Por Hector Acosta 
La Cámara de Diputados aprobó por mayoría el Plan Maestro del Agua 2025-2035. El oficialismo lo defendió como una hoja de ruta a diez años, mientras la oposición cuestionó la falta de metas, obras concretas y mecanismos de control.
La Cámara de Diputados de San Luis dio este miércoles media sanción, por 24 votos contra 11, al proyecto de ley que aprueba el Plan Maestro del Agua 2025-2035, enviado por el gobernador Claudio Poggi. La iniciativa ahora deberá continuar su tratamiento en el Senado.
El debate expuso dos posiciones claramente diferenciadas. Desde el oficialismo defendieron el plan como una herramienta de planificación a largo plazo para administrar un recurso estratégico y acompañar el crecimiento poblacional y productivo de la provincia.
La oposición, en cambio, cuestionó que el texto no determine qué obras deberán ejecutarse, no establezca metas cuantificables ni incorpore mecanismos de control, y sostuvo que la iniciativa tiene más características de una declaración de voluntad que de una ley.
Plan Maestro del Agua: el oficialismo defendió una política a diez años
La primera exposición estuvo a cargo de la oficialista Eugenia Gallardo, quien sostuvo que el Plan Maestro “traza un rumbo hacia el futuro de la provincia de San Luis respecto de un recurso que se agota, un recurso fundamental y estratégico para el crecimiento y el desarrollo”.
Gallardo destacó que el objetivo es otorgar seguridad jurídica, previsibilidad, transparencia y continuidad a la política hídrica provincial, independientemente de los cambios de gobierno.
El documento fue elaborado con asistencia técnica del Consejo Federal de Inversiones (CFI). Según explicó la diputada, el proceso incluyó 65 encuentros territoriales, más de 200 entrevistas y talleres participativos con municipios, sectores productivos y organismos como SENASA, CONICET, la Universidad Nacional de San Luis y el INTA.
El diagnóstico analizó la disponibilidad de agua superficial y subterránea, las precipitaciones, el almacenamiento en los embalses y la demanda destinada al consumo humano y a las actividades productivas.
En ese punto, Gallardo señaló que aproximadamente el 20% del consumo corresponde al uso poblacional y el 80% a fines productivos, una relación que consideró especialmente relevante por las características áridas y semiáridas de San Luis.
La diputada también detalló parte de la infraestructura existente: 20 diques con una capacidad conjunta de 470 hectómetros cúbicos, 4.400 kilómetros de acueductos y 700 kilómetros de canales.
Entre las necesidades identificadas figuran el mantenimiento de esas redes, la incorporación de instrumentos para medir el ingreso y egreso de agua de los embalses y un mayor control sobre las perforaciones y los consumos.
El plan organiza sus acciones en cuatro grandes ejes: garantizar agua para las comunidades urbanas; promover un aprovechamiento sostenible de los recursos superficiales y subterráneos destinados a la producción; proteger las cuencas; y fortalecer la gestión hídrica.
Entre las medidas mencionadas aparecen la modernización de los sistemas de canales de los consorcios Quines-Candelaria y Renca-Santa Rosa, la actualización cada cinco años de los estudios sobre profundidad y capacidad de los embalses y la incorporación de nuevas herramientas de medición, entre ellas 11 estaciones pluviográficas.
Caymes cuestionó la falta de obras concretas
Desde la oposición, el presidente del bloque opositor, Lucas Caymes, reconoció la importancia de la política hídrica provincial, pero cuestionó que el nuevo Plan Maestro ponga el foco principalmente en el mantenimiento de la infraestructura existente y, según su interpretación, deje en segundo plano la planificación concreta de nuevas obras.
“Si tenemos en cuenta que un plan estratégico va a ser el camino que nos va a llevar a mediano y largo plazo, nosotros tenemos que cuantificar y saber cuáles son las obras que se van a llevar adelante”, sostuvo.
Caymes afirmó que la provincia ya cuenta con estudios sobre sus cuencas y aguas subterráneas, además de proyectos ejecutivos de obras que considera necesarias.
Entre ellas mencionó La Florida II, obra que aseguró fue abandonada por la actual gestión cuando llevaba un 85% de ejecución. También enumeró el proyectado dique de Quines y el Acueducto del Este, que, según afirmó, cuentan con proyectos ejecutivos.
“La pregunta es: ¿por qué no se llevan adelante y por qué no se terminan las obras?”, planteó.
El legislador vinculó además esa situación con la paralización de la obra pública nacional y cuestionó el acompañamiento político del Gobierno provincial a la administración de Javier Milei.
Para Caymes, resulta difícil plantear un Plan Maestro del Agua sin establecer cuáles serán las obras de envergadura que se ejecutarán y cómo serán financiadas.
Sosa Araujo: “Esto no es un proyecto de ley”
La diputada Silvia Sosa Araujo profundizó las críticas opositoras y puso inicialmente el foco en la participación del CFI.
Anticipó que su bloque presentará la próxima semana un pedido de informes para conocer cuánto se pagó por el Plan Maestro, cuánto dinero recibe el organismo y a quiénes beneficia, al tiempo que volvió a cuestionar que esos recursos, según su postura, se detraigan de fondos correspondientes a los municipios.
Sosa Araujo también comparó la iniciativa con el anterior Plan Maestro del Agua aprobado durante la primera gobernación de Poggi, en 2013.
Según sostuvo, aquella norma tenía un desarrollo legislativo mayor, con disposiciones vinculadas a la ejecución y seguimiento de las políticas. En cambio, consideró que el proyecto actual constituye una “degradación legislativa” y una “mera declaración de voluntad”.
Uno de los principales argumentos opositores fue la estructura del proyecto. Según Sosa Araujo, la iniciativa tiene solamente dos artículos, destinados a aprobar el plan incluido como anexo, más el artículo de forma.
“Si hubiese sido un proyecto de declaración, un beneplácito por haberla hecho, claramente lo hubiésemos apoyado. Esto no es un proyecto de ley”, afirmó.
La diputada cuestionó que el texto no establezca una autoridad de aplicación con atribuciones y límites definidos, indicadores verificables ni la obligación del Ejecutivo de informar periódicamente a la Legislatura sobre su cumplimiento.
También apuntó contra la redacción del anexo. “Todo el tiempo se usa la frase ‘se propone, se propone’. No podemos sancionar la propuesta. Tenemos que sancionar qué se va a hacer realmente”, manifestó.
Desde su perspectiva, aprobar el proyecto en esas condiciones implicaría otorgar al Ejecutivo “un cheque en blanco”.
La legisladora afirmó además que durante el trabajo en comisión detectaron aspectos que, a criterio de la oposición, serían contradictorios con el Código de Aguas provincial.
Entre los elementos que, según planteó, debería contener una ley de estas características enumeró disposiciones imperativas, una autoridad de aplicación, metas cuantitativas, indicadores verificables y una obligación expresa de rendir cuentas anualmente ante la Legislatura.
Pese a sus críticas, Sosa Araujo reconoció como “importante” el trabajo técnico realizado para elaborar el documento y sostuvo que la oposición podría haber acompañado una norma que estableciera de manera concreta las acciones a desarrollar.
Media sanción y próximo paso en el Senado
El debate terminó con una particular definición en el recinto. Luego de sus cuestionamientos, Sosa Araujo pidió terminar con las exposiciones y pasar directamente a la votación.
El oficialismo aceptó la moción y finalmente la Cámara de Diputados avanzó con el tratamiento.
El resultado fue de 24 votos a favor y 11 en contra, por lo que el proyecto que aprueba el Plan Maestro del Agua 2025-2035 obtuvo media sanción.
Ahora, la iniciativa pasará al Senado, donde continuará su tratamiento legislativo.