Por Hector Acosta 
El oficialismo sostiene que la licencia se prorrogó automáticamente, mientras la oposición denuncia irregularidades y plantea un “vacío institucional” de 43 días. Licencia del intendente en debate: oficialismo y oposición confrontan por la validez de los plazos y el procedimiento en el Concejo de Merlo.
La sesión extraordinaria realizada este miércoles en el Concejo Deliberante de Villa de Merlo estuvo marcada por fuertes cruces entre oficialismo y oposición en torno a la licencia del intendente electo Juan Álvarez Pinto y la validez de los procedimientos adoptados por el cuerpo legislativo.
Las concejalas opositoras Ana Laura Ferrarotti y Lucía Miranda sostuvieron que los plazos otorgados para la licencia del jefe comunal se encuentran vencidos desde el 23 de diciembre. De acuerdo con su interpretación, desde esa fecha se habrían acumulado 43 días sin una definición formal, lo que calificaron como un “vacío institucional”.
En contraposición, el bloque oficialista afirmó que existe un “error de interpretación” por parte de la oposición. Según su postura, la licencia aprobada el 23 de diciembre se prorrogaba automáticamente, aun cuando esa condición no figure expresamente detallada en el texto del pedido ni en su aprobación. En este marco, recordaron que la situación ya fue llevada a la Justicia por parte de la oposición, que denunció tanto al intendente electo como al interino.
Proyecto de resolución y pedido de disculpas públicas
Durante la sesión, la bancada oficialista presentó un proyecto de resolución que generó nuevas tensiones. La iniciativa, impulsada por la concejala María José Álvarez —hermana del actual ministro de Turismo y Cultura, Juan Álvarez Pinto— establece que en un plazo de 72 horas los ediles denunciantes (Ferrarotti, Miranda y Daniel Orué) deberán ofrecer disculpas públicas por considerar que sus declaraciones alteraron el orden público y pusieron en riesgo la tranquilidad y la paz social.
El texto aprobado señala que, en caso de negativa, silencio u omisión una vez vencido el plazo, la conducta será considerada dolosa y se formulará la correspondiente denuncia penal a través de la Presidencia del cuerpo.
Asimismo, la iniciativa contempla que Juan Álvarez Pinto no deba volver a solicitar licencia ante el Concejo mientras continúe en funciones al frente del ministerio a su cargo.
Con mayoría oficialista, el proyecto fue aprobado pese a las objeciones planteadas por la oposición y en medio de un clima de tensión dentro del recinto.
Designación de autoridades
Previamente, en la sesión preparatoria —realizada sin la presencia de la oposición, que se retiró de sus bancas— se aprobó la continuidad de Leonardo Rodríguez como presidente del Concejo Deliberante, Patricia Morandé como vicepresidenta primera y María José Álvarez como vicepresidenta segunda.
Por razones particulares, los concejales Daniel Orué y Mauricio Lamas no participaron de las sesiones Preparatoria y Extraordinaria.
Impugnación formal a la convocatoria
En paralelo, las concejalas Lucía Miranda y Ana Laura Ferrarotti, junto al concejal Daniel Orué, presentaron una impugnación formal a la convocatoria de la sesión del Concejo Deliberante.
Según lo expresado en el planteo, la citación no habría cumplido con los requisitos establecidos en el Reglamento Interno. Entre los puntos observados, indicaron que no se respetó el plazo reglamentario de 48 horas, que no se consignó de manera clara el horario de la sesión y que la notificación fue deficiente.
Para los firmantes, estas situaciones afectarían la validez del acto administrativo y el normal funcionamiento del cuerpo legislativo. En ese sentido, señalaron que el cumplimiento de los procedimientos es una garantía de legalidad y transparencia en la toma de decisiones.
Falta de documentación y acceso a la información
Otro de los ejes de la impugnación está vinculado con la información disponible para el tratamiento de los temas incluidos en el orden del día. De acuerdo con la presentación, no se adjuntaron expedientes ni documentación respaldatoria, particularmente en relación con la solicitud de tratamiento vinculada a una nueva licencia del intendente electo, elevada por el intendente interino Leonardo Rodríguez.
La oposición sostiene que la ausencia de documentación limita la posibilidad de analizar y debatir los asuntos en tratamiento, afectando el ejercicio pleno de la función legislativa.
Cuestionamientos a la sesión preparatoria
Además, los ediles objetaron la convocatoria a una sesión preparatoria, señalando que, según el Reglamento Interno, este tipo de sesiones deben ser convocadas por el propio Concejo y no por el Departamento Ejecutivo. También remarcaron que las sesiones preparatorias y extraordinarias no pueden asimilarse ni mezclarse, dado que el reglamento las define como instancias diferenciadas.
En este contexto, plantearon que la convocatoria realizada por el intendente interino —cuya legitimidad también es cuestionada por la oposición— podría implicar una interferencia en las atribuciones del Poder Legislativo.
Un escenario institucional en discusión
La situación se desarrolla en un contexto institucional que ambas partes reconocen como sensible. Desde la oposición indicaron que su impugnación busca resguardar el interés de los vecinos y garantizar el cumplimiento de la Constitución Provincial, las leyes y las ordenanzas municipales.
En consecuencia, solicitaron que la convocatoria cuestionada sea dejada sin efecto y propusieron la realización de una nueva sesión extraordinaria debidamente notificada, con especificación clara de los asuntos a tratar y la documentación correspondiente. La fecha sugerida es el viernes 6 de febrero a las 10 horas.
Mientras tanto, el debate continúa abierto. La discusión no solo gira en torno a la interpretación de una licencia, sino también al alcance de los procedimientos reglamentarios y al equilibrio institucional entre el Ejecutivo y el Legislativo en Villa de Merlo.