Por Natalia Ciliento 
La prisión domiciliaria otorgada a Cristina Fernández de Kirchner no es solo una decisión judicial; es una postal de época. En el país de las grietas abiertas, la política se filtra hasta en la arquitectura de los fallos. Entre el recuerdo del atentado y la sombra del balcón, la expresidenta transita su condena desde casa.
La Argentina ha entrado en un terreno en el que las decisiones judiciales ya no solo son jurídicamente relevantes, sino que se convierten en gestos políticos de alto voltaje. La prisión domiciliaria concedida a Cristina Fernández de Kirchner por el Tribunal Oral Federal 2 es un claro ejemplo de esta dinámica. No se trata simplemente de un beneficio otorgado por edad o por razones humanitarias: se trata de una lectura del contexto, de una interpretación del riesgo, del simbolismo y de la continuidad discursiva de un país dividido.
Los jueces Gorini, Giménez Uriburu, Cisneros y Basso, con sus respectivos recorridos y antecedentes en la justicia federal, emitieron un fallo que busca balancear el cumplimiento efectivo de la condena con las garantías básicas que debe otorgar el Estado, incluso ante figuras que fueron cabeza del mismo. “El Estado no puede exponerla a situaciones de violencia intramuros”, señalan, invocando las Reglas Mandela y las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo hacen con énfasis en el atentado fallido del 2022, que aún permanece impune y al que se adjudica un riesgo latente.
La prisión se redefine. No hay barrotes ni traslados; hay departamentos en barrios porteños con custodia permanente, dispositivos electrónicos que no son tobillera pero actúan como tales, y reglas que apelan más al sentido común que a lo punitivo. Entre ellas, la de no perturbar la paz del vecindario. Una cláusula ambigua pero potente, si se considera el uso histórico del balcón por parte de Cristina como canal de comunicación con su militancia.
En este esquema de encierro parcial, se restringe el acceso al círculo íntimo: familiares, médicos, abogados y custodios. Los demás, deberán tener autorización judicial. Cada tres meses, la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal emitirá un informe que podría derivar en la revocación del beneficio si detecta incumplimientos.
El fallo, sin embargo, no está exento de señales políticas. Que se dicte horas antes de una convocatoria de apoyo a la expresidenta no es casual. Tampoco lo es que el tribunal rechace las acusaciones de la defensa sobre presuntos vínculos entre los atacantes del atentado y el Ministerio de Seguridad, pero al mismo tiempo admita que el hecho no está resuelto y representa un riesgo innegable.
Este episodio marca un antes y un después. La política argentina no es ajena a los gestos: una reja, un balcón, una pulsera, una lista de visitas. Todo se traduce, inevitablemente, en narrativa. Cristina, aún en prisión domiciliaria, continúa siendo una figura central del tablero político. Y desde su departamento en Constitución, vuelve a ser, una vez más, noticia nacional.