Por Hector Acosta 
La imputación contra el exministro Sergio Freixes marca uno de los expedientes judiciales más delicados de los últimos años en San Luis. La Fiscalía sostiene que existió una estructura organizada para administrar recursos públicos en beneficio privado, con movimientos irregulares que superarían el millón de dólares.
La Justicia provincial formalizó este lunes una de las acusaciones más pesadas de los últimos años contra un exfuncionario de peso del albertismo puntano. Sergio Freixes, exministro y hombre de máxima confianza de Alberto Rodríguez Saá durante años, fue imputado como presunto líder de una asociación ilícita en concurso ideal con administración fraudulenta.
La figura penal no es menor. El delito contempla penas de entre 8 y 15 años de prisión efectiva.
Freixes escuchó la imputación de manera virtual desde el Servicio Penitenciario Provincial, donde actualmente cumple otra condena de seis años. La audiencia se desarrolló ante la jueza Natalia Pereyra Cardini, quien conduce la investigación judicial.
Junto al exfuncionario también fueron imputados Miguel García Montañi, contador de El Relincho S.A.; Sofía Aguilera, señalada como secretaria y persona cercana a la familia Freixes; y el actual intendente de Fortuna, Fito Lucero.
La causa apunta a un presunto esquema de manejo irregular de fondos públicos vinculados al territorio ranquel, una estructura que, según la acusación fiscal, habría sido utilizada para desviar recursos estatales hacia fines particulares.
La investigación llevó más de dos años de recopilación documental, análisis contables y reconstrucción de movimientos financieros. El fiscal Maximiliano Bazla consideró que el volumen de pruebas reunidas ya justificaba avanzar hacia la formulación formal de cargos.
Durante la audiencia, el abogado de Fiscalía Flavio Avila fue contundente. Sostuvo que existen informes contables que detectaron “transferencias o gastos irregulares por más de un millón de dólares”.
La acusación coloca a Freixes en el centro de la maniobra.
Según Avila, el exministro contaba con facultades de administración otorgadas por el Gobierno provincial sobre el territorio ranquel y habría utilizado ese poder para disponer de fondos públicos con la participación del contador García Montañi.
La Fiscalía sostiene que no se trató de hechos aislados ni de simples irregularidades administrativas. El planteo judicial habla directamente de una organización estructurada y coordinada.
Ese punto cambia el peso político y judicial del expediente.
Porque la figura de asociación ilícita supone la existencia de roles definidos, continuidad en el tiempo y planificación para cometer delitos. No es una acusación frecuente en la política provincial y mucho menos vinculada a montos de semejante magnitud.
El avance judicial contra Freixes vuelve a colocar bajo tensión parte de la herencia política y administrativa del largo ciclo de Alberto Rodríguez Saá.
Freixes no era un funcionario menor. Fue uno de los dirigentes más cercanos al exgobernador y ocupó áreas sensibles dentro del esquema de poder provincial. Su nombre estuvo ligado durante años a decisiones estratégicas y estructuras de manejo territorial.
Por eso, la causa trasciende lo estrictamente judicial.
En los pasillos políticos de San Luis, el expediente empieza a ser leído como un símbolo de época. La propia Fiscalía trazó un paralelo con la investigación del Molino Fénix, otra causa de fuerte impacto institucional.
“Son causas testigo”, sostuvo Avila durante la audiencia, al referirse a presuntos mecanismos sistemáticos de utilización de recursos estatales como si fueran bienes particulares.
La definición no pasó inadvertida.
En un contexto donde la sociedad reclama mayor control sobre el uso de fondos públicos, el expediente podría convertirse en un punto de inflexión para futuras investigaciones vinculadas a la administración provincial de los últimos años.
Mientras Freixes participó desde la cárcel, el resto de los acusados se presentó de manera presencial ante la Justicia.
Viviana Moreira, esposa del exministro y también denunciada en la causa, no asistió debido a una internación en el Hospital Carrillo. La jueza autorizó su ausencia, aunque deberá responder ante la Justicia una vez que reciba el alta médica.
La investigación todavía se encuentra en etapa de avance procesal, pero el tono utilizado por la Fiscalía deja en claro que el Ministerio Público considera sólida la estructura probatoria reunida hasta el momento.
Ahora comenzará una etapa clave: el análisis judicial de las pruebas, las estrategias defensivas y la eventual profundización de responsabilidades.
Mientras tanto, el caso ya produce un fuerte impacto político en San Luis.
No solo por los nombres involucrados. También por lo que la causa expone: el posible funcionamiento de una trama de poder que, según la acusación, habría utilizado recursos estatales bajo lógicas privadas durante años.