Por Hector Acosta 
La jueza de Garantía N.º 4, Luciana Banó, desestimó el planteo de la defensa del exministro de Seguridad de San Luis y resolvió que la investigación continúe. La causa analiza presuntas irregularidades en convenios millonarios destinados a refaccionar dependencias policiales de La Toma, San Francisco del Monte de Oro y Cortaderas.
El exministro de Seguridad de San Luis Luciano Anastasi sufrió un nuevo revés judicial. La jueza de Garantía N.º 4, Luciana Banó, rechazó el pedido de sobreseimiento presentado por su defensa en una causa que investiga presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos durante su paso por el gabinete del exgobernador Alberto Rodríguez Saá.
Anastasi se encuentra investigado por los presuntos delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. El expediente busca determinar qué ocurrió con los recursos provinciales transferidos a distintos municipios para realizar refacciones en dependencias policiales.
La investigación comprende convenios firmados para ejecutar obras en La Toma, San Francisco del Monte de Oro y Cortaderas. Según la acusación, pese a las transferencias de importantes sumas de dinero, algunos trabajos quedaron incompletos y otros directamente no se habrían iniciado.
Millones de pesos destinados a obras que no se concretaron
Uno de los episodios investigados corresponde a un convenio firmado en agosto de 2022 entre Anastasi y el entonces intendente de La Toma, Ernesto Nader Ali.
El acuerdo establecía refacciones en la Comisaría de la Mujer, el destacamento de Bomberos y el área de Criminalística, por un monto superior a los 28 millones de pesos.
Sin embargo, aunque se realizaron transferencias por más de 20 millones de pesos, las inspecciones posteriores detectaron instalaciones deterioradas, materiales sin utilizar y sectores en los que no se habían registrado avances en los trabajos.
Una situación similar se investiga en San Francisco del Monte de Oro. Allí, Anastasi y el entonces intendente Jeremías Vivas firmaron contratos por más de 17 millones de pesos para realizar mejoras edilicias.
En ese caso, las verificaciones judiciales detectaron trabajos incompletos, deficiencias en las instalaciones eléctricas y otras irregularidades en las dependencias alcanzadas por los convenios.
El expediente también incluye un acuerdo firmado en 2023 entre el entonces ministro de Seguridad Claudio Latini y el exintendente de Cortaderas, Mario Canali, por casi 15 millones de pesos para refaccionar una subcomisaría.
Para la fiscalía, las transferencias de dinero realizadas no guardaban correspondencia con el grado de avance de las obras comprometidas.
La defensa de Anastasi pidió el sobreseimiento
Durante el proceso, la defensora oficial Cecilia Cabello solicitó el sobreseimiento del exministro al considerar que los hechos investigados no constituían delitos.
Entre sus argumentos, sostuvo que las contrataciones se habían realizado dentro del marco normativo del Fondo Rotatorio del Ministerio de Seguridad y que la ejecución de las obras era responsabilidad de los municipios.
Además, planteó que las rendiciones de cuentas habían sido aprobadas por los organismos provinciales de control y que Anastasi no tenía la obligación personal de inspeccionar cada uno de los trabajos.
Sin embargo, la fiscalía, encabezada por Linda Maluf, se opuso al planteo. Consideró que la existencia de documentación administrativa y la aprobación de las rendiciones no alcanzaban para demostrar que las obras efectivamente se hubieran ejecutado.
Por qué la jueza rechazó el pedido
Al analizar los planteos de las partes, la jueza Luciana Banó entendió que todavía no existían elementos suficientes para descartar la posible comisión de delitos y que, por lo tanto, correspondía permitir que la investigación siguiera adelante.
Uno de los puntos observados por la magistrada fue que, en los convenios correspondientes a La Toma, habían vencido los plazos previstos sin que constaran acciones destinadas a exigir el cumplimiento de las obras, pese a que Anastasi todavía se encontraba al frente del Ministerio de Seguridad.
También señaló que la aprobación administrativa de las rendiciones de cuentas no excluye automáticamente la posibilidad de una responsabilidad penal.
De esta manera, la magistrada rechazó el sobreseimiento y mantuvo a Anastasi vinculado a la investigación judicial.
La decisión no representa una declaración de culpabilidad ni determina que los delitos hayan sido cometidos. Simplemente establece que, con los elementos disponibles, no corresponde cerrar la causa y que deben continuar las medidas destinadas a esclarecer los hechos.
Inhibición de bienes para otros exfuncionarios
La resolución también dispuso la inhibición general de bienes por un plazo de 180 días para Ernesto Nader Ali, Jeremías Vivas, Claudio Latini y Mario Canali.
En el caso de Anastasi, la jueza no aplicó esa medida porque continuará vigente el embargo que pesa sobre un inmueble ubicado en la ciudad de San Luis.
Por otra parte, Banó rechazó las restricciones solicitadas por la fiscalía que buscaban establecer presentaciones periódicas de los imputados ante la Justicia y limitar sus posibilidades de salir de la provincia.
Una causa que pone bajo la lupa el manejo de fondos públicos
El expediente investiga la administración y los mecanismos de control de recursos provinciales destinados a mejorar instalaciones policiales durante la gestión del exgobernador Alberto Rodríguez Saá.
Uno de los aspectos centrales será establecer si existieron incumplimientos de las obligaciones de control y si las transferencias realizadas ocasionaron un perjuicio económico al Estado provincial.
Con el rechazo del pedido de sobreseimiento, Luciano Anastasi deberá continuar afrontando el proceso judicial mientras la investigación intenta determinar qué ocurrió con los millones de pesos asignados a obras que, según la acusación, no se ejecutaron de acuerdo con los convenios establecidos.
La responsabilidad penal de Anastasi y de los demás involucrados deberá resolverse en las instancias judiciales correspondientes, con pleno respeto por las garantías constitucionales y el derecho de defensa.