Por Hector Acosta 
La recaudación federal sigue en baja y obliga al Gobierno provincial a reforzar la austeridad y el control del gasto
La economía no da tregua. Y ahora, los números lo confirman con crudeza. El Gobierno de San Luis reconoció una nueva caída en los recursos coparticipados. En abril, el descenso fue del 3,44% interanual en términos reales. Sin embargo, el dato no es aislado. Es parte de una tendencia que ya se volvió estructural.
Según informó la Dirección Provincial de Finanzas y Recursos, la baja en la coparticipación federal se mantiene desde 2025. Además, el acumulado hasta abril muestra un retroceso aún más fuerte: un 7,14% interanual en términos reales. Es decir, la provincia recibe menos fondos mientras la presión sobre el gasto sigue intacta.
Pero hay un dato que enciende aún más las alarmas. Las transferencias automáticas acumuladas en lo que va de 2026 están aproximadamente un 11% por debajo de los niveles considerados normales en la última década. En otras palabras, no se trata solo de una caída coyuntural. Se trata de un cambio de escenario.
Desde el área económica provincial, la advertencia es directa. La directora de Finanzas y Recursos, Eugenia Sosa Herrena, fue clara en declaraciones a la ANSL: “la tendencia descendente de la recaudación observada en 2024, 2025 y en el transcurso de 2026 impone la necesidad de sostener políticas de austeridad en el gasto y de fortalecer los mecanismos de control, a fin de preservar el equilibrio fiscal alcanzado”.
El mensaje no deja margen para interpretaciones. Menos ingresos, más ajuste. Y un Estado obligado a cuidar cada peso.
El fenómeno no golpea solo a San Luis. A nivel nacional, la caída de la recaudación de impuestos coparticipables impacta en todas las provincias. Abril marcó la cuarta baja consecutiva. En esta ocasión, la pérdida fue del 3,3%.
De acuerdo a un informe de la consultora Politikon Chaco, las transferencias automáticas a provincias y CABA totalizaron $5,58 billones. Sin embargo, el dato relevante es otro: los giros, que representaron el 91% del total, cayeron un 3,8% interanual en términos reales.
Detrás de esa caída hay factores concretos. El IVA bajó un 3,3%. Ganancias retrocedió un 2,5%. Además, los impuestos internos se desplomaron un 20,7%. Y los otros tributos coparticipados registraron una caída aún más fuerte: 42,3%.
Por si fuera poco, los recursos por Compensación del Consenso Fiscal tampoco ayudan. Alcanzaron los $269.434 millones, pero mostraron una caída real del 2,7%.
En este contexto, la discusión deja de ser técnica y pasa a ser política. Con menos recursos, las provincias tienen dos caminos: ajustar o endeudarse. Y no todos tienen margen para lo segundo.
Mientras tanto, el Gobierno nacional ensaya medidas de contención. A principios de abril, asistió con $400.000 millones a varias provincias, entre ellas Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. Fue un anticipo de coparticipación. Es decir, dinero que deberán devolver.
La medida evitó que esas provincias salieran al mercado a tomar deuda cara. Sin embargo, también evidencia la fragilidad del sistema.
Las proyecciones no son alentadoras en el corto plazo. La Comisión Federal de Impuestos estima que mayo también cerrará en baja. La recaudación sería un 5% menor, en términos reales, que la del mismo mes de 2025.
No obstante, en el Gobierno nacional apuestan a un cambio de tendencia en la segunda mitad del año. La expectativa es que baje la inflación. Y que, en consecuencia, se reactive el consumo y el crédito. Si eso ocurre, la recaudación podría repuntar.
Pero hasta que ese escenario se materialice, el presente es otro. Menos recursos. Más presión fiscal. Y un ajuste que, lejos de ser transitorio, empieza a consolidarse como política permanente.
En San Luis, el mensaje ya está claro. La austeridad no es una opción. Es una obligación.