Por Hector Acosta 
Los concejales aprobaron una resolución para exigir el llamado a elecciones tras la muerte de Ignacio Olagaray y remarcaron que Vallejo solo ejerce un interinato.
El escenario político en Potrero de los Funes entró este miércoles en una etapa de máxima tensión institucional. El Concejo Deliberante aprobó una resolución que intima a Cristina Vallejo, actualmente a cargo del Ejecutivo municipal de manera interina, a convocar elecciones en un plazo de cinco días.
La medida fue impulsada por los concejales Navila Bustos, David de la Reta y Soledad Ríos, representantes de Compromiso Federal y Potrero Activo, luego del vacío político generado por la muerte del intendente Ignacio Olagaray.
La resolución fue aprobada con el respaldo de dos tercios del cuerpo legislativo. La única voz en contra fue la de la concejal oficialista Micaela Díaz.
El conflicto gira alrededor de un punto central: definir el carácter institucional del rol que hoy ocupa Vallejo dentro del municipio.
Los concejales remarcaron que la funcionaria no asumió de manera definitiva como intendenta, sino que ejerce únicamente un interinato hasta que se convoque a elecciones.
Por ese motivo, el cuerpo deliberativo rechazó además la renuncia que Vallejo había presentado a su banca legislativa. Según explicaron, si esa dimisión prosperaba, se rompía el vínculo legal que le permite desempeñarse temporalmente al frente del Ejecutivo municipal.
“Queríamos dejar en claro eso y garantizar la institucionalidad, por un lado, y por otro lado la democracia”, sostuvo De la Reta.
La resolución fue presentada formalmente como una “rectificación aclaratoria” del acta de sesión número 9, correspondiente al momento en que Vallejo asumió transitoriamente la conducción municipal.
De acuerdo con los ediles, ese instrumento original dejaba zonas grises sobre dos aspectos fundamentales: los plazos para convocar elecciones y la verdadera naturaleza jurídica del cargo que hoy ejerce la funcionaria.
La discusión no es solamente política. También tiene un fuerte componente constitucional.
La Constitución de San Luis establece que, ante una acefalía definitiva del Ejecutivo municipal, debe convocarse a elecciones dentro de un plazo de 60 días.
En ese marco, el Concejo sostiene que la única salida legítima y democrática es permitir que los vecinos vuelvan a elegir a quien conducirá el municipio.
“Queremos que se respete la Constitución, que es lo que está pidiendo la población”, afirmaron los concejales.
La muerte de Olagaray dejó al municipio atravesando una transición institucional inesperada y delicada. Sin una planificación política previa, el Concejo Deliberante terminó ocupando un rol central para ordenar administrativamente la continuidad del Ejecutivo.
Sin embargo, la resolución aprobada este miércoles también abre un nuevo foco de incertidumbre política: qué ocurrirá si Vallejo decide no acatar la intimación dentro de los cinco días establecidos.
Aunque los concejales evitaron anticipar escenarios extremos, reconocieron que la posibilidad existe.
“No descartamos esa posibilidad, aunque lo más correcto sería acatar la resolución”, señalaron.
El Concejo notificó oficialmente al Ejecutivo municipal en el mismo momento en que la medida fue aprobada.
La situación deja a Potrero de los Funes frente a un escenario institucional sensible, donde el cumplimiento de los plazos constitucionales y la legitimidad política aparecen ahora en el centro del debate.
Mientras tanto, el municipio sigue funcionando bajo un esquema provisorio y con una tensión creciente entre oficialismo y oposición sobre cómo debe resolverse la sucesión tras la muerte de Olagaray.