El Senado provincial convirtió en ley la adecuación del procedimiento penal juvenil a la normativa nacional. La reforma establece garantías especiales, mecanismos alternativos a la prisión y capacitación obligatoria para los operadores judiciales.

El Régimen Penal Juvenil en San Luis se convirtió en ley este martes, luego de que la Cámara de Senadores aprobara el proyecto impulsado por el gobernador Claudio Poggi para adecuar los procedimientos judiciales provinciales a la Ley Nacional 27.801, que redujo a 14 años la edad de imputabilidad penal.

La iniciativa modifica el Código Procesal Penal provincial y la Ley Orgánica de la Administración de Justicia, e incorpora un sistema especializado para el tratamiento de adolescentes en conflicto con la ley penal.

La nueva legislación contempla garantías procesales específicas, mecanismos alternativos a la privación de la libertad y medidas orientadas a establecer responsabilidades por los hechos cometidos, reparar el daño causado y promover la reintegración social.

Durante el tratamiento legislativo, el senador Martín Olivero explicó que el proyecto fue analizado por la Comisión de Asuntos Constitucionales y destacó que busca establecer un procedimiento especializado, con un enfoque socioeducativo y respeto por los derechos constitucionales y convencionales de los adolescentes.

Qué establece el nuevo Régimen Penal Juvenil en San Luis

Uno de los principales cambios de la legislación es la intervención de jueces con competencia penal juvenil en hechos cometidos por personas desde los 14 años y hasta antes de cumplir los 18.

El objetivo es establecer procedimientos específicos que contemplen la edad y el grado de desarrollo de los adolescentes, con garantías diferenciadas respecto del sistema penal de adultos.

Olivero señaló que la normativa se apoya en tres principios: especialidad, proporcionalidad y mínima intervención. En ese marco, la privación de la libertad queda establecida como una medida excepcional y de último recurso.

El senador también destacó la diferenciación entre el proceso penal y el sistema de protección integral de derechos, con el propósito de evitar que situaciones de vulnerabilidad social deriven automáticamente en respuestas punitivas.

Capacitación obligatoria para jueces, fiscales y defensores

Otro de los aspectos centrales de la ley es la preparación de los profesionales que deberán intervenir en los procesos judiciales.

La normativa exige especialización y capacitación obligatoria para jueces, fiscales y defensores, con el objetivo de garantizar un abordaje adecuado de las situaciones que involucren a adolescentes.

En ese sentido, Olivero remarcó la necesidad de contar con operadores judiciales preparados para aplicar los procedimientos específicos que establece el nuevo régimen.

Cámara Gesell y protección de las víctimas

La legislación incorpora disposiciones destinadas a proteger a niños, niñas y adolescentes durante las declaraciones judiciales.

Entre ellas, regula la utilización de la Cámara Gesell, con intervención de profesionales especializados para garantizar un abordaje acorde con la edad de las personas involucradas y evitar situaciones de revictimización.

También establece medidas especiales para víctimas mayores de edad que atraviesen situaciones de vulnerabilidad.

En estos casos, se prevé una evaluación técnica previa para determinar si resulta necesario implementar modalidades particulares de declaración cuando exista riesgo para su salud psicofísica.

Mediación, servicios comunitarios y reparación del daño

La nueva legislación incorpora distintas herramientas procesales que permiten abordar los conflictos penales juveniles mediante mecanismos alternativos.

Entre las figuras contempladas se encuentran:

  • Mediación penal juvenil.

  • Criterio de oportunidad.

  • Suspensión del proceso a prueba.

  • Juicio abreviado.

Además, establece medidas alternativas a la privación de la libertad, entre ellas amonestaciones, prestación de servicios a la comunidad, monitoreo electrónico y reparación integral del daño a la víctima.

Estas herramientas buscan incorporar respuestas que contemplen la responsabilidad por los hechos cometidos y la posibilidad de reparar sus consecuencias, sin recurrir necesariamente al encierro.

Dónde permanecerán los adolescentes privados de la libertad

Para los casos en los que resulte necesaria una medida privativa de la libertad, la ley establece condiciones específicas de alojamiento y supervisión.

Los adolescentes deberán permanecer en establecimientos especializados, separados de las personas adultas y bajo la supervisión de personal capacitado.

Además, las medidas deberán ser proporcionales, revisables y aplicarse durante el menor tiempo necesario.

La normativa también contempla la continuidad educativa y la reintegración social como aspectos que deberán garantizarse durante el cumplimiento de estas medidas.

Poggi y los poderes del Estado trabajaron en la adecuación del sistema

La sanción de la ley estuvo precedida por un proceso de trabajo que involucró a representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

En ese marco se realizó un plenario sobre el Régimen Procesal Penal Juvenil, organizado en cuatro paneles, en los que participaron funcionarios, legisladores, magistrados y representantes de los ministerios públicos.

Durante el encuentro se abordaron los procedimientos judiciales, la protección de los derechos de los adolescentes y las condiciones necesarias para implementar el nuevo sistema en San Luis.

En esa misma jornada, el gobernador Claudio Poggi firmó el proyecto de ley que posteriormente fue aprobado por el Senado, junto con otras medidas destinadas a adecuar la infraestructura de las Comisarías de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia (CANAF) y fortalecer los recursos necesarios para aplicar la normativa.

Una nueva etapa para la Justicia provincial

Con la aprobación del Senado, San Luis cuenta con un régimen procesal específico para intervenir en hechos penales que involucren a adolescentes desde los 14 años.

La nueva legislación incorpora procedimientos diferenciados, capacitación obligatoria para los operadores judiciales, mecanismos de protección para víctimas y herramientas alternativas a la privación de la libertad.

Sin embargo, la sanción legislativa representa una parte del proceso. La aplicación efectiva del sistema también dependerá de la disponibilidad de establecimientos especializados, equipos técnicos, personal capacitado y recursos para garantizar las medidas previstas.

La reforma plantea así una nueva etapa para la Justicia provincial, en la que el desafío será trasladar las disposiciones aprobadas a un funcionamiento concreto, con garantías tanto para las víctimas como para los adolescentes alcanzados por el régimen.

 

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