Por Hector Acosta 
La disputa interna en la Unión Cívica Radical de San Luis sumó un nuevo capítulo judicial. Un afiliado presentó una acción ante la Justicia Federal para pedir la nulidad de las resoluciones que dieron origen al cronograma electoral partidario 2026. Denuncia irregularidades administrativas, violaciones a la Carta Orgánica y maniobras en la acreditación de convencionales durante la asamblea provincial del pasado 16 de mayo.
La crisis interna que atraviesa la Unión Cívica Radical de San Luis escaló formalmente al ámbito judicial. Daniel Mariani, afiliado radical, presentó ante la Justicia Federal un pedido de nulidad contra las resoluciones emitidas por el Comité Ejecutivo Provincial y contra la asamblea de la Convención Provincial realizada el 16 de mayo de 2026.
La presentación apunta directamente contra las Resoluciones 2, 3, 4 y 5 dictadas este año por la conducción partidaria y cuestiona la legalidad del proceso electoral convocado para renovar autoridades internas.
El planteo judicial sostiene que las decisiones adoptadas “transgreden de manera expresa” la Carta Orgánica Provincial y también contradicen disposiciones de la Carta Orgánica Nacional de la UCR.
El expediente quedó encuadrado dentro de la Ley Orgánica de Partidos Políticos N° 23.298, que habilita la revisión judicial de resoluciones partidarias una vez agotada la vía interna.
Uno de los puntos más delicados del escrito judicial se centra en la supuesta suspensión de artículos clave de la Carta Orgánica Provincial mediante resoluciones internas del Comité Ejecutivo Provincial.
Según la denuncia, la conducción radical habría intentado dejar sin efecto artículos vinculados a requisitos patrimoniales, reelecciones partidarias y normas electorales sin cumplir el procedimiento formal de reforma previsto en el propio estatuto partidario.
En ese sentido, el afiliado sostiene que la Convención Provincial “se extralimitó” en sus facultades al ratificar esas medidas e incluso aprobar una cláusula transitoria que extendería la suspensión de artículos por dos años.
La presentación también remarca inconsistencias administrativas dentro de las propias resoluciones. Entre ellas, menciona que una de las resoluciones carece de fecha oficial y que otras presentan modificaciones contradictorias sobre la convocatoria electoral y la fecha de reunión de la Convención Provincial.
La denuncia describe el proceso como “informal” y cuestiona la validez jurídica de las decisiones tomadas.
Otro de los ejes del planteo apunta a la asamblea de la Convención Provincial realizada el 16 de mayo.
De acuerdo con el escrito, la reunión habría sido realizada en una fecha distinta a la originalmente convocada. Además, se denuncian irregularidades durante la acreditación de convencionales y en el mecanismo de participación virtual.
El documento sostiene que varios convencionales habrían quedado “en sala de espera” sin ser habilitados para ingresar a la sesión virtual, mientras que también se habrían acreditado suplentes en una cantidad superior a la permitida por departamento.
La situación habría generado tensión dentro del encuentro partidario. Según la presentación judicial, incluso integrantes de la mesa de conducción reconocieron problemas en la integración de la Convención luego de una votación cuestionada.
Ese episodio derivó, siempre según la denuncia, en el retiro de varios convencionales molestos por las condiciones en que se desarrolló la asamblea.
Más allá de la discusión técnica y estatutaria, el conflicto vuelve a dejar al descubierto el complejo escenario político que atraviesa el radicalismo puntano.
La disputa interna no es nueva, pero la judicialización del proceso electoral profundiza las diferencias entre sectores partidarios y agrega incertidumbre sobre la renovación de autoridades prevista para este año.
En términos políticos, el expediente puede transformarse en un elemento de presión interna. Si la Justicia Federal decide avanzar sobre el análisis de legalidad de las resoluciones cuestionadas, el cronograma electoral podría quedar condicionado o incluso suspendido.
El planteo además incorpora un dato sensible: la supuesta contradicción entre las medidas adoptadas en San Luis y la Carta Orgánica Nacional de la UCR. Allí se menciona específicamente el límite a las reelecciones partidarias consecutivas y la obligación de presentación de declaraciones patrimoniales.
Ese punto podría escalar el conflicto más allá del distrito provincial y abrir un debate interno de alcance nacional dentro del radicalismo.
En el cierre de la presentación judicial, el afiliado solicitó que se declare la invalidez de todas las resoluciones cuestionadas y que se ordene a la conducción partidaria convocar nuevamente a elecciones internas “en total respeto” de la Carta Orgánica Nacional y Provincial.
Además, pidió que la UCR San Luis remita oficialmente la resolución adoptada por la Convención Provincial el pasado 16 de mayo, ya que —según sostiene— hasta el momento no habría sido difundida formalmente.
También ofreció prueba documental y testimonial para respaldar las denuncias expuestas en el expediente.
Mientras tanto, la interna UCR San Luis suma un nuevo frente de conflicto que ahora tendrá definición judicial y que podría impactar directamente en el futuro político del partido en la provincia.