Por Hector Acosta 
Lucía Miranda, Daniel Orué y Ana Laura Ferrarotti presentaron un dictamen por minoría para rechazar la iniciativa del intendente Juan Álvarez Pinto. Sostienen que el Concejo ya rechazó una operación similar en octubre, cuestionan la legalidad de volver a debatirla y advierten que el Municipio pretende comprometer fondos de coparticipación para garantizar un descubierto bancario a tasa variable.
El endeudamiento municipal vuelve a tensar el escenario político de Villa de Merlo. Esta vez, el Ejecutivo busca autorización del Concejo Deliberante para acceder a un descubierto bancario de hasta 500 millones de pesos en el Banco Supervielle, pero tres concejales de la oposición plantearon que la iniciativa ni siquiera debería llegar a una nueva instancia de discusión.
Lucía Miranda, del Frente Justicialista; Daniel Orué, del Socialismo Merlino; y Ana Laura Ferrarotti, del Colectivo Comechingones, presentaron un dictamen por minoría en el que solicitan rechazar el proyecto impulsado por el Ejecutivo municipal, encabezado por Juan Álvarez Pinto.
El planteo no se limita a cuestionar la conveniencia económica de la operación. Los ediles sostienen que existen impedimentos reglamentarios y constitucionales que impedirían avanzar con la propuesta. En otras palabras, consideran que el problema comienza antes de discutir si el Municipio necesita o no financiamiento: para ellos, el procedimiento elegido tampoco sería legal.
Un proyecto que ya había sido rechazado
Uno de los principales argumentos del dictamen apunta al antecedente legislativo de octubre. En aquella oportunidad, el Concejo Deliberante rechazó una serie de iniciativas de financiamiento que incluían un descubierto bancario con el Banco Supervielle.
Para Miranda, Orué y Ferrarotti, el nuevo expediente vuelve sobre una operación que ya recibió el rechazo del cuerpo legislativo y, por lo tanto, no puede ser presentada nuevamente durante el mismo año parlamentario.
Los concejales invocan el artículo 80 del Reglamento Interno del Concejo Deliberante, que establece la prohibición de tratar proyectos que hayan sido desechados durante el mismo período legislativo, independientemente de su naturaleza.
Desde esa interpretación, el Ejecutivo no podría reabrir la discusión mediante la presentación de un nuevo expediente. El dictamen sostiene que hacerlo implicaría desconocer las reglas que ordenan el funcionamiento del propio Concejo.
La discusión, entonces, no pasa solamente por conseguir los votos necesarios para aprobar un descubierto de 500 millones de pesos. También está en juego si el cuerpo legislativo puede volver a tratar una iniciativa que, según la oposición, ya fue rechazada.
La objeción constitucional: deuda para pagar gastos corrientes
El segundo cuestionamiento tiene como referencia la Constitución de San Luis. Los tres concejales sostienen que el proyecto contradice el artículo 258, inciso 12, que establece restricciones al endeudamiento destinado a financiar gastos corrientes de la administración.
La objeción se relaciona directamente con el destino previsto para los fondos. Según el proyecto, el descubierto podría utilizarse para afrontar el pago de haberes municipales, proveedores y contratistas.
Para los autores del dictamen, esa finalidad resulta incompatible con las limitaciones constitucionales al uso del crédito público.
También cuestionan que la iniciativa mencione obras públicas entre los posibles destinos del dinero, pero sin identificar cuáles serían los trabajos a realizar ni las partidas presupuestarias que permitirían ejecutarlos.
La falta de precisiones sobre el destino de una operación de esta magnitud agrega otro interrogante a la discusión: ¿qué obligaciones concretas pretende cubrir el Municipio con esos 500 millones y cuánto costará financiarse para hacerlo?
La coparticipación municipal como garantía
Otro de los aspectos que genera preocupación entre los concejales opositores es la garantía prevista para la operación financiera.
El proyecto contempla un descubierto con tasa de interés variable y comprometería los ingresos municipales provenientes de la coparticipación para responder por las obligaciones asumidas.
Miranda, Orué y Ferrarotti advierten que esa condición implica comprometer recursos futuros de la ciudad para afrontar necesidades financieras actuales.
La cuestión no es menor. La coparticipación constituye una fuente de ingresos fundamental para el funcionamiento municipal. De ella dependen obligaciones habituales de la administración, entre ellas el pago de salarios y la prestación de servicios.
Por eso, los ediles cuestionan que se utilicen esos recursos como respaldo de una operación bancaria cuyo costo financiero, al estar sujeto a una tasa variable, podría modificarse durante su vigencia.
¿Por qué recurrir a un banco y no pedir un adelanto de coparticipación?
El dictamen también pone sobre la mesa una alternativa financiera: los adelantos de coparticipación.
Los tres concejales sostienen que el Municipio cuenta con esa herramienta para atender necesidades de liquidez y recuerdan que ya fue utilizada anteriormente.
La pregunta que plantean es concreta: si el objetivo es garantizar el cumplimiento de obligaciones inmediatas, particularmente el pago de salarios, ¿por qué recurrir a un descubierto bancario a tasa variable en lugar de gestionar un adelanto de coparticipación?
La diferencia no es solamente administrativa. Se trata de dos mecanismos de financiamiento con condiciones y consecuencias distintas para las cuentas municipales.
Un debate que va más allá de los 500 millones
La discusión vuelve a poner bajo la lupa la situación financiera de Villa de Merlo y las decisiones que adopta el Ejecutivo para afrontar sus compromisos económicos.
El nuevo pedido de autorización abre interrogantes sobre la planificación financiera municipal, el destino de los recursos y las herramientas elegidas para resolver las necesidades de caja.
Mientras el oficialismo busca avanzar con la autorización bancaria, los tres concejales opositores sostienen que el proyecto debe ser rechazado por razones reglamentarias, constitucionales y económicas.
El trasfondo es una discusión que excede el monto solicitado: si los recursos futuros de la ciudad deben quedar comprometidos para cubrir obligaciones actuales y bajo qué condiciones puede el Ejecutivo recurrir al endeudamiento.
Por ahora, la oposición dejó formalizada su postura a través de un dictamen por minoría. La discusión legislativa deberá determinar qué posición prevalece frente a una operación que vuelve a colocar las finanzas municipales en el centro de la agenda política de Merlo.