Por Hector Acosta 
La Comisión de Legislación General decidió demorar el dictamen sobre el pedido de desafuero de Joaquín Beltrán. La defensa cuestionó que el legislador pueda ser desaforado mientras permanezca formalmente imputado.
La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados decidió postergar hasta el próximo martes el dictamen sobre el pedido de desafuero de Joaquín Beltrán, luego de que la defensa del legislador albertista presentara un planteo para cuestionar si, en el estado actual de la causa, están dadas las condiciones procesales para avanzar con la medida.
Aunque el oficialismo mantiene una posición política contraria al diputado investigado en la causa Molino Fénix, el presidente de la comisión, Carlos Pereira, explicó que resolvieron tomarse unos días para analizar los argumentos de la defensa y elaborar un despacho que, según señaló, esté “muy bien fundado política y jurídicamente”.
La comisión tenía previsto emitir dictamen este martes. Sin embargo, el lunes ingresó a la Presidencia de la Cámara una presentación realizada por la defensa de Beltrán.
Pereira explicó que el planteo fue analizado por los integrantes de la comisión porque considera que contiene un argumento que debe ser atendido: el Código Procesal Penal de la Provincia establece, según la interpretación de la defensa, que un diputado puede ser desaforado recién cuando ha sido acusado.
La presentación plantea, además, una diferencia entre las figuras de imputado y acusado. Según explicó Pereira, Beltrán se encuentra actualmente en condición de imputado, por lo que la defensa sostiene que todavía no estarían reunidos los requisitos procesales para avanzar con el desafuero.
“Nos vamos a tomar unos días para atender esta nota de la defensa, también buscando darle las mayores garantías al requerido, de amplia defensa ante la Legislatura y ante quien corresponda”, afirmó Pereira.
La comisión volverá a reunirse el próximo martes y deberá resolver entonces si acepta el argumento planteado por la defensa o si lo desestima.
Desafuero de Joaquín Beltrán: la discusión entre la Constitución y el nuevo proceso penal
El debate no se limita a la situación procesal del legislador. También abrió una discusión institucional sobre la relación entre el texto constitucional provincial y las reglas del actual sistema procesal penal.
El artículo 125 de la Constitución establece que, cuando se formula una denuncia criminal contra un diputado o senador, la Cámara correspondiente debe tratar el pedido “en la sesión inmediata a aquélla en que se da cuenta del hecho”. La norma contempla además la posibilidad de suspender al legislador y dejarlo a disposición del juez competente con el voto de los dos tercios de la totalidad de los integrantes del cuerpo.
Pereira reconoció que, bajo una lectura estricta de esa disposición, el tratamiento debería haberse producido esta semana.
“En rigor deberíamos haberlo tratado mañana, en la sesión del día miércoles”, señaló.
Sin embargo, el legislador planteó que existe una tensión entre una Constitución sancionada en 1987 y las reglas del nuevo proceso penal.
“Tenemos una Constitución del año 87 que prevé ese precepto, pero a su vez tenemos un Código Procesal nuevo, con reglas del proceso penal modernas, que dejó de lado lo que se llama el sistema inquisitivo por uno que se llama acusatorio adversarial”, explicó.
Para Pereira, esa diferencia obliga a la Cámara a analizar cuidadosamente la forma en que deberá fundamentar su decisión.
“Eso nos interpela a nosotros a tener que dar cuenta de cómo vamos a votar y dictaminar”, sostuvo.
A esa discusión se suma otra: la mayoría necesaria para avanzar con el desafuero.
Pereira señaló que en algunos pasajes de la presentación fiscal “se deja entrever que se requeriría una mayoría simple”. Sin embargo, adelantó que su interpretación es que debe prevalecer la exigencia constitucional.
“La letra del artículo 125 de la Constitución habla de que, para desaforar, en este caso, donde no hay flagrancia, se requieren los dos tercios de la totalidad de los integrantes del cuerpo”, sostuvo.
La Cámara de Diputados está integrada por 43 legisladores. Bajo esa interpretación, serían necesarios 29 votos para avanzar con el desafuero.
Desafuero y suspensión no son necesariamente lo mismo
En medio del pedido fiscal para poder avanzar con una eventual prisión preventiva de Beltrán, Pereira también diferenció entre el desafuero y la suspensión del legislador.
“Se puede desaforar sin suspender”, explicó.
Como antecedente mencionó el caso del exsenador provincial Ariel Rosendo, cuyo procedimiento sí contempló la suspensión.
La cuestión adquiere relevancia porque la Fiscalía atribuye a Beltrán un rol central en la presunta asociación ilícita investigada en torno al Complejo Molino Fénix y solicitó poder avanzar con una eventual prisión preventiva.
Pereira señaló que una prisión preventiva no necesariamente quedaría limitada a los 60 días inicialmente solicitados por el Ministerio Público Fiscal, ya que podría prorrogarse si subsistieran los riesgos procesales.
“Puede estar privado preventivamente, provisoriamente, de su libertad hasta el efectivo juicio y debate oral”, afirmó.
De todos modos, aclaró que también podría ocurrir que la medida fuera levantada y que Beltrán transitara el proceso en libertad.
En ese sentido, mencionó que, según la información que maneja, la defensa habría presentado un recurso de eximición de prisión.
Independientemente de cómo se resuelva la situación cautelar, Pereira remarcó que la investigación continuará y que eventualmente deberá determinarse si el expediente llega a juicio.
“Puede llegar a situación en libertad o, como quiere el fiscal Olguín, privado de su libertad, porque el fiscal entiende que está entorpeciendo su investigación”, indicó.
La Fiscalía había fundamentado el pedido de prisión preventiva precisamente en el riesgo de entorpecimiento de la investigación. En el escrito remitido a la Legislatura, José Olguín atribuyó a Beltrán el carácter de presunto organizador de una asociación ilícita y sostuvo que existen riesgos concretos para la conservación de la prueba, entre ellos la posibilidad de eliminación remota de información de dispositivos electrónicos.
Para Pereira, además, el caso tiene un componente institucional inédito.
“Tiene algo inédito. Yo no tengo referencia de que un caso de un diputado donde se haya tratado un desafuero. En el Senado sí, en el caso Rosendo”, señaló.
Pereira insistió con una sanción para Sosa Araujo
Durante la entrevista, Pereira también se refirió al pedido que realizó la semana pasada para que la Cámara sancione a la diputada Silvia Sosa Araujo por sus expresiones durante el debate sobre la necesidad de una reforma constitucional.
En aquella sesión, Sosa Araujo cuestionó que personas que no nacieron en San Luis quieran modificar la Constitución. Pereira había calificado entonces esas expresiones como “cuasi xenófobas”.
Ahora volvió sobre el tema y las definió como una expresión “muy chauvinista”.
El diputado sostuvo que la legislación permite ser candidato y representar a la provincia a quienes cumplen los requisitos correspondientes, independientemente de haber nacido en San Luis. Desde su perspectiva, cuestionar esa legitimidad por el lugar de origen resulta improcedente.
Según Pereira, la Mesa Directiva analiza actualmente el planteo.
“Ya es la segunda amonestación que es requerida por los miembros del cuerpo. El reglamento exige normas de convivencia”, sostuvo.
El legislador también advirtió que una eventual sanción podría tener consecuencias concretas para Sosa Araujo, entre ellas la posibilidad de ser privada del uso de la palabra durante los debates o incluso sufrir un descuento de la dieta.
Por ahora, el foco de la Cámara está puesto en otro expediente: el pedido de desafuero de Joaquín Beltrán. La comisión decidió no apurar el dictamen y volverá a reunirse el próximo martes, cuando deberá definir si acepta los argumentos de la defensa o avanza con el pedido bajo la interpretación constitucional sostenida por Pereira.