Por Hector Acosta 
El gobernador Claudio Poggi evitó opinar sobre la actuación de la Justicia en la causa Molino Fénix, pero respondió políticamente a las acusaciones del PJ. Cuestionó con dureza a Alberto Rodríguez Saá, habló del vaciamiento del Estado previo a su gestión, explicó por qué sostiene que las responsabilidades recaen sobre quienes firmaron los expedientes y dejó, otra vez, la definición sobre su posible reelección para el año próximo.
La frase Claudio Poggi causa Molino Fénix volvió a instalarse este miércoles en la agenda política de San Luis, luego del contacto que el gobernador mantuvo con la prensa tras un acto en el barrio Estrella del Sur junto al intendente de la ciudad, Gastón Hissa.
Las preguntas llegaron rápido y fueron, prácticamente, las mismas que sobrevuelan desde hace semanas la política provincial: la causa judicial conocida como Molino Fénix, las críticas del Partido Justicialista y la eventual responsabilidad del exgobernador Alberto Rodríguez Saá.
Poggi eligió una estrategia conocida. Sobre la Justicia, silencio. Sobre la política, munición gruesa.
No opinó acerca de las decisiones judiciales ni del avance de la investigación, pero sí respondió cuando le plantearon las acusaciones de connivencia entre su gobierno y el Poder Judicial. Allí cambió el tono.
“Hipócrita la actitud de Alberto Rodríguez”, lanzó sin demasiadas vueltas.
Y a partir de esa definición reconstruyó el argumento que sostiene desde el inicio de su gestión: que durante los seis meses posteriores a la derrota electoral de junio de 2023 y antes del cambio de gobierno en diciembre se produjo un vaciamiento deliberado de las arcas provinciales.
Según el mandatario, ese período explica buena parte de las decisiones económicas que debió tomar al asumir.
Claudio Poggi causa Molino Fénix y el argumento del vaciamiento del Estado
Poggi insistió en que las denuncias impulsadas por su administración alcanzaron a funcionarios que habrían participado en maniobras fraudulentas durante el tramo final del gobierno anterior.
El gobernador volvió a ubicar el eje de la discusión en ese momento político, más que en el expediente judicial actual.
“Él, seis meses antes, después de haber perdido la elección, de junio a diciembre, ordenó vaciar el Estado”, afirmó ante los periodistas.
No es una declaración menor.
Porque detrás de esa acusación aparece nuevamente el relato político con el que Poggi explica incluso una de las medidas más incómodas de sus primeros días de gobierno: el pago desdoblado de salarios en diciembre de 2023.
Para el mandatario, aquella decisión no fue una elección administrativa sino una consecuencia directa del estado financiero en el que recibió la provincia.
“Era el mandato que teníamos: cuidar los fondos de San Luis y recuperar los fondos de San Luis”, sostuvo.
Y agregó que una parte de esos recursos ya fue recuperada, mientras que otra continúa siendo objeto de distintos procesos judiciales.
La discusión, entonces, deja de ser solamente económica y vuelve a convertirse en una disputa sobre responsabilidades políticas.
Porque en San Luis, como suele ocurrir en cada cambio de gobierno importante, el debate nunca termina en los números: siempre vuelve a las firmas, los expedientes y quién dio la orden.
“Firmaban los otros”: el remate que dejó Poggi sobre Rodríguez Saá
La pregunta era inevitable.
Si Poggi sostiene que Alberto Rodríguez Saá ordenó el vaciamiento del Estado, ¿por qué no existe una denuncia directa contra el exgobernador?
La respuesta fue breve, casi con tono de sobremesa política.
“Firmaban los otros. Los mandó a firmar a los otros. Qué pícaro”.
El comentario generó inmediatamente repercusión porque resume una idea que Poggi viene deslizando desde hace tiempo: la diferencia entre quien habría impartido una orden política y quienes dejaron su nombre estampado en los documentos administrativos.
No aportó nuevos elementos sobre expedientes ni causas específicas. Tampoco mencionó pruebas adicionales.
Se limitó a sostener que las responsabilidades judicializadas recaen sobre los funcionarios que firmaron las actuaciones denunciadas por su gobierno.
El remate, con ese “qué pícaro”, tuvo más peso político que jurídico.
Una frase diseñada para quedar en el titular antes que en el expediente.
Y probablemente esa haya sido exactamente la intención.
La reelección de Claudio Poggi seguirá esperando
Después de la causa Molino Fénix, llegó el otro clásico del calendario político puntano.
La reelección.
Cada aparición pública del gobernador termina, tarde o temprano, con la misma pregunta. Y cada respuesta tiene pequeños matices, aunque mantiene una misma conclusión: todavía no hay decisión.
En otras oportunidades Poggi había dicho que le “encantaría” continuar al frente de la provincia.
Esta vez eligió una formulación bastante más prudente.
“El año que viene vamos a decidir eso”, respondió.
Luego explicó que su prioridad continúa siendo la gestión y cuestionó la permanente anticipación de la discusión electoral.
Según planteó, los ciudadanos tienen preocupaciones mucho más inmediatas que las candidaturas de 2027.
En ese contexto volvió a mencionar la reforma electoral que impulsa su espacio político, basada en la idea de votar cada cuatro años y eliminar las elecciones legislativas de medio término.
Para Poggi, esa modificación permitiría evitar la denominada “fatiga del voto”.
Es decir, menos campañas, menos urnas y, según su visión, más tiempo para gobernar.
Una idea que, por supuesto, también tiene lectura política: mientras la oposición ya empieza a mover piezas para el próximo turno electoral, el oficialismo busca instalar que todavía falta demasiado para hablar de candidaturas.
Aunque en política argentina todos dicen que “falta mucho” mientras ya están contando las fichas.
Adolfo Rodríguez Saá y una respuesta de apenas dos palabras
Antes de retirarse, Poggi recibió una última consulta.
Esta vez no fue sobre Alberto, sino sobre Adolfo Rodríguez Saá, quien desde junio viene cuestionando públicamente distintas decisiones del gobierno provincial pese a haber sido uno de los antiguos aliados políticos del actual mandatario.
La respuesta fue tan escueta como calculada.
“Lo respeto”.
Nada más.
Sin ironías.
Sin contraataques.
Sin abrir otro capítulo de una interna que ya tiene suficientes protagonistas, historia acumulada y declaraciones cruzadas como para escribir varias temporadas.
Poggi cerró así el contacto con la prensa dejando dos definiciones claras y una incógnita abierta.
Primero, que seguirá defendiendo la tesis del vaciamiento del Estado como explicación política y económica de los primeros meses de su gobierno.
Segundo, que no se apartará del discurso de que las responsabilidades judiciales deben seguir su curso mientras él se limita a la discusión política.
Y tercero, que la reelección continuará guardada en el cajón de los temas “para el año que viene”.
En San Luis, la campaña todavía no empezó.
Al menos oficialmente.