Por Hector Acosta 
Bastías, Roldán y Orozco rechazaron el Presupuesto 2027 con fuertes cuestionamientos, pero el debate dejó una pregunta central: ¿la oposición está trabajando para mejorar las herramientas de gestión o se limita a bloquear las propuestas del oficialismo?
El Concejo Deliberante de La Punta aprobó el Presupuesto Municipal 2027 por cuatro votos contra tres. Sin embargo, más allá del resultado de la votación, la sesión dejó expuesta una discusión que merece ir más allá de las diferencias partidarias: el papel que debe cumplir la oposición cuando se trata de decidir cómo se administrarán los recursos de la ciudad.
Martín Bastías, Rocío Roldán y Fernando Orozco votaron en contra. Durante el debate cuestionaron las partidas para obras públicas, la falta de precisiones sobre algunos proyectos, las previsiones salariales y los montos destinados a distintas áreas. Entre sus principales objeciones apareció la partida de $1.100 millones para el acceso a la Ruta Nacional 146.
Es legítimo que los concejales controlen, pregunten y exijan explicaciones. De hecho, esa es una parte fundamental de su función. Pero también corresponde preguntarse si las críticas expuestas estuvieron acompañadas por propuestas concretas para mejorar el presupuesto o si el rechazo terminó siendo la respuesta predominante por el solo hecho de estar en la vereda opuesta del gobierno municipal.
Controlar no es lo mismo que bloquear
Durante la sesión, Roldán cuestionó la falta de detalles sobre determinadas obras y puso en duda las previsiones de ingresos y gastos. Bastías acompañó las críticas y calificó el presupuesto como una “libreta de un almacén”. Orozco, por su parte, señaló supuestas inconsistencias técnicas en el expediente.
Son cuestionamientos que merecen ser evaluados por su contenido. Pero una discusión presupuestaria no debería agotarse en señalar lo que está mal: también requiere explicar cómo corregirlo, qué alternativas se proponen y de qué manera se pueden garantizar los servicios, las obras y la asistencia que necesitan los vecinos.
La pregunta es concreta: además de rechazar el proyecto, ¿qué alternativa presupuestaria pusieron sobre la mesa para que La Punta pueda avanzar?
No alcanza con advertir sobre posibles errores ni con enumerar dudas. La tarea legislativa exige estudiar, analizar, proponer modificaciones cuando sean necesarias y contribuir a que los recursos públicos se administren de la mejor manera posible.
El presupuesto no pertenece a un partido: pertenece a la ciudad
El Presupuesto 2027 proyecta recursos por aproximadamente $12.497 millones. Durante el debate se mencionaron iniciativas como un parque gastronómico, refugios para el transporte público, veredas en el centro comercial, una plaza azul y mejoras en el acceso a la ciudad.
También se discutieron las partidas destinadas a Obras Públicas, Servicios Públicos y Desarrollo Social, áreas que inciden directamente en la vida cotidiana de la población.
Cada peso presupuestado representa una decisión sobre las prioridades de La Punta. Por eso, las observaciones de los concejales deben ser rigurosas y las respuestas del Ejecutivo deben ser claras. Pero el compromiso con los vecinos no termina cuando se levanta la mano para votar en contra.
Si una partida necesita correcciones, corresponde plantearlas. Si una obra no está suficientemente explicada, corresponde exigir la información. Y si existen errores técnicos, corresponde buscar mecanismos para subsanarlos. La responsabilidad política consiste en convertir esas objeciones en soluciones, no en hacer del rechazo una identidad permanente.
La oposición también debe hacerse responsable de sus decisiones
Bastías, Roldán y Orozco tienen derecho a cuestionar al oficialismo. Nadie debería exigirles que acompañen automáticamente cada iniciativa municipal. Pero tampoco puede suponerse que toda propuesta del gobierno está mal por el simple hecho de provenir del gobierno.
Los vecinos no eligieron a sus representantes para que reproduzcan una disputa partidaria permanente. Los eligieron para que controlen, legislen y defiendan los intereses de la comunidad.
Cuando el debate se concentra exclusivamente en descalificar una herramienta de gestión, sin que las críticas se traduzcan en alternativas claras, aparece un riesgo: que la confrontación termine pesando más que las necesidades de la ciudad.
Eso no significa que aprobar un presupuesto garantice su correcta ejecución. Tampoco que el oficialismo tenga razón en cada una de sus decisiones. Significa que tanto quienes gobiernan como quienes se oponen deben demostrar con argumentos y resultados que están a la altura de la responsabilidad que asumieron.
La Punta necesita propuestas, no una oposición automática
El Presupuesto 2027 fue aprobado por mayoría. El resultado dejó una diferencia política evidente, pero el verdadero examen comienza con la ejecución de los recursos, el cumplimiento de las obras y la respuesta a las necesidades de los vecinos.
El oficialismo deberá demostrar que sus previsiones se traducen en mejoras concretas. La oposición, por su parte, tendrá que demostrar que sus objeciones sirven para corregir, controlar y mejorar la gestión, y no solamente para impedir que una iniciativa avance.
Porque oponerse también es una responsabilidad. Y esa responsabilidad no se cumple con un discurso crítico ni con un voto negativo por sí solo: se cumple con trabajo legislativo, propuestas viables y compromiso con la comunidad.
La Punta necesita concejales que estén a la altura de los problemas de la ciudad, sin importar el bloque al que pertenezcan. Cuando la disputa partidaria se convierte en el objetivo, los vecinos corren el riesgo de quedar en segundo plano. Y ese es un costo que la ciudad no debería tener que pagar.