Por Hector Acosta 
El interbloque opositor presentó una ordenanza para garantizar el acceso irrestricto a los balances públicos y sancionar a quienes obstaculicen la rendición de cuentas.
Con el objetivo de garantizar el acceso efectivo a la información contable del Municipio, los concejales Daniel Orue, Ana Laura Ferrarotti, Gastón Fonseca y Virginia Morales, del interbloque opositor del Concejo Deliberante de Villa de Merlo, presentaron un proyecto de ordenanza que busca poner fin a años de incumplimientos y barreras al control institucional.
Desde 2009, la Ordenanza 1174-HCD establece la obligatoriedad de presentar balances trimestrales detallados. La norma exige documentación respaldatoria como comprobantes, conciliaciones bancarias, recibos de sueldos y extractos certificados. Sin embargo, según los concejales, esta exigencia rara vez se cumple de forma íntegra.
“El acceso a la información llega tarde, incompleto o directamente no llega. Y cuando intentamos revisar los documentos, se nos impide ingresar con asesores técnicos o sacar copias. Así no hay control posible”, denunciaron en un comunicado difundido esta semana.
El nuevo proyecto de ordenanza busca revertir estas trabas con un marco claro, actualizado y con sanciones. Propone establecer días y horarios fijos para la revisión de la documentación contable, habilitar la participación sin restricciones de asesores técnicos y permitir tomar copias o fotografías para su análisis posterior.
Además, uno de los puntos más destacados es la incorporación de sanciones severas a los funcionarios que obstaculicen el derecho a la rendición de cuentas: desde apercibimientos públicos y suspensiones sin goce de haberes, hasta la inhabilitación para ocupar cargos públicos.
Una deuda de transparencia
El diagnóstico de los concejales es contundente: existe una brecha entre la normativa vigente y la práctica real del Ejecutivo municipal. La Ordenanza 1174-HCD no solo establece plazos claros para la presentación de balances, sino que también faculta al Concejo a aplicar medidas de apremio e informar al Tribunal de Cuentas cuando hay incumplimientos.
“Lo que está fallando no es la norma, sino la voluntad política de cumplirla”, remarcaron los ediles. La falta de acceso efectivo a la documentación debilita la democracia local y deja a los vecinos sin herramientas para conocer en qué se gasta el dinero público.
Un cambio estructural
Entre las innovaciones del nuevo proyecto, también se incluye una cláusula que prohíbe que familiares directos de funcionarios municipales integren comisiones de control, evitando así conflictos de intereses.
“Queremos un sistema que funcione, con reglas claras y consecuencias para quienes las violen”, expresaron los concejales. “La transparencia no es un favor: es una obligación legal, ética y democrática”.
El contexto social y político
La iniciativa se presenta en un contexto de creciente malestar social por la falta de claridad en la gestión de los fondos públicos. Para la franja etaria de 16 a 38 años, hiperconectada e informada, la demanda de gobiernos más transparentes ya no es una expectativa: es una exigencia básica.
Este proyecto interpela directamente a esa ciudadanía activa que busca respuestas, datos y participación real en los asuntos públicos. El debate que se abre será clave para definir si el Municipio de Villa de Merlo avanza hacia una gestión más abierta o continúa con prácticas opacas.