Por Natalia Ciliento 
Identidad Radical denuncia autocracia, falta de debate y sometimiento político en medio del apoyo a la reforma constitucional de Poggi.
La Unión Cívica Radical de San Luis atraviesa uno de esos momentos donde la política deja de ser prolija en los papeles y empieza a mostrar sus grietas en público. Lo que en la superficie aparece como una definición institucional —el respaldo a la reforma constitucional impulsada por el gobernador Claudio Poggi—, en el fondo revela una disputa más incómoda: quién decide, cómo se decide y para qué se ejerce el poder dentro del partido.
En ese marco, la conducción partidaria optó por una posición clara y sin matices. A través de un comunicado firmado por Juan Álvarez Pinto y José Picco, la UCR expresó su apoyo al proyecto de reforma, argumentando que responde a las demandas actuales y que apunta a modernizar el funcionamiento del Estado provincial. Según plantean, las normas deben aggiornarse al ritmo de los nuevos tiempos y, en ese sentido, la iniciativa no sería solo una modificación técnica, sino un nuevo pacto de convivencia para los sanluiseños.
El documento pone especial énfasis en algunos puntos centrales. Por ejemplo, la modificación del artículo 147, que establece la prohibición absoluta de reelección del gobernador luego de dos mandatos, sean consecutivos o alternados. A esto se suma la incorporación de una cláusula de autolimitación que fija al período 2023-2027 como el primer mandato del actual jefe del Ejecutivo, algo que la conducción interpreta como un gesto concreto de fortalecimiento institucional y de garantía de alternancia.
Pero el respaldo no se agota ahí. También se subraya la necesidad de avanzar en el fortalecimiento del Poder Judicial, con propuestas como la independencia del Ministerio Público y la reforma del Consejo de la Magistratura. En este último caso, se introduce el orden de mérito y el carácter vinculante frente al Poder Ejecutivo, lo que —según el comunicado— implicaría una limitación real a las facultades del gobernador y un avance hacia una mayor autonomía judicial.
Además, el radicalismo oficial incorpora en su análisis la importancia de abrir el debate hacia nuevas agendas, como el desarrollo tecnológico y la inteligencia artificial, entendiendo que la reforma también debe contemplar los desafíos del futuro. En la misma línea, se destaca la inclusión del balotaje como mecanismo para fortalecer la representatividad y legitimidad de los cargos electivos en un contexto político cada vez más fragmentado.
Sin embargo, mientras la conducción construye este relato institucional, puertas adentro del partido la lectura es otra. Mucho más crítica. Mucho más incómoda.
Identidad Radical irrumpió con un comunicado que no deja lugar a interpretaciones suaves. Allí plantean que lo que está en juego no es una reforma, sino la “entrega de la soberanía política” del partido. La definición no es casual: apunta directamente a cuestionar el modo en que se están tomando las decisiones y, sobre todo, quiénes las están tomando.
El espacio sostiene que la UCR está siendo despojada de los valores éticos y morales que históricamente la definieron. En ese sentido, denuncian la instalación de una lógica autocrática, donde el poder se concentra en un grupo reducido de dirigentes que, a su vez, delegan las decisiones en una sola persona. Una figura que, según remarcan, no estaría sujeta a controles efectivos ni a límites institucionales claros.
Desde esta perspectiva, la crítica no se limita a una diferencia de opinión. Es estructural. Plantean que no existe democracia interna, que no hay debate político real y que los afiliados han sido corridos de la discusión de los temas de relevancia social. En otras palabras, describen un partido que, lejos de deliberar, ejecuta decisiones previamente definidas.
El punto más álgido del conflicto aparece cuando se pone en foco la declaración pública del presidente del partido, quien afirmó que la UCR adhiere a la reforma constitucional. Para Identidad Radical, esa definición fue personal e inconsulta, ya que no pasó por los órganos internos que garantizan la participación y el debate político. Y en un partido con más de 130 años de historia, ese procedimiento no es un detalle menor: es el corazón de su identidad.
Frente a este escenario, el espacio disidente no solo marca distancia, sino que también fija posición. Aclara que no forma parte de lo que considera una maniobra que destruye la historia del radicalismo y, al mismo tiempo, propone una salida política: no rechaza la necesidad de una reforma constitucional, pero exige que se discuta en serio. Que se convoque al Ejecutivo partidario, a los convencionales y que se abra un debate amplio, real y participativo.
“La democracia no se proclama, se ejerce”, sintetizan. Una frase que funciona más como advertencia que como consigna.
A partir de ahí, la crítica escala hacia un plano más político. Identidad Radical sostiene que la UCR no está co-gobernando, sino que se encuentra en una posición de subordinación frente al Ejecutivo provincial. Según su mirada, esa actitud responde a la necesidad de conservar un puñado de cargos que, lejos de fortalecer al partido, terminan garantizando su sometimiento político.
En paralelo, el espacio intenta construir una alternativa. Convoca a los radicales que se alejaron del partido a volver y plantea una estructura basada en la horizontalidad, sin liderazgos verticales y con referentes en lugar de jefaturas. La apuesta, aseguran, es recuperar la ética, los principios y la identidad que dieron origen al radicalismo.
En ese contexto, dejan una definición que atraviesa toda la discusión: la vocación de poder no aparece de un día para el otro, se construye. Y esa construcción —sugieren— puede hacerse desde los valores o desde la resignación.
Hoy, la UCR de San Luis parece moverse en esa tensión. Entre el discurso institucional de modernización y una interna que denuncia pérdida de autonomía. Entre la lógica del acuerdo y la sospecha de sometimiento.
Y en ese cruce, más que una reforma, lo que está en debate es el futuro político del radicalismo.