Poggi promulgó la ley

El gobernador Claudio Poggi promulgó la ley que declara la necesidad de una reforma parcial de la Constitución de San Luis. La iniciativa modifica 23 artículos, incorpora otros 23 y prevé una Convención Constituyente elegida por voto popular en 2027.

El gobernador Claudio Poggi promulgó este viernes la ley que declara la necesidad de una reforma parcial de la Constitución de San Luis, luego de que el proyecto obtuviera la aprobación definitiva en la Cámara de Diputados. El acto se realizó en la réplica del Cabildo Histórico de la ciudad de La Punta, con la presencia de integrantes del gabinete provincial, legisladores y funcionarios del Poder Judicial.

La ceremonia tuvo un componente especialmente institucional: comenzó con la lectura completa de la ley, artículo por artículo, para dejar explicitados los alcances de la iniciativa. El propio Gobernador enumeró los cambios propuestos, que abarcan desde el funcionamiento de los poderes del Estado hasta la incorporación de nuevos derechos vinculados con la tecnología, la información, el agua y otros aspectos de la vida contemporánea.

En total, la reforma plantea modificar 23 artículos, incorporar otros 23 y sumar cuatro capítulos nuevos. Para discutir y definir cuáles de esas modificaciones finalmente serán incorporadas a la Carta Magna, se prevé la conformación de una Convención Constituyente.

Ese órgano estará integrado por 52 convencionales, distribuidos entre los distintos departamentos de la provincia con la misma proporción cuantitativa que tienen actualmente las cámaras legislativas. La elección de sus integrantes se realizará mediante el voto popular en las elecciones provinciales de 2027.

El proceso, por lo tanto, no termina con la promulgación de la ley. La norma abre ahora una instancia posterior en la que los representantes elegidos deberán analizar, debatir y determinar qué aspectos de la propuesta avanzan y cuáles quedan afuera.

El Ejecutivo y el límite a las reelecciones

Uno de los cambios centrales está relacionado con el Poder Ejecutivo. La propuesta establece un límite de dos períodos de gobierno para una misma persona, sean consecutivos o alternados. Una vez cumplidos esos dos mandatos, quedaría impedida de volver a ocupar la Gobernación.

Poggi explicó que su actual gestión, correspondiente al período 2023-2027, será considerada como el primer mandato a los efectos de esta disposición. De esta manera, para el actual Gobernador quedaría habilitado solamente un período adicional.

El proyecto también contempla la posibilidad de establecer una segunda vuelta electoral para gobernador y vicegobernador cuando en la primera instancia no se alcance el resultado requerido.

Son modificaciones que apuntan directamente a las reglas de acceso y permanencia en el Poder Ejecutivo y que, de concretarse, modificarían uno de los aspectos centrales de la competencia electoral provincial.

Más tiempo de sesiones y renovación legislativa completa

En el Poder Legislativo, la reforma propone extender el período de sesiones ordinarias. El calendario pasaría a comenzar el 15 de marzo y finalizar el 31 de diciembre.

También plantea modificar el sistema de renovación de diputados y senadores provinciales. En lugar del esquema actual de renovación parcial, la propuesta establece que ambas cámaras sean elegidas y renovadas en su totalidad cada cuatro años, coincidiendo con la elección del gobernador y vicegobernador.

El objetivo planteado en la iniciativa es avanzar hacia una modificación de la estructura institucional y de los mecanismos mediante los cuales se renuevan los representantes provinciales.

Cambios para el Poder Judicial

La reforma también alcanza al Poder Judicial. Uno de los ejes es otorgar mayor autonomía a distintas dependencias, con una separación institucional entre jueces, fiscales y defensores.

En ese marco, la propuesta contempla la autonomía de la Procuración General y la Defensoría General. También plantea modificar el mecanismo de selección de magistrados mediante concursos y órdenes de mérito elaborados por el Consejo de la Magistratura.

Las futuras designaciones deberían realizarse sobre la base de esos resultados, de acuerdo con el esquema propuesto por la iniciativa.

Se trata, así, de otro de los capítulos donde la reforma busca redefinir mecanismos institucionales y establecer nuevas reglas para la organización y selección dentro del sistema judicial.

Tecnología, inteligencia artificial y nuevos derechos

Uno de los componentes más vinculados con la actualización de la Constitución es la incorporación de derechos relacionados con la tecnología y la información.

La iniciativa propone incorporar la protección de los datos personales frente al uso de algoritmos y la inteligencia artificial, además del acceso de las personas a la información registrada sobre ellas mediante el hábeas data.

También incorpora el acceso a la información como una herramienta vinculada con la protección de la privacidad.

El planteo parte de una cuestión evidente dentro del propio texto de la reforma: la Constitución provincial mantiene vigencia desde 1987, en un escenario tecnológico completamente diferente al actual. La propuesta busca, de esta manera, incorporar derechos que no estaban contemplados al momento de su redacción.

El agua, con jerarquía constitucional

Otro de los puntos centrales es el agua. El recurso hídrico pasaría a tener jerarquía constitucional como derecho humano y recurso estratégico productivo de la provincia.

La administración quedaría a cargo de una entidad o de un funcionario técnico con idoneidad acreditada, designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado y con un mandato de cinco años.

La propuesta busca que esa conducción tenga una continuidad que trascienda los períodos de un gobernador de turno, vinculando la administración del recurso con una mirada de mayor permanencia institucional.

Durante el acto, Poggi destacó precisamente el alcance que, a su entender, tiene la reforma para el futuro de la provincia. “Estoy convencido que es una reforma muy positiva para San Luis”, sostuvo, al señalar que apunta a construir un Estado más eficiente al servicio del ciudadano y que también tendría impacto sobre la actividad privada mediante una mayor institucionalidad y seguridad jurídica.

El Gobernador vinculó esa seguridad jurídica con la posibilidad de atraer inversiones y con las oportunidades de empleo que, según planteó, pueden surgir detrás de ellas.

Poggi también dedicó parte de su discurso a reconocer a quienes participaron del proceso de elaboración y aprobación de la ley. Mencionó a los seis senadores y 30 diputados que votaron favorablemente, al vicegobernador Ricardo Endeiza, a funcionarios del Ejecutivo y a las instituciones que participaron en la definición de los puntos a revisar.

Entre los reconocimientos incluyó además al obispo Gabriel Barba, por su aporte sobre la relación entre tecnología y una mirada humana, y al especialista constitucional Cristian Altavilla, quien brindó asesoramiento durante el proceso.

La promulgación marca, así, el cierre de una etapa legislativa y el inicio de otra. La discusión constitucional tendrá ahora como próximo escenario a la Convención Constituyente, cuyos integrantes serán definidos por el voto popular en 2027. Allí estará la instancia en la que las propuestas deberán transformarse —o no— en modificaciones concretas de la Constitución provincial.