Por Hector Acosta 
El concejal de La Libertad Avanza cuestionó el Presupuesto Municipal 2027 por presuntas inconsistencias técnicas. Sin embargo, su intervención abre una contradicción política difícil de ignorar: el año pasado presidía la Comisión de Hacienda y, según los antecedentes señalados, no se logró un despacho trabajado antes de que el presupuesto terminara aprobado de manera ficta.
En el Concejo Deliberante de La Punta, Fernando Orozco decidió ponerse el traje de auditor y enumerar supuestos errores técnicos del Presupuesto Municipal 2027. Habló de inconsistencias, cuestionó las partidas destinadas a obras y aseguró tener nueve hojas con observaciones. Una exposición que buscó instalar dudas sobre la planificación municipal.
El problema aparece cuando se mira hacia atrás.
Durante el período anterior, Orozco presidía la Comisión de Hacienda y contaba con Rocío Roldán como compañera de comision y de bloque opositor. Según los antecedentes planteados, tenían una posición desde la cual podían impulsar el análisis del presupuesto, promover reuniones, formular observaciones y trabajar para elaborar un despacho. Sin embargo, ese trabajo no se concretó y el presupuesto terminó aprobado de manera ficta.
Ahora, con otro presupuesto sobre la mesa, aparecen las observaciones técnicas, las objeciones y el cuestionamiento detallado. La pregunta es inevitable: ¿por qué el rigor que hoy reclama no se tradujo antes en un trabajo legislativo capaz de producir resultados?
La crítica también exige rendir cuentas
Orozco sostuvo durante la sesión que el proyecto presentaba errores que podían haberse corregido durante el trabajo en comisión. Precisamente ahí está el punto: las comisiones no son un decorado institucional ni un espacio para cumplir con el calendario. Son el ámbito donde se estudian los expedientes, se formulan modificaciones y se construyen dictámenes.
El reglamento del Concejo establece que la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Desarrollo Económico tiene entre sus funciones estudiar e informar sobre el presupuesto municipal. También contempla la posibilidad de producir dictámenes en disidencia cuando existen posiciones enfrentadas.
Por eso, cuando quien hoy cuestiona el trabajo presupuestario tuvo responsabilidades en esa misma comisión, el debate deja de ser exclusivamente técnico y se convierte también en una discusión sobre la responsabilidad política.
Porque detectar errores puede ser importante. Pero trabajar para corregirlos es parte de la función legislativa. Y presentar una lista de observaciones después de que el proyecto ya está en discusión no reemplaza el trabajo que debió hacerse oportunamente.
Las ausencias también forman parte del balance
A esta discusión se suma otro dato señalado en los antecedentes aportados para esta nota: Orozco habría registrado cerca de un 40 % de inasistencias a sesiones y reuniones de comisión durante el período anterior. Ese porcentaje requiere cotejo con las actas oficiales de asistencia para establecer su alcance exacto.
La cuestión, de todos modos, es institucional: la representación pública no se limita a intervenir cuando hay cámaras, micrófonos o un expediente capaz de generar una disputa política. También exige presencia, seguimiento de los temas, estudio de la documentación y continuidad en el trabajo cotidiano.
El reglamento del Concejo establece la obligación de asistir a las sesiones y formar parte de las comisiones internas.
La ironía es evidente: reclamar mayor profundidad técnica mientras se cuestiona el nivel de participación en el trabajo legislativo plantea una contradicción que merece explicaciones.
Nueve hojas de observaciones no borran un año de responsabilidades
Orozco afirmó que tenía nueve hojas con errores detectados en el presupuesto. Si existen inconsistencias, corresponde identificarlas, documentarlas y promover las correcciones necesarias. Ese es el control que los vecinos esperan de sus representantes.
Pero el control legislativo no puede funcionar como una auditoría selectiva que aparece únicamente cuando hay oportunidad de confrontar con el oficialismo. Debe ser permanente, metódico y, sobre todo, coherente con la propia trayectoria de quien lo ejerce.
La pregunta no es si un concejal opositor puede criticar un presupuesto. Por supuesto que puede y debe hacerlo cuando encuentra motivos. La pregunta es si esa crítica viene acompañada por el trabajo previo, la asistencia, el seguimiento de los expedientes y las propuestas necesarias para mejorar las decisiones públicas.
Porque para cuestionar un presupuesto no hace falta convertirse en economista de sesión. Hace falta estudiar, trabajar y demostrar con hechos qué se hizo para corregir aquello que hoy se señala.
La política no se mide por la cantidad de errores que un concejal dice encontrar, sino también por el trabajo que realizó para evitarlos. Y cuando las responsabilidades anteriores forman parte de la discusión, las explicaciones ya no pueden limitarse a nueve hojas de observaciones y ningun despacho en dicidencia.