevo régimen.
La legisladora también mencionó una licitación de vehículos destinados a la Comisaría de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia (CANAF).
“Están previstos para 2027 gastos que van a ser necesarios para adecuar tanto la infraestructura como el funcionamiento de todo lo que este nuevo régimen demanda”, afirmó.
De esta manera, el oficialismo sostuvo que existen previsiones presupuestarias para afrontar las necesidades derivadas de la reforma, mientras que la oposición reclamó mayores precisiones sobre los mecanismos concretos de ejecución.
Sosa Araujo cuestionó la participación de especialistas
La diputada opositora Silvia Sosa Araujo expresó reparos sobre el proceso de elaboración del proyecto y la participación de los profesionales que deberán intervenir en su aplicación.
La legisladora cuestionó que se mencionaran consultas con operadores del Poder Judicial sin precisar la participación de los cuatro jueces penales juveniles de la provincia. También preguntó por qué no fueron convocados los colegios de abogados y procuradores.
“Va a pasar lo mismo que pasó la sesión pasada con los fiscales. No involucramos en las leyes a las personas que saben, que están en la materia, que son los que tienen que trabajar”, sostuvo.
La discusión por los equipos técnicos judiciales
Sosa Araujo vinculó sus críticas con las modificaciones realizadas en la estructura del Poder Judicial. Recordó que, durante el tratamiento presupuestario, la oposición había advertido sobre la eliminación de cargos de profesionales especializados.
“Hemos visto, en el presupuesto de la Justicia, cómo se eliminaron los cargos, y lo hemos dicho en este recinto, de los psicólogos y grupos técnicos. Y ahora necesitan a los psicólogos que los echaron, los sacaron, le bajaron el personal a la Justicia”, manifestó.
La diputada también cuestionó que el proyecto contemple su aplicación desde la publicación en el Boletín Oficial, sin establecer un período específico de preparación para completar las adecuaciones necesarias.
A su entender, la normativa resulta “inaplicable” en su estado actual porque todavía no estarían garantizados los recursos humanos y materiales requeridos para poner en marcha el sistema.
El proyecto de Régimen Penal Juvenil pasó al Senado
Con 27 votos afirmativos y 10 negativos, la Cámara de Diputados dio media sanción a la iniciativa impulsada por el gobernador Poggi. El proyecto será remitido ahora al Senado provincial, donde continuará su tratamiento legislativo.
La discusión dejó planteado un eje central: la adecuación de los procedimientos provinciales a la normativa nacional y las condiciones necesarias para que el nuevo régimen pueda funcionar.
Mientras el oficialismo destacó las garantías procesales, la asistencia especializada y las herramientas alternativas a la privación de la libertad, la oposición insistió en la necesidad de contar con definiciones concretas sobre presupuesto, establecimientos, supervisores y equipos técnicos.
La continuidad del trámite legislativo abrirá una nueva instancia para discutir la propuesta, en un contexto en el que las diferencias entre ambos sectores no se limitaron al contenido de la reforma, sino que también alcanzaron a los recursos y a la planificación necesaria para su aplicación.