Por Hector Acosta 
El concejal del PJ rechazó el Presupuesto Municipal 2027 y cuestionó su contenido durante la sesión del Concejo Deliberante de La Punta. Sin embargo, su actuación legislativa también plantea interrogantes sobre la calidad del debate, la responsabilidad institucional y la distancia entre las acusaciones públicas y las acciones concretas.
En el Concejo Deliberante de La Punta hay debates que exigen estudiar expedientes, analizar números y formular preguntas precisas. Y después están las intervenciones que parecen apostar más al volumen de la voz que a la profundidad de los argumentos.
Durante el tratamiento del Presupuesto Municipal 2027, Martín Bastías, concejal del Partido Justicialista, cuestionó las previsiones económicas del municipio y calificó el proyecto como una especie de «libreta de un almacén». También puso en duda la planificación de determinadas obras y criticó las respuestas brindadas por la Secretaría de Hacienda.
Sus objeciones forman parte del debate democrático. Pero una pregunta merece plantearse: ¿alcanza con levantar la voz, lanzar una frase contundente y votar en contra para demostrar que se está cumpliendo con la responsabilidad de representar a los vecinos?
La tarea de un concejal exige bastante más que una intervención ruidosa. Requiere estudiar, preguntar, escuchar, fundamentar y, cuando corresponde, presentar alternativas. Porque el Concejo no es un escenario para competir por quién deja la frase más filosa: es el lugar donde deben discutirse decisiones que afectan a toda la comunidad.
¿Más celular que Concejo?
El uso del teléfono celular durante las sesiones es otro aspecto que merece atención cuando se habla de responsabilidad legislativa.
Si las imágenes de la sesión muestran a Bastías concentrado en su dispositivo mientras se desarrolla el debate, la pregunta es legítima: ¿está siguiendo las intervenciones, revisando documentación o atendiendo cuestiones ajenas al tratamiento legislativo?
Una fotografía puede registrar un momento, pero no demuestra por sí sola una conducta permanente. Lo que sí corresponde exigir es que los representantes mantengan la atención y el compromiso que demanda la función pública.
Porque, si los vecinos eligieron a un concejal para que participe de las discusiones, resulta razonable esperar que su prioridad durante una sesión sea el trabajo legislativo. Las redes sociales pueden esperar unos minutos. Los expedientes, las preguntas y las decisiones públicas, no siempre.
Y si el teléfono se convierte en protagonista de una imagen mientras se debaten asuntos importantes para la ciudad, la explicación sobre qué estaba haciendo deja de ser un detalle menor.
Denunciar en público no es lo mismo que probar ante la Justicia
Bastías también ha sido señalado por realizar denuncias y afirmar públicamente que dispone de pruebas sobre determinadas situaciones. En ese terreno, la exigencia debe ser clara y aplicarse por igual a cualquier dirigente político: si existen elementos que acreditan posibles irregularidades, corresponde presentarlos ante los organismos competentes.
La denuncia pública puede generar repercusión, alimentar titulares y encender discusiones en las redes. Pero la responsabilidad institucional exige dar un paso más cuando se sostiene que hay pruebas de hechos que podrían constituir delitos.
Si hay pruebas, ¿se presentaron ante la Justicia? Si se presentaron, ¿qué actuaciones pueden acreditarse? Y si no se presentaron, ¿por qué?
Son preguntas periodísticas legítimas. No implican afirmar que las denuncias sean falsas ni que exista una obligación de revelar públicamente cada actuación judicial. Implican pedir precisión cuando un representante utiliza acusaciones graves como parte de su discurso político.
Porque una cosa es advertir sobre posibles irregularidades y otra es dejar que las sospechas circulen indefinidamente sin información verificable sobre sus fundamentos o sus consecuencias.
La transparencia también debe comenzar por quienes la reclaman.
El trabajo legislativo no se mide por los decibeles
Durante la discusión presupuestaria, Bastías cuestionó la falta de certezas en las respuestas de la Secretaría de Hacienda y criticó la previsión de recursos para el acceso a la Ruta Nacional 146. Su postura fue de rechazo y se sumó a la de Rocío Roldán y Fernando Orozco.
Sin embargo, el debate presupuestario no termina con la enumeración de objeciones. También exige explicar qué cambios se consideran necesarios, qué prioridades deberían modificarse y cómo se propone resolver los problemas detectados.
El control opositor es indispensable en una democracia. Precisamente por eso debe ser riguroso, consistente y documentado. Cuando se cuestiona la planificación de una gestión, la ciudadanía tiene derecho a conocer tanto los argumentos del oficialismo como las propuestas alternativas de quienes se oponen.
No alcanza con decir que algo está mal. Hay que explicar por qué, demostrarlo y trabajar para corregirlo.
La promesa de trabajar ad honorem y la pregunta por los ingresos
Otro asunto que merece una aclaración documental es la afirmación atribuida a Bastías de que trabajaría ad honorem.
Según los antecedentes aportados para esta nota, el concejal habría percibido ingresos desde el comienzo de su mandato. Si esa promesa fue realizada públicamente y existen registros de pagos posteriores, corresponde contrastar ambas cosas y solicitar una explicación.
La cuestión no es si un concejal tiene derecho a percibir una remuneración por su función. La cuestión es la coherencia entre lo que un representante anuncia y lo que efectivamente ocurre.
¿En qué términos formuló aquella promesa? ¿Renunció formalmente a percibir sus haberes o se trató de una declaración política? ¿Qué muestran las liquidaciones oficiales?
Sin documentación que permita responder esas preguntas, no corresponde presentar la supuesta contradicción como un hecho definitivamente probado. Pero tampoco hay motivos para evitar una consulta que puede aclarar un asunto de interés público.
La banca no es un micrófono: es una responsabilidad
La discusión sobre Bastías no debería reducirse a si habla mucho o poco, si levanta la voz o si una intervención resulta más o menos convincente. El punto central es qué hace con la responsabilidad que recibió de los vecinos.
La asistencia a las sesiones, el trabajo en comisión, el estudio de los expedientes, la presentación de propuestas y el seguimiento de las denuncias son aspectos concretos que permiten evaluar el desempeño de cualquier concejal.
Si existen registros de ausencias, deben publicarse. Si hay promesas verificables, corresponde contrastarlas con los hechos. Si se denuncian irregularidades, hay que preguntar por las pruebas y las actuaciones pertinentes. Y si una fotografía muestra al concejal usando el celular durante una sesión, debe presentarse con su contexto, sin convertir un instante en una condena general.
La crítica política puede ser contundente sin dejar de ser rigurosa.
Porque los vecinos no necesitan representantes que se limiten a indignarse frente a un micrófono. Necesitan concejales que estudien, trabajen, controlen y rindan cuentas.
La pregunta de fondo para Martín Bastías es sencilla: más allá de las críticas, las denuncias y las declaraciones públicas, ¿qué resultados concretos puede mostrar de su trabajo legislativo?
Una pregunta que no se responde levantando la voz. Se responde con hechos y en este caso faltan…..