Por Hector Acosta 
La ficha limpia en San Luis volvió a instalarse en la agenda política tras la presentación de un proyecto de ley por parte del diputado provincial Carlos González D’Alessandro. La iniciativa apunta a impedir que personas con condenas judiciales accedan a cargos públicos, tanto electivos como en la función estatal.
El planteo del legislador es concreto: quienes tengan condena en primera y segunda instancia, es decir, sentencia firme, no deberían poder presentarse a elecciones ni desempeñarse como funcionarios en la provincia o en los municipios. La propuesta busca cerrar una puerta que, según su visión, sigue abierta en el sistema político.
“Un condenado no puede representar a la sociedad desde el Estado”, resumió D’Alessandro al explicar el espíritu del proyecto.
El diputado enmarcó la propuesta dentro de una construcción más amplia. Aseguró que el proyecto no surgió de manera individual, sino de un proceso participativo a través de su plataforma digital “Tecnodemocracia”, donde —según afirmó— se recogieron aportes ciudadanos.
Ese punto no es menor. En un escenario donde la dirigencia enfrenta un desgaste sostenido en la confianza pública, apelar a herramientas de participación digital funciona también como estrategia de legitimación.
Pero el proyecto no se queda en lo técnico. Hay una clara lectura política detrás. D’Alessandro planteó que la discusión sobre ficha limpia obliga a la dirigencia a posicionarse: “define de qué lado están los políticos”.
La discusión no es nueva en San Luis. En 2022, los entonces diputados radicales Víctor Sosa y Luis Lucero Guillet impulsaron una iniciativa similar, que proponía impedir candidaturas de personas con condenas judiciales en primera instancia con pena privativa de la libertad en suspenso.
Aquel proyecto no avanzó.
Ese antecedente marca un punto sensible: la dificultad de traducir este tipo de propuestas en leyes efectivas. No alcanza con instalar el tema. El verdadero desafío aparece en el recinto.
D’Alessandro vinculó su iniciativa con el debate nacional impulsado en los últimos años, especialmente desde sectores de La Libertad Avanza. Recordó que el proyecto de ficha limpia tuvo media sanción en Diputados, pero se frenó en el Senado en medio de acuerdos políticos cruzados.
“Fue una sesión bochornosa”, definió, en referencia a aquel episodio.
La mención no es casual. Busca trasladar a la escena provincial una discusión que ya tiene carga ideológica a nivel país. Y, al mismo tiempo, anticipa el tipo de tensiones que podría generar el tratamiento en San Luis.
El propio legislador planteó que la aprobación del proyecto dependerá del respaldo político. En ese sentido, dejó un mensaje directo al oficialismo: si realmente busca una reconstrucción en la política, debería acompañar la iniciativa.
También introdujo un elemento de urgencia. Según sostuvo, la ley debería sancionarse antes del próximo proceso electoral, para evitar que personas con condenas utilicen candidaturas como herramienta de protección política o judicial.
La advertencia no es menor. Apunta a una práctica que ha sido cuestionada en distintos niveles del sistema político argentino: el uso de los fueros como escudo.
D’Alessandro aseguró mantener diálogo tanto con el oficialismo como con la oposición, y describió su relación con ambos espacios como “buena”. Sin embargo, el tono del proyecto y su carga simbólica anticipan que el debate no será lineal.
La ficha limpia tiene una particularidad: es difícil oponerse en términos discursivos, pero complejo de aprobar en la práctica.
Ahí es donde se juega el verdadero test político.
Porque más allá de los argumentos, el eje de fondo sigue siendo el mismo: hasta dónde está dispuesta la dirigencia a avanzar en reglas que, eventualmente, también pueden limitarla.
La ficha limpia en San Luis vuelve así a escena. Con un proyecto concreto, antecedentes recientes y un clima político que obliga a definiciones.